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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
Más competencia, menos cadáveres
Por Alejandro Hope
18 de marzo, 2012
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Mohamed “Mo” Ibrahim es un empresario sudanés que otuvo una fortuna de miles de millones de dólares en el negocio de las telecomunicaciones en África. Tras vender su empresa en 2005, decidió establecer una fundación que, entre otras cosas, organiza un inusual concurso: cada año, otorga un premio de cinco millones de dólares (más una pensión vitalicia de 200,000 dólares por año) a un ex-jefe de estado africano que a) haya tenido resultados excepcionales en materia de educación, salud y desarrollo económico, y b) haya sido electo democráticamente y transferido el poder a su sucesor en los términos constitucionales previstos en su país.

El concurso genera un incentivo claro y personalísimo en favor del buen gobierno y, sobre todo, del buen gobierno democrático ¿Qué tan significativo? Lo ignoro, pero sin duda es superior a cero. Y en un continente que ha sufrido todo género de tumulto político y gobierno cleptocrático  desde la descolonización, no es poca cosa contar con un instrumento que, sin gastar un centavo del erario público y con bajísimos costos administrativos, empuje a sus líderes en la dirección correcta.

El premio Ibrahim es una buena ilustración de un fenómeno más amplio: el uso creciente de concursos privados para alcanzar metas socialmente deseables. Allí  están, por ejemplo, los famosos X Prizes que buscan incentivar descubrimientos tecnológicos revolucionarios (incluyendo, entre otros, la exploración espacial privada, la provisión masiva de micronutrientes o la detección temprana de tuberculosis), o el premio de la Fundación Bill y Melinda Gates a la innovación en la provisión de vacunas.

Los concursos tienen una ventaja obvia: si el premio es suficientemente atractivo, muchos participan y muchos se esfuerzan, aunque sepan que sólo uno puede ganar. Pueden por tanto tener un tremendo efecto multiplicador. Por ejemplo, el Ansari X Prize estableció un premio de 10 millones de dólares a la primera aeronave privada que pudiera llegar al espacio y regresar sana y salva a la Tierra en menos de diez días. Los concursantes invirtieron en conjunto más de 100 millones de dólares para tratar de ganar, y de esas inversiones, surgió una industria con más de 1400 millones de dólares de ventas anuales.

Todo esto sirve de introducción para una idea que he venido cavilando desde hace algunas semanas. El fondo del problema de la seguridad pública en México es político: nadie tiene incentivos suficientes para hacerse cargo de la parte de responsabilidad que le toca. En particular, muchos gobiernos estatales y municipales han agarrado la maña de aventar el problema en dirección del gobierno federal, con la delincuencia organizada como argumento perfecto para hacerse patos. Y a su vez, las autoridades federales han contribuido a esa actitud al tratar como incompetentes  a los demás niveles de gobierno y lanzar, a la menor provocación, operativos de duración indefinida.

Ese es un juego donde nadie gana y del que ha sido muy difícil salirse. La firma de solemnes acuerdos nacionales o la práctica de balconear en los medios a los gobiernos estatales incumplidos tienen efectos limitados que no duran más allá de un ciclo de noticias. Tampoco han sido muy útiles las zanahorias y los garrotes presupuestales: por mandato legal, el gobierno federal sólo puede irse contra las aportaciones, no contra las participaciones. Y las aportaciones en materia de seguridad pública (FASP, SUBSEMUN, SPA) son muy pequeñas (apenas 1%, aproximadamente, de los ingresos totales de los estados y municipios) como para modificar de fondo el comportamiento de los gobiernos estatales y municipales. Para rematar, no existe la reelección consecutiva y por tanto, los gobernantes locales no tienen incentivos políticos directos para mejorar la seguridad pública.

¿Qué queda entonces? Pues se me ocurre que podríamos poner a competir a los interesados por una jugosa recompensa personal ¿Cómo funcionaría eso? Aquí les va mi idea: un grupo de fundaciones y empresarios (o alguno en lo individual) establecería un premio de 20 millones de dólares (más una pensión vitalicia de un millón de dólares por año) que se otorgaría cada tres años a los gobernantes del estado que lograse la mejoría más marcada en cuatro indicadores básicos de seguridad pública, con los cuales se construiría un índice compuesto (a lo mejor con un indicador basta, si hay correlaciones muy robustas entre los cuatro. Le dejo a los cuantitativos esa definición):

Para fortalecer los incentivos, se podría establecer un umbral mínimo de mejoría, debajo del cual se declararía desierto el concurso. Declarado un ganador, el dinero se distribuiría de la siguiente manera: seis millones de dólares irían al gobernador, un millón cada uno a los secretarios de gobierno y de seguridad pública y al procurador del estado, dos millones a los integrantes del Congreso local, un millón al presidente del tribunal superior de justicia del estado y otro al presidente del Consejo de la Judicatura estatal,  y el resto a todos los presidentes municipales proporcionalmente a la contribución de su municipio a la reducción de homicidios en el estado (o puede ser una parte igual y una parte proporcional, como las prerrogativas electorales). La pensión vitalicia se distribuiría con mismos porcentajes. Los ganadores cobrarían su premio después de dejar el cargo, para cumplir con la ley de responsabilidades de los servidores públicos

Para evitar actitudes gorilescas, se penalizarían las violaciones a los derechos humanos (medidas, por ejemplo, como recomendaciones de la CNDH por 100 mil habitantes). La corrupción también quitaría puntos (aquí se podrían utilizar encuestas de percepción tipo Transparencia Mexicana y/o observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al gasto federalizado). Cualquier intento por maquillar o manipular las cifras sería objeto de eliminación inmediata.

Si se registrase un cambio de gobierno en el plazo de tres años, el dinero se distribuiría entre los funcionarios entrantes y los salientes proporcionalmente al tiempo en el cargo. Por último, si en el estado hubiese un operativo federal durante más de un año y medio de los tres de duración del concurso, la mitad del premio iría a financiar obras sociales.

¿Qué se lograría con esto? Primero, dar un incentivo personalísimo a los gobernadores y otros funcionarios estatales y municipales para mejorar las condiciones de seguridad en la jurisdicción que les corresponda. Muchos gobernadores son ricos de por sí, pero no muchos le dicen que no a varios millones de dólares. Segundo, acicatear la colaboración entre poderes en los estados y con el gobierno federal. Tercero, generar una competencia virtuosa entre los estados.

Todo lo anterior se lograría sin dedicar un sólo centavo del erario, sin cambiar una coma a la ley y con costos administrativos ridículos. Y con la ventaja de que, si no sirve, se elimina y ya.

Supongo que a algunos les repugnará la idea de premiar a los políticos por cumplir con su responsabilidad. No soy ajeno a esos sentimientos, pero la realidad es que nuestro sistema político y administrativo produce incentivos torcidos. No lo vamos a reformar en el corto plazo y la receta tradicional de pactos y periodicazos no funciona. Es hora de pensar fuera de la caja.

Gracias a un concurso, los humanos aprendimos a medir la longitud. Gracias a un concurso, Lindbergh cruzó el Atlántico. Gracias a un concurso, podemos lograr que los negligentes asuman su responsibilidad y que los cadáveres se dejen de acumular. Para bien o para mal, la codicia es una  herramienta poderosísima para modular el comportamiento humano ¿No sería hora ya de usarla en favor del interés público?

PD: probablemente a algunos no les gusten mis reglas. Muy válido. Pero no se limiten a criticarlas: mándenme las suyas. Prometo publicarlas completitas.

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