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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
Prevención al aventón
Por Alejandro Hope
19 de febrero, 2013
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El 11 de febrero, el secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong anunció que al día siguiente se presentaría una estrategia de prevención de la violencia. Según sus palabras, sería “una estrategia que, perdón, no estaba por lo menos, diría yo, si es que alguien va a salir a decir lo contrario, tan clara y transparente como se va a dar a conocer.”

Y sí, al día siguiente, hubo en Aguascalientes un evento sobre prevención del delito, encabezado por el Presidente de la República. Pero no, no hubo estrategia ni programa ni nada que se le asemejase. En el acto, se instaló formalmente la Comisión Intersecretarial para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia y se hizo público un documento titulado “Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial”.

Ese mismo martes, me quejé a tuitazos, señalando que me parecía incomprensible cacarear un programa inexistente. Con gran amabilidad, personal de la futura subsecretaría de prevención del delito y participación ciudadana (digo futura, ya que no se han realizado aún las modificaciones al reglamento interior de la SEGOB para crearla formalmente) me indicó que están trabajando muy duro en la elaboración del programa y que se hicieron públicas las bases del mismo para que este resulte “participativo”.

Eso me parece muy buena práctica y, en atención a la convocatoria, decidí revisar las mentadas bases, un documento de 48 páginas. Me encontré c0n lo siguiente:

  • Página 1: portada
  • Páginas 2, 3 y 4: vacías (literal, no metafóricamente)
  • Página 5: título del documento
  • Página 6: vacía
  • Página 7: foto del Presidente Peña Nieto en su toma de posesión, con cita al calce sobre el tema de la prevención
  • Página 8: vacía
  • Página 9: lista de las nueve dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
  • Página 10: vacía
  • Página 11: lista de los 5 ejes y 13 acciones de gobierno anunciados por el Presidente Peña Nieto (la mayoría de los cuales no tiene nada que ver con la presunta materia del documento)
  • Página 12: vacía
  • Página 13: Introducción

Ok. Le metieron relleno (y repitieron la dosis al final: las páginas 45, 46 y 47 están vacías, y la 48 sólo trae el logo de las dependencias integrantes de la Comisión).  Es mañoso, como de estudiante universitario que reduce los márgenes para que se vea más gordo el trabajo, pero no es grave. Más serio es lo que se encuentra uno en las páginas que sí tienen contenido.

Por ejemplo, en la página 17, en la sección de diagnóstico (que bien describe Lilian Chapa, de México Evalúa, como “somera”), aparece la siguiente afirmación:

  • “Durante el periodo de 2001-2011, aún con el incremento al presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y sus órganos administrativos desconcentrados en un 538% (de $6.3 mmdp a $40.5 mmdp), aumentó la incidencia delictiva del fuero federal en un 83% (de 78,309 a 142,971 casos) (VI Informe de Gobierno y SNSP, 2012)”

Ese dato es absolutamente correcto y perfectamente irrelevante (o al menos no prueba lo que quieren probar, es decir, que no sirvió el incremento en el gasto): 1) 40% del incremento en averiguaciones previas del fuero federal se refiere a delitos contra la salud. Hay asimismo importantes aumentos en el número de averiguaciones previas por delincuencia organizada, delitos electorales, delitos de servidores públicos y delitos contra instituciones de banca y crédito (fraudes, en lo fundamental). Eso no refleja (necesariamente) un incremento en la incidencia delictiva, sino una decisión (buena o mala) de perseguir más vigorosamente esos delitos, y b) de 2007 a 2011, durante el periodo de mayor aumento en el presupuesto de la SSP, el número de averiguaciones previas del fuero federal disminuyó 21% ¿Eso significa, siguiendo la lógica de los autores del documentos, que fue útil el incremento presupuestal de esos años?

Pero seguimos en los márgenes. Vayamos al corazón del documento ¿Cuáles son los objetivos del programa de prevención?? En la página 21 de las bases, se listan los siguientes objetivos generales:

  • “Establecer los objetivos, prioridades, principios, lineamientos, ejes y programas que articulan la planeación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de prevención de las violencias y la delincuencia en los tres órdenes de gobierno e integrando la participación del sector social, para construir comunidades más seguras, cohesionadas e inclusivas.”
  • “Posicionar las políticas de prevención de las violencias y la delincuencia como una prioridad en la agenda pública y ciudadana para garantizar los derechos de las personas y para recuperar la paz.”

Es decir, el primer objetivo del programa de prevención del delito y la violencia no es prevenir el delito y la violencia: es establecer objetivos (y surge la pregunta de para qué se quiere un programa si no se tienen objetivos primero). Y el segundo es ¿lograr que gente importante hable mucho de políticas de prevención? (¿no sería eso más un instrumento  que un objetivo?). Como se ve, la claridad conceptual es la calidad dominante del documento.

Esos son los objetivos generales. Entre los específicos, se encuentra uno cosas como la siguiente (p.22):

  • “Medir, detectar y anticipar procesos sociales, culturales, económicos, así como factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia para las comunidades desde la perspectiva poblacional, territorial y simbólica.”

¿Cómo se miden, detectan y anticipan factores de riesgo desde la perspectiva simbólica? No sé, escúlquenme.

Pero, bueno, ¿al menos se describen prioridades? Sí, claro ¿Y eso no nos da algo de claridad sobre lo que se pretende hacer? Juzguen ustedes (p.23):

  • “Prioridades por grupos poblacionales: juventudes”. No los jóvenes o la juventud: las juventudes. Suponemos que no se trata de las príistas, católicas o hitlerianas, sino de un grupo de unos 40 millones de mexicanos entre 12 y 29 años (bueno, al menos eso deduzco).
  • Prioridades por tipo de violencia: violencia social, violencia institucional y violencia familiar y de género“. Pregunta: ¿de cual otra hay? ¿Violencia contra los animales? ¿Contra la lógica? No sé.
  • “Prioridades por factor de riesgo: medir, detectar y prevenir factores precursores o detonadores de distintos tipos de violencia o factores que debilitan la convivencia, la seguridad y la cohesión comunitaria”. Como se observa, es diáfano qué factores de riesgo se pretende atajar.

Claro, pero al menos sí tienen algo de claridad en el ámbito territorial, ¿no? Pues sí: se definieron 57 demarcaciones prioritarias donde se aplicarán intervenciones focalizadas, orientadas “mediante la estrategia de Acupuntura Socio-Urbana” (a no confundir con el Reiki Psico-Rural) , la cual busca “generar un equilibrio en la ciudad, mediante efectos positivos que se expresan en el equipamiento de edificios, proyectos urbanos y nuevas pautas y hábitos de convivencia, cooperación y solidaridad.”(¿Cómo se expresa un efecto positivo en el equipamiento de edificios? ¿No sería más bien al revés, es decir, el equipamiento de edificios produce efectos positivos?)

OK ¿Cuáles serán entonces las demarcaciones, con “altas tasas delictivas y condiciones que constituyen factores de riesgo”, que recibirán acupuntura? No lo dice el documento, pero se publicó la lista el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación: allí aparecen lo mismo Acapulco y la zona metropolitana de la La Laguna que Mérida y Tlaxcala.  Y la distribución de recursos es interesante, por decir lo menos: por ejemplo, la zona metropolitana de Querétaro (1.1 millón de habitantes) recibirá más dinero que Ecatepec (1.6 millones), Ciudad Nezahualcóyotl (1.1 millones) o la zona metropolitana de Cuernavaca (820 mil) (Nota de referencia: Morelos tuvo en 2012 ocho veces más homicidios dolosos que Querétaro, a pesar de tener una población de tamaño similar).

No me queda enteramente claro como escogieron las 57 demarcaciones prioritarias, pero cualquier metodología que pone en la misma bolsa de prioridades de prevención a ciudades que pasan por una crisis de seguridad aterradora y a municipios con tasas de homicidio como de país europeo debería revisarse (en mi humilde opinión).

Además de esas intervenciones focalizadas (y de las “preventivas” que se planean para 100 municipios y las no adjetivadas para los 251 municipios que reciben fondos de SUBSEMUN), se proponen “programas transversales de impacto nacional.” ¿Y esos que son? Pues al parecer serán programas para prevenir a) la violencia en el entorno escolar, b) las adicciones, c) la violencia familiar, de género y en el noviazgo y d) los problemas de aprendizaje y conductuales, además de organizar e) “campañas masivas de prevención, comunicación y difusión del Programa Nacional en los ámbitos nacional e internacional.” (¿Para qué se requerirían campañas masivas de difusión del programa en el “ámbito internacional”? Misterio) ¿Y que tipo de medidas incluirán? Van algunas muestras:

  • Ofrecer instrumentos de información y capacitación con espacios para padres de familia, docentes y alumnos que aborden los factores de riesgo asociados a las violencias, que expliquen cómo reducirlos y que guíen en las acciones que pueden seguirse para resolver los conflictos” (más claro ni el agua)
  • Vigilar el cumplimiento de la Ley General del Control del Tabaco; fortalecer las acciones inherentes a combatir la venta de cigarros sueltos y a menores de edad, además de analizar otras medidas regulatorias” (¿y eso reduce la violencia debido a…?)
  • La promoción de estrategias informativas y pedagógicas para la convivencia y la constitución de familias democráticas” (esas son las familias donde todos votan para decidir a que hora se van acostar los niños)
  • Promover unidades o centros de atención enfocados en la re-educación de personas generadoras de violencia, con la finalidad de prevenir la reincidencia” (levante la mano el que pensó en la Revolución Cultural China, con eso de la reeducación de los agresores que no son agresores, sino “personas generadoras de violencia”).
  • “Impulsar un esfuerzo de alcance nacional para otorgar lentes graduados personalizados para los estudiantes de primaria que los requieran, a fin de lograr la cobertura universal en este nivel al cabo de seis años” (buena idea, pero su conexión con la prevención del delito y la violencia parece más bien tenue)

Entonces tenemos ya tres niveles de intervención focalizada y cinco estrategias de alcance nacional. Pero eso no es todo. Tenemos también ocho ejes rectores (p. 30): a) seguridad ciudadana, prevención integral y prevención social de las violencias y la delincuencia, b) juventudes, c) mujeres, d) grupos en condiciones de vulnerabilidad, e) convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana, f) cultura ciudadana y cultura de la legalidad, g) cultura de la paz, y h) urbanismo social y acupuntura sociourbana. Y de esos ocho ejes rectores, se cuelgan 26 categorías de “programas estratégicos” (lo cual me lleva a suponer que habrá muchos otros “no estratégicos”).

Cuatro ámbitos de intervención, cinco estrategias, seis principios, siete bases conceptuales, ocho ejes rectores, nueve dependencias, 26 tipos de programas estratégicos. Ya para estas alturas se necesita calculadora para tratar de imaginar el programa. Lo único que saco en claro es que se pretende gastar un chorro de dinero en un chorro de programas en un chorro de ciudades, violentas o no, coordinando a una multitud de dependencias, para alcanzar objetivos aún no definidos, pero cuyo establecimiento será el primer objetivo del programa. Y eso sí, todo con participación ciudadana, el aporte decidido de la sociedad, y un indicador de avance que, según se asegura, será “complejo”.

Sí, ya sé que sólo son las bases, que es apenas un documento preliminar. Pero si de aquí va a salir el programa, no quiero ni imaginar el producto final. Las bases, en su estado actual, son menos que inútiles: desorganizan la discusión. Hay tantas ideas revueltas y el lenguaje es tan enredado que se vuelve imposible pensar con claridad en objetivos, prioridades, instrumentos, metas e indicadores.

Esto no es una crítica al concepto de prevención social ni a la idea de contar con un programa rector en la materia. Hay mucho que se puede hacer en materia social para reducir los niveles de delito y violencia: un buen programa puede ayudar a explotar esas oportunidades. Pero ello requiere orden y concierto, sentido práctico y claridad conceptual. El documento publicado la semana pasada no es manifestación de esas virtudes, pero bien podría serlo el programa definitivo. Ojalá, por el bien de todos: este es un tema demasiado importante para que se imponga el desorden y la improvisación.

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