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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
Josefina responde a los preguntones
Por Alejandro Hope
24 de mayo, 2012
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Publiqué ayer una entrada comentando las respuestas de Enrique Peña Nieto a las preguntas planteadas por un grupo de personalidades en un desplegado hace algo más de un mes. Hice lo mismo con  las respuestas de Gabriel Quadri y ahora toca el turno a Josefina Vázquez Mota.

Las respuestas de la candidata panista son, con mucho,  más largas y detalladas que las de sus rivales. Como comentarista, agradezco los detalles, pero lamento el rollo y las reiteraciones excesivas. Van aquí mis comentarios puntuales, en los temas que tocan a este blog:

Pregunta: ¿Estaría de acuerdo en mantener el ejército haciendo tareas de seguridad pública mientras no haya policías capaces de cumplir adecuadamente esta función?

Respuesta JVM:

Sí estoy de acuerdo en mantener a las fuerzas armadas haciendo tareas de seguridad pública de forma temporal y subsidiaria, es decir, en tanto no existan corporaciones civiles de seguridad pública capaces y eficaces para enfrentar los fenómenos delincuenciales y, en general, mientras no resolvamos de fondo la debilidad institucional que aún prevalece a nivel estatal y municipal. Así lo autoriza la Constitución y las leyes federales, y así lo impone el sentido del deber.

El Estado Mexicano no cuenta hoy en día con un instrumento civil lo suficientemente fuerte para combatir y contener a las bandas criminales. El poder y la capacidad de fuego de estas organizaciones han hecho necesario que el Estado mexicano recurra a nuestras fuerzas armadas para generar condiciones de seguridad pública.

Las corporaciones policiacas, sobre todo a nivel estatal y municipal, han estado y aún están afectadas por la corrupción e incluso con infiltraciones criminales. La lucha del ejército y la armada ha permitido dar espacio para la depuración y profesionalización de los cuerpos policiales y, sin duda, ha hecho posible que el Estado recupere el control en muchos territorios que habían quedado ya en manos de la criminalidad, sobre todo del crimen organizado.

Mi posición es clara y firme: donde ya logramos crear cuerpos policiales confiables, con las capacidades para enfrentar el crimen organizado, habrá que retirar el ejército y a la armada a sus cuarteles, desplegarlas en territorios que no cuenten con las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de las familias, o bien, encomendarle la tarea de fungir como fuerzas de apoyo a las corporaciones civiles en operaciones y circunstancias específicas que así lo ameriten.

En contraste, en otros lugares donde todavía no se cuenta con cuerpos policiales profesionalizados, habrá que mantener a las fuerzas armadas haciendo tareas de seguridad pública hasta que tengamos la certeza de que no existe el riesgo de facilitar de nuevo la acción de los criminales. En esos lugares, retirar a las fuerzas armadas a sus cuarteles significaría claudicar en nuestra lucha. Me comprometo a apretar el paso en esta tarea para que lo antes posible las fuerzas armadas puedan reservarse a la custodia de la seguridad nacional.

Estoy convencida que el retorno de las fuerzas armadas a sus cuarteles no es el criterio para medir la idoneidad de la estrategia de seguridad. Su participación en estas tareas debe ser vista como un medio para alcanzar un fin socialmente valioso: nuestra tranquilidad.

Por ello, debemos reconocer que la principal tarea que habrá de enfrentar el próximo gobierno es generar un aparato público lo suficientemente eficaz para reducir de manera significativa la incidencia delictiva, particularmente de los cuatro delitos que más agravian a la sociedad: el robo, la extorsión, el secuestro y el homicidio. Para lograrlo, se requiere continuar con el esfuerzo de contención y de reconstrucción del tejido social e institucional que hasta este momento ha realizado el gobierno del Presidente Felipe Calderón. Pero, además, se hace impostergable profundizar en el frente social: en la atención a las causas sociales de la delincuencia y en la prevención de la criminalidad.

Se requiere, en suma, de una política de Estado desde la cual se asignen responsabilidades claras y medibles a todos los ámbitos y niveles de gobierno; se intensifique la participación y el escrutinio ciudadanos; se asignen recursos suficientes en función de metas verificadas; y se fortalezcan las acciones de prevención, así como el sentido cívico de respeto a la ley.

Y la tarea de contención debe hacerse, sin duda, con una corporación civil, con una Policía Nacional militarizada, profesional, confiable, dotada de servicios potentes de inteligencia y bien equipada. Una Policía Nacional que cuente con al menos 150 mil efectivos para el 2018, que sea capaz de suplir a aquellas policías locales que no pueden enfrentar al crimen y restablecer la paz en cualquier espacio de nuestro país.

Comentario: Vázquez Mota casi se atreve a decir lo correcto, pero recula a final de cuentas. Habla de una intervención “temporal y subsidiaria” de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y menciona la necesidad de asignar “responsabilidades claras y medibles a todos los ámbitos y niveles de gobierno, pero no da el salto de poner fecha de culminación a los operativos. Como los demás candidatos, condiciona el fin de la intervención federal a que “resolvamos de fondo la debilidad institucional que aún prevalece a nivel estatal y municipal”. No hay un reconocimiento del efecto perverso que puede tener la presencia de personal federal sobre los esfuerzos estatales y municipales de fortalecimiento institucional (de nuevo, ¿por qué se tomarían la molestia los gobernadores y alcaldes de mejorar sus capacidades cuando está allí el gobierno federal para resolverles el problema?).

Sobre la Policía Nacional, no entiendo como llegaron al número de elementos. Podría ser notoriamente insuficiente o palmariamente excesivo, dependiendo de las funciones que se le quieran asignar. Sería interesante saber que cálculos hay detrás de esa propuesta. De cualquier manera, construir una policía de 150,000 elementos requeriría un esfuerzo excepcional, tanto presupuestal como de reclutamiento. La Policía Federal (PF), con 35,000 elementos, tiene un presupuesto de 27,000 millones de pesos.  A mismos costos, la policía que propone la candidata del PAN necesitaría un presupuesto superior a 100 mil millones de pesos, una cifra similar al presupuesto agregado de SEDENA, SEMAR, SSP, PGR y CISEN. Y reclutar a tanto policía (sin deterioro de calidad) no es cosa fácil: actualmente , la PF acepta a uno de cada siete candidatos. Contratar a 115 mil más exigiría encontrar a 805 mil candidatos: dicho de otro modo, uno de cada 62 mexicanos en edad de trabajar tendría que tener ganas de ser integrante de la Policía Nacional.

También sobre el tema: ¿por qué quiere la candidata una policía militarizada? Algunas de las mejores policías del mundo no son militarizadas (la Policía Nacional francesa, el CNP español, la Policía Montada de  Canadá). De hecho, la disciplina militar puede no encajar bien con algunas de las virtudes requeridas por las policías modernas (creatividad, imaginacion, flexibilidad, etc.). No entiendo porque la propuesta no es simplemente ampliar el tamaño de la Policía Federal: bien que mal, con todos los matices y todos los bemoles, es la mejor policía que ha existido en la historia de este país y su crecimiento reciente es un logro que nadie le regatea a la actual administración ¿Por qué no pronunciarse por continuar con ese proyecto?

Pregunta: ¿Estaría de acuerdo en crear una policía nacional que sustituya gradualmente a las policías estatales y a las municipales?

El Federalismo mexicano establece claramente que los estados y municipios cuentan con facultades y responsabilidades en el ámbito de seguridad, y mi propuesta va encaminada a fortalecer este pacto Federalista, pero sin poner en riesgo a la ciudadanía.

Mi propuesta es crear una policía nacional compuesta por más de 150 mil efectivos que tenga como función actuar como garante de la seguridad en cuatro tipos de situaciones concretas:

a) Cuando algún estado o municipio no garantice condiciones mínimas de seguridad a sus habitantes o se enfrente a una circunstancia de hecho, en particular de incidencia delictiva, que no pueda ser atendida eficazmente con el estado de fuerza local;

b) Para el resguardo de vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas;

c) Para la prevención, investigación y persecución de los delitos que correspondan a la jurisdicción federal; y

d) En el caso de los municipios de menos de 10,000 habitantes.

El esquema de subrogación para los municipios con menor fortaleza institucional responde a que en ese ámbito muchas policías locales no tienen la capacidad de brindar confianza y la protección a la ciudadanía. La gran mayoría de los cuerpos policiales municipales (90%) dispone de menos de 100 elementos e incluso cerca de 400 de los casi 2.500 municipios no cuentan con cuerpo de seguridad pública propio. Además, muchos de los integrantes de las fuerzas policiales municipales (más de 60 por ciento) reciben salarios muy bajos (de menos de 4 mil pesos mensuales). Frente a semejantes vulnerabilidades, es preciso transformar el modelo de organización policial, con el fin de que el Estado mexicano pueda garantizar la seguridad pública en todo el país.

Mi posición es que además de la policía nacional, transitemos hacia 32 corporaciones estatales sólidas, profesionales, bajo el mando único de cada gobernador. Para construirlo, instrumentaré un modelo con reglas e incentivos claramente definidos. Por ejemplo, que la planeación presupuestal pueda realizarse desde el Congreso de la Unión y que los mandos regionales sean nombrados por el Presidente de la República, a propuesta de los gobernadores, como sucede en el Distrito Federal.

Necesitamos avanzar hacia la construcción de un modelo policial moderno, eficiente, profesional y transparente, que responda a las necesidades actuales y represente un proyecto de desarrollo profesional para los integrantes de los cuerpos policiales, capaz de mantenerlos alejados de la corrupción y el abuso de poder.

Sobre las funciones de la Policía Nacional propuesta, no tengo problemas con los puntos b) y c). Yo hice una propuesta similar al punto d) hace algunos meses, pero con dos variantes: 1) la subrogación de la policía en municipios pequeños se podría hacer con la PF o con la policía estatal (para no sobrextender a los federales) y 2) respetar a las policías comunitarias en zonas indígenas que funcionan razonablemente bien. En general, no es una mala idea (algo similar sucede en España o Canadá). Lo que si me preocupa es el punto a): garantizar una intervención federal “cuando algún estado o municipio no garantice condiciones mínimas de seguridad o se enfrente a una circunstancia de hecho que no pueda ser atendida eficazmente con el estado de fuerza local” crea un riesgo moral espantoso. Al saber que los federales van a venir al rescate si el entorno de seguridad se deteriora, ni los gobernadores ni los alcaldes van a hacer nada para resolver la situación. Las intevenciones federales se multiplicarían y se harían semi-permanentes. Las emergencias que obligasen a una acción federal tendrían que definirse en términos much más restrictivos y deberían de estar atadas a que el gobierno del estado o del municipio correspondiente asuma la responsabilidad presupuestal de un operativo de rescate.

Ya les he comentado mis dudas sobre el mando único estatal. No las repetiré aquí, pero si vale la pena señalar que la idea de que los gobernadores le cedan al Presidente la designación de “mandos regionales” es radicalmente intransitable. Si esa va a ser la regla, más vale crear una sola Policía Nacional que se encargue de todo: sería mucho más fácil de procesar en el Congreso y habría menos confusión sobre quien recaen las responsabilidades.

Pregunta: ¿Qué en concreto haría realmente distinto de lo que se hace hoy?

Respuesta JVM:

Impulsaré una nueva etapa en la lucha por la seguridad. En esta nueva etapa se requiere actuar en los siguientes frentes simultáneamente:

I. Participación ciudadana: condición para consolidar la paz y la seguridad. La inseguridad reina cuando los ciudadanos están inhibidos, atemorizados o cuando algunas comunidades terminan corrompidas por los delincuentes. Esta situación se agrava cuando los policías han sido cooptados por los criminales. Por lo tanto no basta aumentar y reformar las instituciones policiales. Se requiere promover una política nacional de participación ciudadana en la seguridad y pacificación del país. La participación ciudadana es el componente principal en la consolidación de la paz y la tranquilidad de las comunidades. Son los ciudadanos organizados quienes junto a los policías pueden identificar y actuar de forma temprana contra potenciales actividades delictivas. En razón de lo anterior, propondré la inclusión de ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública a fin de que puedan revisar la eficacia y pertinencia de las resoluciones adoptadas y estimular la cooperación ciudadana con los órganos de seguridad.

II. Pacto nacional para la pacificación de México. Somos un país democrático, con tres órdenes de gobierno, con tres poderes independientes, distintas corrientes políticas, numerosas instituciones federales y locales encargadas de la seguridad y una gran diversidad de organizaciones de la sociedad civil. Para poder usar al máximo todas las capacidades de esta compleja y diversa estructura de poderes es indispensable un pacto nacional que tenga como tarea fundamental la pacificación del país y, en particular, la reducción significativa de la violencia. El pacto debe proponer que gobierno y sociedad actúen con sentido de emergencia nacional y acelerar todos los acuerdos sobre políticas, leyes, uso de recursos y movilización social que sean indispensables para devolverle la seguridad a los mexicanos y la imagen de país pacífico a México.

III. Una policía nacional que cuide a los ciudadanos. La seguridad de los ciudadanos no puede esperar a que se resuelvan las dificultades que enfrentan los Estados y municipios en sus policías locales. La ruta más rápida para atender la crisis de seguridad es fortalecer la fuerza policial del Estado nacional. Contar con 150,000 policías nacionales permitiría reducir la violencia, apoyar a las entidades federativas que están en situación crítica, recuperar territorios que están dominados por los criminales y contar con fuerza para relevos y reservas.

IV. Capacitación policial y formación de policías. Fundaré tres grandes academias nacionales de capacitación policial. Estas academias deberán tener las ubicaciones geográficas idóneas para que puedan dar soporte a las entidades federativas en la reconstrucción de sus policías y para que el reclutamiento y formación de nuevos elementos se estandarice a nivel nacional. Igualmente la fundación de estas academias supondrá la participación en éstas de las universidades de mayor prestigio y de los académicos más calificados del país.

V. Una parte central de la agenda de seguridad y justicia será la relación de los cuerpos policiales con los ciudadanos. La relación estrecha y armónica entre ciudadanos y policías es el principal anticuerpo contra el crimen, es la base para el control territorial y la fuente fundamental de inteligencia para prevenir delitos. Necesitamos contar con policías que sepan relacionarse y ganarse la confianza de los ciudadanos, lo que implicará nuevos métodos y materias en su formación, entrenamiento para proximidad social y controles de confianza, entre otros.

VI. Lavado de Dinero. Haré de la lucha contra el lavado de dinero un instrumento central del combate a la delincuencia. La acción de las instituciones que combaten el lavado de dinero debe enfocarse en los bienes utilizados para la comisión de delitos. Fortaleceré las rutinas de investigación de las cuentas bancarias de los delincuentes y de quienes los apoyan.

Realizaré investigaciones exhaustivas a negocios, particularmente los intensivos en uso de efectivo, para evitar que sean utilizados para lavar dinero. Esto será posible mediante la introducción de la Cédula de Identidad Nacional, que se ligará al sistema Bancario y al Registro Público de la Propiedad para poder seguir la ruta del dinero de los delincuentes. Promoveré la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero, hoy pendiente en el Congreso de la Unión, y mejoraré el diseño institucional y capacidades de la Unidad de Investigación contra el Lavado de Dinero. Impulsaré mecanismos para agilizar la extinción de dominio para que los criminales y quienes los ayudan pierdan los bienes que han adquirido como producto del crimen.

VII. Un nuevo sistema penitenciario. En razón de nuestro arreglo federal, la facultad de garantizar la extinción de las penas está asociada a la jurisdicción penal que corresponde a la Federación y a las entidades federativas. Sin embargo, este arreglo ha obviado el hecho de que las entidades federativas tienen distintas capacidades institucionales para el cumplimiento de esta responsabilidad. En varias entidades federativas, los centros penitenciarios no garantizan la seguridad de los reos, el respeto a los derechos humanos y mucho menos la reinserción social del sentenciado. Peor aún, desde estos centros penitenciarios se realizan delitos, como el de extorsión. Además, dada sus condiciones de funcionamiento y la profunda penetración de la corrupción, sobre todo del crimen organizado, estos centros representan inminentes y constantes riesgos de fuga. Para atender este reclamo social de cárceles efectivamente seguras, propondré una reforma constitucional para facultar a la Federación para tomar el control total, de forma subsidiaria y temporal, de centros penitenciarios locales, a través de la policía nacional o incluso con las fuerzas armadas y hasta restablecer la condiciones necesarias de seguridad.

VIII. Transformación del sistema de justicia. Éste tiene que modernizarse y consolidarse para que no exista impunidad y se dé una solución de justicia a los criminales. Se necesitan mejores ministerios públicos, mejores peritos y cuerpos de investigación forense. Impulsaré la existencia de una policía investigadora ministerial. Crearé la figura del Fiscal Anticorrupción para perseguir las conductas ilegales de funcionarios públicos cometidas en ejercicio de sus responsabilidades, así como de particulares en su relación con éstos, y demos certeza a los ciudadanos de que ningún funcionario público es cómplice y recibe dinero o favores de los criminales. Para reforzar la actividad de los jueces, también con estricto respeto a su autonomía, fortaleceremos las atribuciones disciplinarias del Consejo de la Judicatura Federal, así como los procesos de formación, profesionalización y certificación de los jueces de control, de oralidad y de ejecución de sentencias. Impulsaré la creación, por ley, del Centro de Control de Confianza de la Judicatura Federal.

IX. Mayores instrumentos jurídicos. Promoveré ante el Congreso la instauración de la cadena perpetua a políticos, funcionarios, oficiales y policías que por acción u omisión hubieren ayudado a las organizaciones criminales, y se hayan beneficiado de ello.

También voy a seguir insistiendo que se retire definitivamente el fuero a los políticos para que no exista impunidad y todos los mexicanos tengamos que responder de igual forma ante la ley. Además, propondré una iniciativa para que el Senado de la República pueda destituir a un gobernador que no cumpla con su responsabilidad de cuidar la seguridad de los ciudadanos y sus familias. Propondré reformas a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública para introducir consecuencias al incumplimiento de acuerdos o metas acordadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, sobre todo en relación con la depuración y profesionalización policial.

X. Políticas sociales especiales para la pacificación. Una manera efectiva de que niños y jóvenes no caigan en adicciones, sea reclutados por bandas criminales o estén a merced de sicarios, es con más y mejores oportunidades educativas, de salud y laborales. Sin embargo, en una entidad o municipio, que ha padecido o padece una crisis de seguridad, se generan distorsiones sociales que muchas veces no pueden ser atendidas construyendo escuelas o clínicas como si se tratara de una situación normal. Las poblaciones fronterizas, por ejemplo, requieren una amplia red de protección social para los grupos en situación vulnerabilidad por las circunstancias socioeconómicas y los hechos demográficos de la frontera, entre ellos los emigrantes, jóvenes involucrados en pandillas, personas con adicciones, mujeres trabajadoras y madres solteras. Lo fundamental es que la planeación y ejecución de la intervención social, que es un factor fundamental para garantizar la integralidad de la estrategia de seguridad, se realice de acuerdo a las circunstancias específicas de cada comunidad.

En este tenor, debemos hacer especial énfasis en la necesidad de romper los ciclos de la violencia. En ausencia de un entramado comunitario y una red de protección social, desde la familia hasta las políticas sociales, fecundan en algunas comunidades ―anti-modelos‖ de vida asociados a la actividad delictiva, al desprecio por la ley y el orden y al poco o nulo aprecio individual y colectivo por valores humanos. Necesitamos insistir, y sobre todo diseñar políticas públicas, para que cada persona tenga al alcance una segunda oportunidad, una vez que ha pagado las consecuencias de sus actos y esté dispuesto a reintegrarse con sentido de bien a la convivencia.

Para ello propongo varias medidas de carácter social. En primer lugar, fortaleceré los programas de atención a las víctimas para atenuar los efectos, psicológicos y morales, de la violencia sobre ellas, a fin de buscar las mejores herramientas para que puedan superar el trauma recibido.

También atenderé a quienes hoy constituyen las víctimas invisibles de la violencia: las familias de aquéllos que han delinquido.

Propondré un programa especial de atención a la educación y salud de los familiares de aquéllos que han sido señalados como delincuentes para verificar que no sigan el mismo camino; para que la violencia deje de perpetuarse en el entorno de quien decidió apartarse de la ley. Es hora, incluso, de explorar medidas como el cambio voluntario de identidad personal y la reubicación de personas o familias, para romper precisamente el estigma social que esas víctimas silenciosas pueden llegar a sufrir.

XI. Más y mejor educación: No hay mejor política de prevención de la criminalidad que la educación. Es imprescindible que nuestros jóvenes permanezcan en las aulas y no en las calles. Con este fin, haré efectiva, incluso antes del plazo establecido, la enmienda Constitucional que hace obligatoria la Educación Media Superior a través de la creación de los espacios necesarios para que ningún joven se quede fuera del sistema educativo por la falta de oportunidades. Duplicaré el número de becas a jóvenes en Educación Media Superior y Superior. Además, implementaré la cuenta bancaria escolar: una cuenta de ahorro individualizada que capitalizará una transferencia en efectivo y el ahorro que voluntariamente aporten las propias familias, para garantizar que los jóvenes puedan continuar sus estudios universitarios.

Las cuotas que los padres pagan en los centros escolares, sin transparencia y rendición de cuentas, deben eliminarse. Pero, como mera declaración de intenciones, de poco sirve. Las escuelas tienen necesidades urgentes e impostergables: desde mantenimiento básico hasta mejora. Por eso propongo que cada centro escolar tenga asignado un presupuesto básico, acompañado de incentivos económicos asociados a los resultados de las evaluaciones practicadas a los estudiantes y maestros, en cuya aplicación y vigilancia participen los padres de familia.

XII. Recuperación de espacios públicos. El temor a la violencia nos empuja a construir una ciudadanía del miedo y a alejarnos de los espacios públicos. Esto es inaceptable. La violencia y nuestro temor a sufrirla destruyen nuestras libertades ciudadanas y merman el sentido de comunidad. Con el fin de reconstituir el tejido social y fortalecer la cohesión, recuperaremos en seis años 10,000 espacios públicos en zonas urbanas de mayor marginación e índices delictivos con parques, canchas deportivas, zonas de juegos infantiles y talleres comunitarios.

XIII. Más inteligencia, y menos violencia. Modernizaré integralmente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional para ponerlo a la altura de las mejores instituciones de inteligencia del mundo. Lo haré a través de la adquisición de la tecnología más avanzada para la investigación y la inteligencia, el fortalecimiento de la formación del personal del Centro a través de intercambios internacionales continuos, y la inclusión y apertura a la sociedad civil y la academia para albergar a los mejores especialistas.

Modernizaré a las Fuerzas Armadas mediante la actualización de la doctrina militar para aprovechar la experiencia de nuestros soldados y marinos en la lucha contra los grupos de la delincuencia organizada, el fortalecimiento de las secciones de Inteligencia militar y naval, y la modernización del equipo de las Fuerzas Armadas. No sólo con la adquisición de material para el Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada, sino también con un renovado impulso a la industria militar nacional, en especial en la generación de tecnologías aplicadas, la producción de vehículos, embarcaciones, aeronaves ligeras y otros materiales que tengan vinculación con la planta productiva nacional, lo cual favorecerá la innovación tecnológica y la generación de empleos para nuestros jóvenes ingenieros y técnicos.

XIV. Colaboración estratégica con el Gobierno de los Estados Unidos y con nuestros vecinos del sur: Solicitaré al Gobierno de Estados Unidos una colaboración estrecha en materia de inteligencia y un compromiso formal para controlar el tráfico de armas y dinero en efectivo provenientes de ese país. Con Guatemala y Belice, y otros gobiernos de Centro y Sudamérica buscaré la cooperación para el diseño e implementación de un programa transfronterizo que logre facilitar el flujo legal de personas y bienes, y controlar su flujo ilegal.

Como lo he reiterado en diversas ocasiones, no voy a pactar ni daré tregua en la lucha contra el crimen organizado.

Comentario:

Esto está tan largo que más vale comentar punto por punto:

I. Es puro rollo. Sí, la participación ciudadana es muy importante, pero lo que está planteado no quiere decir nada.

II. Me parece muy bien que se ubique a la reducción de violencia como prioridad, pero la idea de un “pacto nacional” me da algo de erisipela ¿En que se distinguiría ese pacto del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008? ¿Por qué ahora si los firmantes cumplirían sus compromisos? Quisiera equivocarme, pero tengo la creciente sospecha que el modelo de pactos y periodicazos está más que agotado.

III. Sobre la Policía Nacional, ver arriba.

IV. No tengo problema con la creación de nuevas academias de policías. Creo que es un cuello de botella importante y que bueno que se quiera atender. Pero valga la aclaración de que no es algo distinto a lo que ya se hace (allí está la academia de la Policía Federal en San Luis Potosí y la recién creada academia en Puebla).

V. Puro rollo. Mejor digan que quieren un modelo de policía comunitaria o de proximidad. Se entendería mejor.

VI. Aquí entramos a los terrenos de la fantasía. Está muy bien que se apruebe la Ley contra el Lavado de Dinero y se distribuya una cédula de identidad ciudadana y se fortalezcan las unidades de inteligencia financiera, pero de ningún modo se puede considerar todo eso “un instrumento central del combate a la delincuencia”. Sé que en este punto soy minoría de uno (o casi), pero lo voy a decir de cualquier modo: el combate al lavado de dinero no es ni debe ser prioridad. La explicación corta es que ningún país en ningún momento incauta más que un porcentaje minúsculo de los activos ilícitos que circulan en el sistema: no hay razón para suponer que en México sería distinto. La explicación larga está aquí.

VII. No es mala idea tener un mecanismo de intervención acotada en los reclusorios estatales, pero los límites tienen que ser muy, pero muy estrechos: de otra forma, regresamos al problema de riesgo moral de los gobernadores (¿por qué limpiarían sus prisiones si saben que el gobierno federal le va a a entrar al final del día?)

VIII. Casi nada de esto es nuevo o distinto. Ya existe una “policía investigadora ministerial”: es la AFI (o lo que quede de ella). Ya existe un “Fiscal Anticorrupción”: hay en la PGR una “Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia” (a ver quien quiere poner eso en siglas). Y que bien que quieran pasar por control de confianza a los jueces federales, pero, salvo que planeen extenderlo a lo jueces del fuero común, esa medida no tendría ningún efecto sobre 95% de los expedientes.

IX. Lo de la cadena perpetua es populismo penal. Incrementar las penas a una conducta no sirve de gran cosa si no aumenta la probabilidad de sanción. Lo de retirar el fuero está bien, pero yo suponía que el Senado ya había aprobado una ley en ese sentido. Remover a un gobernador ya es posible: basta con una declaración de desaparición de poderes en los términos del artículo 76 de la Constitución.

X, XI y XII. Están bien los dos puntos sobre prevención social del delito, pero no hay nada muy novedoso se aplica lo que comentaba ayer sobre Peña Nieto. No todo el gasto social ayuda a reducir los índices delictivos y vale mejor empezar con evaluaciones sistemáticas. Me pareció creativo incluir programas dirigidos a familias de delincuentes: a primera vista, parecería una manera bastante costo-efectiva de prevenir la reproducción del delito.

XIII. Modernizar al CISEN contribuiría poco o nada a reducir la violencia criminal. Sus tareas fundamentales están en otros temas, más vinculados a seguridad nacional. Además ya es el servicio de inteligencia civil mejor financiado de América Latina. Lo que menciona como objetivos ya se hizo, en muy buena parte, durante este sexenio. Está bien lo de las Fuerzas Armadas, pero no entendí porque la candidata incluyó aquí el tema de la industria militar: queda bastante fuera de lugar.

XIV. Nada nuevo bajo el sol. Ya existe una colaboración estrecha con Estados Unidos en materia de inteligencia y ya hay un compromiso formal de su parte de frenar el tráfico de armas y dinero (que sea más o menos incumplible ese compromiso es otro boleto). Sobre la cooperación con países latinoamericanos y del Caribe sobre flujos lícitos e ilícitos, hay varias decenas de instrumentos de ese género, ninguno muy útil.

Pregunta: ¿Estaría de acuerdo en crear una secretaría de las fuerzas armadas bajo un mando civil, y una secretaría de Estado que se ocupe de todas las fuerzas civiles y tareas de seguridad sin funciones políticas?

Respuesta JVM:

Mi propuesta es transformar la Secretaría de Gobernación en una Secretaría del Interior que se encargue de coordinar todas las tareas, fuerzas y recursos con los que cuenta el gobierno federal para mantener y preservar la seguridad interna. Esto incluye agrupar en ella el mando de coordinación de las fuerzas policiales federales y de las fuerzas armadas.

Sin embargo, esta Secretaría no sustituye a las de Defensa y Marina que son las que tienen la función de preservar y mantener la soberanía del país. Crear una Secretaría única de las fuerzas armadas bajo un mando civil es, desde luego, un punto a debate. Estaría dispuesta a considerarlo a partir de comprender la relación cada vez más compleja e institucional que deben tener nuestras fuerzas armadas con todas las fuerzas políticas y, en particular, a partir de la comprensión de las responsabilidades en materia de seguridad pública que se han ido depositando en nuestras fuerzas armadas. No ignoro  que hoy, la mayoría de los sistemas políticos democráticos de nuestro continente y del mundo siguen este régimen. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier modificación en esta materia debe contar con la participación decidida de los integrantes de las Fuerzas Armadas, a fin de preservar la identidad institucional, la misión constitucional y los derechos nuestros soldados y marinos.

Comentario: me gustó la respuesta sobre la designación de un civil al frente de una secretaría de las Fuerzas Armadas. Reconoció lo anómala que es la situación en México, abrió la posibilidad de una discusión seria sobre el tema y reconoció la necesidad de ir de la mano con los militares esn este tema. Sin embargo, hubiera preferido ver un poco más de osadía: hubiese sido interesante que propusiera un mecanismo formal para revisar el asunto (¿una comisión civil-militar que emitiera recomendaciones?)

Sobre la Secretaría del Interior, no entendí que planea hacer ¿Fusionaría a la SSP con SEGOB? ¿O se quedaría esa nueva Secretaría sólo con un rol de coordinación, no muy distinto al que tiene hoy Gobernación?

Pregunta: ¿Estaría de acuerdo en consolidar la autonomía de la PGR, nombrando a su titular por un plazo fijo y cediendo la potestad presidencial para removerlo libremente, así como establecer la autonomía de gestión del Ministerio Publico en todos sus niveles?

Respuesta JVM:

En las últimas décadas se ha venido fortaleciendo la autonomía de la Procuraduría General de la República a través de clarificar su función institucional y hacer del nombramiento de su titular un acto colegiado entre la Presidencia de la República y el Senado. Hoy debemos avanzar para garantizar su autonomía presupuestal y orgánica, por lo que la opción política que yo represento está dispuesta a impulsar reformas en ese sentido. En el supuesto de que se adoptaran el nombramiento por plazo fijo y la limitación a la revocación libre de su titular, deberá acordarse la adopción de un gobierno colegiado que permita la ponderación e institucionalidad del ejercicio de las funciones del Ministerio Público. Los órganos autónomos unipersonales no son deseables.

Debemos recordar que el sistema de remoción libre a cargo del Presidente de la República se sostuvo por razones de Seguridad Nacional. Es por ello que en este momento de la vida del país, en que las acciones de la delincuencia organizada suponen amenazas a la Seguridad Nacional que el Ministerio Público debe procesar, se aconseja la creación de una Fiscalía especial que se gobierne bajo el régimen actual y que permita que las tareas en esta materia sigan alineadas a una estrategia encabezada por el Presidente de la República. En cualquier caso recordemos que el Ministerio Público Federal siempre tiene que plantear sus casos ante una autoridad judicial independiente.

Propondré la escisión de la Procuraduría General de la República de las atribuciones de persecución de la delincuencia organizada en todas sus modalidades, a fin de depositarlas en una fiscalía dotada del mismo régimen y autonomía que dicha procuraduría, cuyo titular sea nombrado exactamente bajo el mismo procedimiento que el procurador. Con ello garantizaremos no sólo una mayor concentración de esfuerzos en el combate al crimen organizado, sino también que otros delitos sean efectivamente perseguidos. No hay razón para que los recursos de una organización se destinen preponderantemente a la delincuencia organizada. Necesitamos que otros delitos sean castigados, pues de ello depende en buena medida el efecto disuasivo de la justicia penal.

La profesionalización del ministerio público (tanto federal como de los estados) es fundamental para garantizar una justa, pronta y expedita procuración y administración de justicia. Por ello, reforzaré y depuraré los ministerios públicos. Los servidores públicos que laboran en ellos deben ser honestos y capaces y contar con las mejores credenciales. Asimismo, fomentaré de manera decidida la independencia funcional de esta institución fundamental para la seguridad de los mexicanos.

Impulsaré estos cambios no sólo en la Procuraduría General de la República, sino también los promoveré en las procuradurías locales que atienden la mayoría de los delitos que lastiman a la sociedad.

Comentario: es buena noticia que la candidata Vázquez Mota quiera darle autonomía a la PGR (eso de un órgano colegiado autónomo suena raro, pero interesante). Es mala noticia que quiera vaciarla antes de hacerla autónoma: si se sacan las funciones de persecución a la delincuencia organizada, la PGR se quedaría con casi nada. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación es autónoma y le entra por igual a casos de narcotráfico, delincuencia organizada, etc (tienen también una Procuraduría, pero cumple otro tipo de funciones, más de control sobre los funcionarios públicos). Esto reforzaría la tendencia, presente ya en la reforma al sistema de justicia penal de 2008, de crear múltiples espacios de excepción para los casos de dlincuencia organnizada (un amigo mío le llama el Guantánamo mexicano). A mi muy personal juicio, eso es caminar en la dirección equivocada: en pocos temas como el combate a la delincuencia organizada es tan necesario que una Fiscalía cuente con absoluta legitimidad, con la confianza plena de que se está actuando sin más criterio que el jurídico: para muestra, sólo basta ver lo que sucedió con el Michoacanazo y con el caso de Jorge Hank Rhon. La PGR perdió legitimidad en cuestión de días y los actores políticos no creyeron ni por un segundo que se trataba de actuaciones meramente judiciales (aunque lo hayan sido).

Pregunta: ¿Está de acuerdo con la despenalización de las drogas?

Respuesta JVM: El problema del tráfico ilegal de drogas y la violencia y criminalidad asociados no es un asunto que tenga una solución nacional. De nada sirve despenalizar las drogas en un país cuando en la gran mayoría de las naciones en el mundo o en la región se prohíbe su producción, tráfico y consumo.

Despenalizar las drogas sólo tendrá efecto cuando se asuma como un asunto multilateral y se despenalice en los principales centros de consumo. Es necesario que la sociedad médica en México y en el mundo defina de una vez y por todas qué sustancias implican una afectación a la salud menor o igual que aquéllas que hoy son legales para transitar a un esquema legal congruente con estos lineamientos y, por ende, se resuelva la prohibición o permisibilidad de estas sustancias bajo principios y criterios consistentes.

Creo firmemente que el mundo y sus instituciones globales deben enfrentar en el corto plazo ese debate, no sólo desde la perspectiva criminal y económica o de mercado del fenómeno, sino desde un enfoque integral: desde la salud pública hasta aspectos sociológicos como la incidencia de ciertas prácticas de consumo en las relaciondes humanas.

Comentario: como en el caso de los demás candidatos, no hay un pronunciamiento firme, pero es una respuesta más interesante que las de Quadri o Peña Nieto. Hace una referencia velada a la posibilidad de legalizar la marihuana  (y algunas otras drogas) al exigir un pronunciamiento de la comunidad médica sobre los daños relativos de diversas sustancias, Y habla de un debate, no como concesión, sino como exigencia. Es despeje al área contraria, pero no está mal la respuesta.

En resumen, me da la impresión que Josefina Vázquez Mota  le ha pensado más al tema de seguridad que Peña Nieto o Quadri. Por lo menos, hizo un mayor intento por justificar sus posiciones y en varios temas, mostró más originalidad. Sin embargo, se pierde en detalles y no parece haber mucho sentido de prioridad. Pero el problema mayor es que la candidata se queda en una suerte de limbo programático: no defiende vigorosamente la política del Presidente Calderón, pero tampoco delinea una alternativa clara. Yo percibí en varios momentos un ánimo rupturista que a final de cuentas acabó reprimido, con la candidata refugiada en el lugar común. Es una pena, porque creo que había aquí material para decir cosas interesantes.

Falta AMLO. En cuanto mande sus respuestas, se las comento.

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