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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
Para proteger a los periodistas
Por Alejandro Hope
17 de junio, 2012
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Una semana más, otro periodista muerto. Esta vez, la víctima fue Víctor Manuel Báez Chino, editor de la sección policiaca de Milenio Veracruz. Según el acucioso recuento de la organización Artículo 19, es el noveno comunicador asesinado en el estado de Veracruz en los últimos 18 meses. De 2006 a la fecha, se han acumulado a nivel nacional 632 agresiones contra periodistas, entre las que se incluyen 54 homicidios, 10 desapariciones y 36 ataques con explosivos y armas de fuego en contra de instalaciones de medios de comunicación.

Esos números son alarmantes y exigen una respuesta excepcional por al menos tres razones:

  1. El nivel de riesgo que enfrentan los periodistas es extraordinario. Dado el número de personas que trabajan en medios de comunicación (no más de algunas decenas de miles, cuando mucho), la tasa de homicidio en ese sector es varias veces superior al de la población general. Con la excepción de policías, miembros de las fuerzas armadas y comerciantes de drogas ilegales, no se me ocurre ningún grupo profesional más amenazado.
  2. Las agresiones contra periodistas están generando silencio y autocensura. En algunas localidades de Tamaulipas y Veracruz, por ejemplo, ya no hay medio que se atreva a cubrir notas vinculadas a la violencia o a la delincuencia organizada o hasta al delito común. Y el silencio engendra impunidad, no sólo para los delincuentes sino también para las autoridades. Sin presión continua a nivel local, no se va a generar tracción política para que los gobiernos estatales y municipales se hagan cargo del problema.
  3. La violencia contra medios de comunicación tiene efectos demoledores para la imagen internacional del país. Freedom House, por ejemplo, reclasificó a México de país libre a país parcialmente libre como resultado de la cadena de atentados contra periodistas. El fenómeno también tiene efectos sobre la percepción interna de seguridad: cada muerte violenta de un periodista provoca una tremenda cobertura en medios y transmite un mensaje de impunidad y pérdida de control.

Las autoridades han reconocido los efectos particularmente tóxicos que genera la violencia contra periodistas y han tomado algunas medidas para frenar el fenómeno. Desde 2006, existe una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en la PGR. Más recientemente, se aprobó en el Congreso una reforma constitucional para facilitar la atracción de ataques en contra de periodistas al ámbito federal. Asimismo, en algunos casos, se ha otorgado protección a comunicadores después de recibir amenazas.

Sin embargo, esas medidas no han sido suficientes. En seis años, la FEADLE ha ejercido acción penal en 23 casos y sólo ha obtenido una sentencia condenatoria. El impacto disuasivo de sus investigaciones es, con toda probabilidad, de bajo a inexistente. Y la protección a periodistas individuales se otorga de manera ad hoc, sin una lógica sistémica.

¿Que hacer entonces? No tengo una respuesta completa, pero aquí dejo algunas sugerencias:

  1. Elaborar un mapa de riesgos: no todos los periodistas están igualmente amenazados. No corre mismo peligro un reportero de espectáculos en Mérida que uno que cubre la fuente policiaca en Nuevo Laredo o Culiacán. No está sujeto a misma presión un diario de Querétaro que uno de Veracruz. Si se identifican donde están los medios y periodistas más vulnerables, se podrían tomar medidas proactivas. Se podría empezar con a) una lista de medios locales en estados de alta violencia y b) un censo nacional de reporteros y editores que cubren temas policiacos (o similares). A partir de esas listas iniciales, se podría discriminar con diversos criterios (ubicación geográfica, atentados previos, amenazas reportadas, etc.), hasta llegar a una lista corta de medios y periodistas (25 y 50, respectivamente, por dar una cifra) con niveles de riesgo particularmente elevados.
  2. Desplegar medidas de prevención situacional:  todos los periodistas seleccionados en el proceso anterior recibirían protección federal permanente (guardaespaldas, vehiculos blindados, etc.). Todos recibirían cursos de protección (como los que ya ofrece Artículo 19). De ser necesario, se facilitaría el traslado de sus familias a localidades seguras. En las instalaciones de los medios seleccionados, se implementarían diversas medidas de seguridad (control de accesos, cámaras de vigilancia, obstáculos para evitar atentados con coche bomba, cierre de calles a tráfico vehicular, etc.). Asimismo, se establecería un protocolo de alertas con la SSP federal, las fuerzas armadas o la PGR, en caso de amenazas u otras situaciones de riesgo.
  3. Marcar una raya en la arena: como ya he propuesto para otros tipos de incidentes excepcionales, se podría poner en marcha una estrategia de disuasión focalizada. Se advertiría por vía discreta a los grupos criminales que cualquier homicidio o desaparición de periodistas a) sería atraído por la PGR y b) generaría represalias inmediatas en contra del grupo responsable (considerando que estamos hablando de menos de una docena de casos al año en promedio, se podrían dedicar recursos excepcionales para identificar al grupo involucrado, aún si no se logra ubicar a los responsables directos). Las represalias podrían incluir el cierre de narcotienditas, la clausura de giros negros, el traslado de presos a reclusorios federales o la instalación de retenes móviles y se darían en cualquier lugar donde tuviese presencia el grupo agresor (y no sólo donde ocurrió el incidente).
  4. Contrarrestar el silencio: los atentados contra periodistas buscan acallar a la prensa local. Hay que enviarle el mensaje a los grupos criminales de que matar a un periodista va a tener el efecto exactamente contrario al buscado. Ante un homicidio de un periodista o un atentado contra un medio, los medios nacionales, tanto impresos como electrónicos, podrían diseminar de manera prominente (en primera plana y en la entrada de noticieros) y reiterada las notas sobre delincuencia organizada (o corrupción policial, etc.) que el periodista asesinado o el medio agredido hubiera publicado en el mes previo al asesinato o ataque. Ese mismo contenido podría distribuirse masivamente por las redes sociales (yo me comprometo a hacer lo propio en Twitter y Facebook). Inclusive, se podría enviar un carta física o un correo electrónico con esos materiales a todos los hogares de la localidad donde estuviera el medio en cuestión. Si el periodista hubiese dejado alguna investigación inconclusa, un pool de reporteros de diversos medios nacionales, bajo  protección federal, se encargaría de culminarla: el reportaje resultante sería el mismo día la nota de ocho columnas de toda la prensa nacional (algo similar se hizo en Colombia en los tiempos de la guerra contra Pablo Escobar) . Los medios electrónicos nacionales podrían hacer transmisiones especiales desde la localidad donde hubiese ocurrido el incidente y en las localidades donde tenga presencia el grupo responsable. En resumen, hay que convencer a los delincuentes que si quieren silencio matando a periodistas, van a producir un ruido ensordecedor.

¿Funcionarían estas medidas? No estoy seguro. Pero ninguna es particularmente cara o complicada. Se arriesga poco haciendo el intento y se pueden hacer ajustes sobre la marcha. A mi juicio, se arriesga mucho más permitiendo que los maleantes sigan cazando periodistas como si fueran conejos.

Nota 1: no obvio la posibilidad de que algunos periodistas estén en la nómina de grupos criminales y que algunos atentados sean resultado de esa asociación. Sin embargo, aún en ese caso, se aplicarían todas las sugerencias previas, ya que, en términos de percepción pública, los efectos del asesinato de un presunto “narcoperiodista” no serían muy distintos a los del homicidio de cualquier otro comunicador. De la ética de los periodistas se deben encargar los propios medios, pero mantenerlos vivos es responsabilidad ineludible del Estado, cualquiera que sean las relaciones peligrosas de los individuos en cuestión.

Nota 2: se podrían tomar medidas similares para integrantes de organizaciones de la sociedad civil, ya que los efectos de la violencia en contra de esos grupos son similares a los que se derivan de la muerte de periodistas.

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