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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
Los tres dilemas de Enrique Peña Nieto
Por Alejandro Hope
8 de julio, 2012
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Pasada la elección, llega el momento de las dilemas de gobierno. Y en el tema de seguridad, Enrique Peña Nieto, cuasi presidente electo (sí, ya sé, falta el Tribunal), enfrenta al menos tres:

  1. Tiene dos objetivos que pueden ser mutuamente contradictorios: a) reducir de manera palpable la incidencia de delitos violentos, particularmente los homicidios, y b) convencer a propios y extraños de que su gobierno no entrará en pactos con los grupos criminales. Lo primero es lo que espera una buena parte del electorado mexicano (y la métrica que él mismo ha planteado)  y lo segundo surge de las sospechas de una parte de la opinión pública nacional, pero sobre todo de un sector del establishment estadounidense (ubicado en el lado republicano del espectro). Para responder a la demanda externa y probar que no quiere restablecer una pax narca, es probable que trate de ser, al menos en un principio, más Calderón que Calderón: reforzamiento de operativos federales, intensificación de la persecución en contra de capos (todos los presidentes mexicanos desde Miguel de la Madrid han capturado o abatido a uno o varios jefes del narcotráfico y me imagino que EPN no querrá ser la excepción), mayor erradicación de cultivos ilícitos, etc. El problema es que esa línea dura puede tener efectos desestabilizantes en diversas regiones del país y socavar el objetivo de reducción de violencia. Pero si no lo hace, cualquier caída en el número de homicidios podría ser interpretada allá por las riberas del Potomac como la muestra palpable de la existencia de un arreglo con la delincuencia organizada.
  2. Su objetivo principal (reducir la violencia) es de corto plazo, pero todos los instrumentos que ha planteado surtirían efectos en el largo plazo. Como comentaba la semana pasada, crear una gendarmería o ampliar el tamaño de la Policía Federal o incrementar las capacidades de inteligencia son tareas que van a tomar un sexenio entero (si bien nos va). Peña Nieto no se puede dar el lujo de esperar a que maduren esos proyectos: a partir de la toma de posesión, va a tener 24 meses para dar resultados. Si para inicios de 2015 no hay una mejoría palpable en las condiciones de seguridad (y digo inicios porque la percepción es siempre un indicador rezagado), la probabilidad de un descalabro electoral de buen tamaño sería considerable. Entonces, EPN tiene que operar con lo que hay, al tiempo en que intenta cambiarlo. Tarea nada fácil: ¿responderá la Policía Federal cuando percibe que le están creando competencia? ¿Cómo se ajustarán las fuerzas armadas a la pérdida de una quinta parte de sus elementos (que es lo que implica la creación de la gendarmería nacional, según lo revelado hasta ahora por Peña)?
  3. Peña Nieto tiene que obligar a los gobernadores a asumir su responsabilidad, sin generar fracturas serias en su coalición gobernante. Como ya he comentado en repetidas ocasiones, los gobiernos estatales no tendrán incentivos para hacerse cargo de sus problemas de seguridad mientras sepan que el gobierno federal vendrá al rescate si las cosas se complican. Y si las autoridades estatales no le entran al problema, los recursos federales no alcanzan. Esos hechos básicos no se modifican sólo porque cambie la afiliación partidista del Presidente de la República. Para modificar esos incentivos perversos, Peña Nieto tendrá que poner límites a las intervenciones federales y cobrarle a los gobernadores su irresponsabilidad (transfiriendo, por ejemplo, el costo de los operativos federales a los gobiernos estatales). Sin embargo, eso implica antagonizar a un grupo no trivial de gobernadores priístas, los cuales tienen influencia en el PRI y bancada en el Congreso, y son, por tanto, indispensables para empujar el resto de la agenda del nuevo gobierno ¿Cómo conciliar entonces la necesidad de redistribuir responsabilidades con el imperativo de mantener la disciplina interna?

No hay soluciones mágicas a estos dilemas. Peña va a tener costos, haga lo que haga. Pero una manera de mitigarlos es la transparencia: ser franco en el diagnóstico, exponer claramente las restricciones que se enfrentan, salir de las generalidades y detallar lo que piensa hacer. De otro modo, el peso de las expectativas incumplidas podría caerle encima más rápido de lo que imagina.

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