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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
Para pensar en la impunidad
Por Alejandro Hope
29 de enero, 2012
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En México, el delito más importante no es el narcotráfico, ni el secuestro, ni el robo: es la evasión fiscal. En ninguna otra categoría de actos ilícitos, hay tanto dinero o tanta gente involucrada: según un estudio reciente elaborado por el ITAM para el SAT, la evasión representó 23% de la recaudación federal potencial en 2008, equivalente a 2.6 puntos del PIB, y a eso habría que agregarle la evasión de impuestos estatales o locales (impuesto sobre nómina, predial) y de contribuciones a la seguridad social.

Estamos hablando además de un ilícito que involucra a millones de personas: en 2010, de acuerdo a cifras del SAT, 31% de la población económicamente activa (algo más de 15 millones de personas) no estaba inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes , y a ese total, habría que añadir a los muchos que sí están registrados, pero se las arreglan para pagar menos impuestos que los que deben.

En años recientes, las autoridades de todos los niveles han hecho un esfuerzo muy importante para reducir la evasión fiscal, ya sea cambiando la legislación, simplificando los trámites o aumentando la capacidad de fiscalización. Según el estudio citado del ITAM, la evasión se redujo de 39% a 23% de la recaudación federal potencial entre 2000 y 2008 ¿Deben el SAT y las demás autoridades tributarias mantener ese esfuerzo? Por supuesto que sí ¿Deben mantenerlo hasta que la evasión llegue a 0% de la recaudación potencial? Por supuesto que no.

¿Y por qué no? Por una razón simple: cobrar impuestos cuesta. Se requiere una tremenda estructura administrativa para recaudar: auditores, abogados, oficinas, sistemas de cómputo, etc. Esa estructura tiene rendimientos marginales decrecientes: en Estados Unidos,  10 por ciento de los contribuyentes se encarga de siete de cada 10 dólares de recaudación. Fiscalizar a ese grupo es fácil y barato: el problema es cobrarle al otro 90% que paga el resto. Con casi total certeza, en algún punto, el costo para el fisco de cobrar un peso más de impuestos se vuelve mayor a un peso: a partir de ese momento, es idiota seguir en el intento de recaudar.

Pero es probable que el esfuerzo recaudatorio deba detenerse mucho antes de ese punto. Meter más regulaciones, más trámites y más auditorías puede, a partir de cierto nivel, atentar en contra de la salud de la economía. Esas regulaciones y esos trámites no se deben establecer, aún si se siguen justificando en términos estrictamente recaudatorios.

Las consideraciones no son sólo económicas: cuentan también las libertades individuales y la estabilidad social. El esfuerzo recaudatorio debe detenerse en el punto en que la sociedad deje de considerarlo una intrusión legítima del Estado en la vida de las personas. Por supuesto, ese punto no es una constante universal: cambia en el tiempo y en el espacio. Hay sociedades que están más dispuestas a tolerar un Estado más activo que otras. Pero, hasta en un welfare state europeo, hay rayas que no se cruzan.

¿Pero eso no significa que debemos tolerar que algunos ciudadanos no paguen lo que les corresponde? ¿No es eso impunidad? Claro que lo es, pero ese es uno de los costos de vivir en una sociedad libre.

El mismo principio se aplica para el resto de los delitos ¿Queremos que se reduzca la impunidad? ¿Queremos que los delincuentes sean castigados por sus crimenes? Por supuesto, pero no a cualquier precio. En algún punto, es mayor el costo de la persecución que el costo del delito. Y en esa ecuación no sólo importan los costos monetarios: cuentan también la libertad, la equidad, la estabilidad.

¿Donde está es punto? No lo sé, pero probablemente muy lejos de cero. En Estados Unidos, se cometieron 18 millones de delitos en 2010. De ese total, nueve millones fueron reportados a la policía y de esas denuncias, se resolvieron con una detención 1.8 millones de casos. Para lograr ese resultado que dejó impune la gran mayoría de los delitos, los estadounidenses gastaron 103 mil millones de dólares en la policía, 50 mil millones en el sistema de justicia y 75 mil millones en las prisiones (el total es casi equivalente a todo el presupuesto federal en México) ¿Podrían gastar más? Por supuesto, pero al costo de otras prioridades sociales. Además, la curva de costos no es lineal: el sistema posiblemente ya captura a una buena parte de los delitos fáciles de prevenir, perseguir y castigar. Hacia delante, los costos unitarios se disparan hacia el infinito. Se puede, sin duda, tener ganancias de eficiencia, obtener un máximo de disuasión con un mínimo de castigo, pero aún así es probable que los límites se encuentren muy lejos de un mundo donde todos los delitos se castiguen.

Dada esa lógica implacable, no queda más que priorizar, poner el acento en aquellos delitos que, por decirlo de un modo un tanto frío, ofrezcan la mejor relación costo-beneficio (el homicidio, por ejemplo), así signifique eso tolerar otros temporal o permanentemente. El problema no es la impunidad genérica: de esa siempre habrá mientras vivamos en un mundo con recursos limitados. Decir que México tiene una tasa de impunidad de 99% es no decir nada importante. Lo que cuenta son las impunidades específicas, la de los homicidios que no se castigan, la de los secuestros que no se resuelven, la de los delitos que dañan mucho más que lo que cuesta perseguirlos y castigarlos. Esas sí son imperdonables.

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