El 11 de febrero, el secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong anunció que al día siguiente se presentaría una estrategia de prevención de la violencia. Según sus palabras, sería “una estrategia que, perdón, no estaba por lo menos, diría yo, si es que alguien va a salir a decir lo contrario, tan clara y transparente como se va a dar a conocer.”
Y sí, al día siguiente, hubo en Aguascalientes un evento sobre prevención del delito, encabezado por el Presidente de la República. Pero no, no hubo estrategia ni programa ni nada que se le asemejase. En el acto, se instaló formalmente la Comisión Intersecretarial para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia y se hizo público un documento titulado “Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial”.
Ese mismo martes, me quejé a tuitazos, señalando que me parecía incomprensible cacarear un programa inexistente. Con gran amabilidad, personal de la futura subsecretaría de prevención del delito y participación ciudadana (digo futura, ya que no se han realizado aún las modificaciones al reglamento interior de la SEGOB para crearla formalmente) me indicó que están trabajando muy duro en la elaboración del programa y que se hicieron públicas las bases del mismo para que este resulte “participativo”.
Eso me parece muy buena práctica y, en atención a la convocatoria, decidí revisar las mentadas bases, un documento de 48 páginas. Me encontré c0n lo siguiente:
Ok. Le metieron relleno (y repitieron la dosis al final: las páginas 45, 46 y 47 están vacías, y la 48 sólo trae el logo de las dependencias integrantes de la Comisión). Es mañoso, como de estudiante universitario que reduce los márgenes para que se vea más gordo el trabajo, pero no es grave. Más serio es lo que se encuentra uno en las páginas que sí tienen contenido.
Por ejemplo, en la página 17, en la sección de diagnóstico (que bien describe Lilian Chapa, de México Evalúa, como “somera”), aparece la siguiente afirmación:
Ese dato es absolutamente correcto y perfectamente irrelevante (o al menos no prueba lo que quieren probar, es decir, que no sirvió el incremento en el gasto): 1) 40% del incremento en averiguaciones previas del fuero federal se refiere a delitos contra la salud. Hay asimismo importantes aumentos en el número de averiguaciones previas por delincuencia organizada, delitos electorales, delitos de servidores públicos y delitos contra instituciones de banca y crédito (fraudes, en lo fundamental). Eso no refleja (necesariamente) un incremento en la incidencia delictiva, sino una decisión (buena o mala) de perseguir más vigorosamente esos delitos, y b) de 2007 a 2011, durante el periodo de mayor aumento en el presupuesto de la SSP, el número de averiguaciones previas del fuero federal disminuyó 21% ¿Eso significa, siguiendo la lógica de los autores del documentos, que fue útil el incremento presupuestal de esos años?
Pero seguimos en los márgenes. Vayamos al corazón del documento ¿Cuáles son los objetivos del programa de prevención?? En la página 21 de las bases, se listan los siguientes objetivos generales:
Es decir, el primer objetivo del programa de prevención del delito y la violencia no es prevenir el delito y la violencia: es establecer objetivos (y surge la pregunta de para qué se quiere un programa si no se tienen objetivos primero). Y el segundo es ¿lograr que gente importante hable mucho de políticas de prevención? (¿no sería eso más un instrumento que un objetivo?). Como se ve, la claridad conceptual es la calidad dominante del documento.
Esos son los objetivos generales. Entre los específicos, se encuentra uno cosas como la siguiente (p.22):
¿Cómo se miden, detectan y anticipan factores de riesgo desde la perspectiva simbólica? No sé, escúlquenme.
Pero, bueno, ¿al menos se describen prioridades? Sí, claro ¿Y eso no nos da algo de claridad sobre lo que se pretende hacer? Juzguen ustedes (p.23):
Claro, pero al menos sí tienen algo de claridad en el ámbito territorial, ¿no? Pues sí: se definieron 57 demarcaciones prioritarias donde se aplicarán intervenciones focalizadas, orientadas “mediante la estrategia de Acupuntura Socio-Urbana” (a no confundir con el Reiki Psico-Rural) , la cual busca “generar un equilibrio en la ciudad, mediante efectos positivos que se expresan en el equipamiento de edificios, proyectos urbanos y nuevas pautas y hábitos de convivencia, cooperación y solidaridad.”(¿Cómo se expresa un efecto positivo en el equipamiento de edificios? ¿No sería más bien al revés, es decir, el equipamiento de edificios produce efectos positivos?)
OK ¿Cuáles serán entonces las demarcaciones, con “altas tasas delictivas y condiciones que constituyen factores de riesgo”, que recibirán acupuntura? No lo dice el documento, pero se publicó la lista el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación: allí aparecen lo mismo Acapulco y la zona metropolitana de la La Laguna que Mérida y Tlaxcala. Y la distribución de recursos es interesante, por decir lo menos: por ejemplo, la zona metropolitana de Querétaro (1.1 millón de habitantes) recibirá más dinero que Ecatepec (1.6 millones), Ciudad Nezahualcóyotl (1.1 millones) o la zona metropolitana de Cuernavaca (820 mil) (Nota de referencia: Morelos tuvo en 2012 ocho veces más homicidios dolosos que Querétaro, a pesar de tener una población de tamaño similar).
No me queda enteramente claro como escogieron las 57 demarcaciones prioritarias, pero cualquier metodología que pone en la misma bolsa de prioridades de prevención a ciudades que pasan por una crisis de seguridad aterradora y a municipios con tasas de homicidio como de país europeo debería revisarse (en mi humilde opinión).
Además de esas intervenciones focalizadas (y de las “preventivas” que se planean para 100 municipios y las no adjetivadas para los 251 municipios que reciben fondos de SUBSEMUN), se proponen “programas transversales de impacto nacional.” ¿Y esos que son? Pues al parecer serán programas para prevenir a) la violencia en el entorno escolar, b) las adicciones, c) la violencia familiar, de género y en el noviazgo y d) los problemas de aprendizaje y conductuales, además de organizar e) “campañas masivas de prevención, comunicación y difusión del Programa Nacional en los ámbitos nacional e internacional.” (¿Para qué se requerirían campañas masivas de difusión del programa en el “ámbito internacional”? Misterio) ¿Y que tipo de medidas incluirán? Van algunas muestras:
Entonces tenemos ya tres niveles de intervención focalizada y cinco estrategias de alcance nacional. Pero eso no es todo. Tenemos también ocho ejes rectores (p. 30): a) seguridad ciudadana, prevención integral y prevención social de las violencias y la delincuencia, b) juventudes, c) mujeres, d) grupos en condiciones de vulnerabilidad, e) convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana, f) cultura ciudadana y cultura de la legalidad, g) cultura de la paz, y h) urbanismo social y acupuntura sociourbana. Y de esos ocho ejes rectores, se cuelgan 26 categorías de “programas estratégicos” (lo cual me lleva a suponer que habrá muchos otros “no estratégicos”).
Cuatro ámbitos de intervención, cinco estrategias, seis principios, siete bases conceptuales, ocho ejes rectores, nueve dependencias, 26 tipos de programas estratégicos. Ya para estas alturas se necesita calculadora para tratar de imaginar el programa. Lo único que saco en claro es que se pretende gastar un chorro de dinero en un chorro de programas en un chorro de ciudades, violentas o no, coordinando a una multitud de dependencias, para alcanzar objetivos aún no definidos, pero cuyo establecimiento será el primer objetivo del programa. Y eso sí, todo con participación ciudadana, el aporte decidido de la sociedad, y un indicador de avance que, según se asegura, será “complejo”.
Sí, ya sé que sólo son las bases, que es apenas un documento preliminar. Pero si de aquí va a salir el programa, no quiero ni imaginar el producto final. Las bases, en su estado actual, son menos que inútiles: desorganizan la discusión. Hay tantas ideas revueltas y el lenguaje es tan enredado que se vuelve imposible pensar con claridad en objetivos, prioridades, instrumentos, metas e indicadores.
Esto no es una crítica al concepto de prevención social ni a la idea de contar con un programa rector en la materia. Hay mucho que se puede hacer en materia social para reducir los niveles de delito y violencia: un buen programa puede ayudar a explotar esas oportunidades. Pero ello requiere orden y concierto, sentido práctico y claridad conceptual. El documento publicado la semana pasada no es manifestación de esas virtudes, pero bien podría serlo el programa definitivo. Ojalá, por el bien de todos: este es un tema demasiado importante para que se imponga el desorden y la improvisación.
Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.
No cierres esta ventana.
¡Agrega uno!