Lo siento mucho, pero no voy a escribir sobre el expediente Cassez. No conozco el caso suficientemente bien como para decir algo que no se haya dicho ya mil veces en la última semana. Si alguien quiere detalles, le recomiendo que acuda a la minuciosa reconstrucción que hizo Héctor de Mauleón hace algunos meses. Sin embargo, el asunto del debido proceso, quid del caso de la francesa, amerita una discusión más amplia. A mi juicio, hay varios cabos sueltos, más de órden político que jurídico, en el debate público sobre el tema.

Según entiendo, hay tres grandes argumentos a favor del debido proceso:

1. Un argumento deontológico: cualquiera que sea el delito, es eminentemente injusto castigar a una persona (y más con la pérdida de la libertad), sin concederle antes la posibilidad de defenderse ante un tribunal imparcial.
2. Un argumento rawlsiano: puesto que todos podríamos ser acusados de algún delito, es en el mejor interés de cada uno de nosotros asegurar que los inculpados cuenten con garantías procesales amplias.
3. Un argumento consecuencialista: al otorgar garantías de debido proceso a los inculpados, se haría más dificil obtener sentencias condenatorias, lo cual eventualmente conduciría a una mejoría de la calidad de la investigación y del Ministerio Público en general.

No tengo problemas con los primeros dos, pero el tercero me parece incompleto. En particular, creo que obvia los incentivos reales a los que está sometido el personal de procuración de justicia, aún en el nuevo sistema oral y acusatorio. Vamos por partes:

1. El argumento tiene como premisa implícita que va a existir presión pública para que las procuradurias mejoren sus resultados. Pero eso supone que el público va a estar enterado de lo que sucede en los tribunales. Y eso, dada la información disponible, es mucho suponer. Es posible construir indicadores de desempeño de las procuradurías (tasas de consignación, razón de sentencias condenatorias a procesos iniciados, etc.), pero es engorroso y requiere la consulta de varias bases de datos. De cualquier forma, resulta improbable que, fuera de algunos casos con alta visibilidad, los medios (salvo excepciones) den seguimiento constante a los resultados de las procuradurías.
2. El argumento también depende de que el público identifique correctamente las causas de que un presunto delincuente salga libre. El caso de Rubí Marisol Frayre en Chihuahua y ahora el de Florence Cassez no permiten ser optimista sobre el particular: en ambas instancias, el dedo flamígero apuntó hacia los jueces o ministros y no hacia los fiscales (en parte, sobre todo en el caso de Rubí Marisol, por las denuncias de diversos actores políticos en contra de los juzgadores).
3. Por último, el argumento parte del supuesto de que la percepción pública afecta las perspectivas políticas y laborales de los procuradores y del resto del personal de procuración de justicia. Eso puede ser cierto en algunos casos, pero ciertamente no en todos: hay procuradores que se mantienen en el cargo a pesar de tener mala prensa.

En resumen, los posibles efectos positivos del debido proceso (y de la reforma al sistema de justicia penal, en general) sobre la calidad de la procuración de justicia no serán automáticos. Dependerán de un contexto político favorable que hoy no existe ¿Cómo crearlo? No tengo respuestas muy elaboradas, pero van algunas ideas sueltas:

1. Es necesario incrementar la transparencia y accesibilidad de la información judicial. Alguna instancia federal (¿INEGI? ¿Consejo de la Judicatura Federal? ¿Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Auditoría Superior de la Federación?) podría construir una serie de indicadores de desempeño de la procuración de justicia, inicialmente a nivel estatal y, tal vez en una segunda fase, con algún nivel adicional de desglose (¿municipio? ¿agencia del Ministerio Público?).
2. Es necesario educar al público sobre el significado concreto de la reforma judicial en general y del debido proceso en particular. Se podría hacer con campañas informativas tradicionales, pero tal vez resultaría más eficaz hacerlo por la vía de la ficción ¿No se podría producir una serie o una telenovela donde se mostrase la operación del nuevo sistema de justicia, enfatizando la necesidad de garantizar los derechos de los inculpados? (en Estados Unidos, es muy popular la temática).
3. Es necesario alinear los incentivos políticos y personales de procuradores/fiscales y demás personal de procuración de justicia con la mejora institucional. Para eso, se me ocurren algunas posibilidades: a) los procuradores o fiscales podrían ser electos en votación directa (a la manera de Estados Unidos), con posibilidada de reelección consecutiva, b) los procuradores podrían ser sujetos a confirmación legislativa tras su nombramiento y ratificados de manera periódica (¿cada 3 años?), c) se podrían crear bolsas presupuestales concursables que sirvieran de bonos de desempeño para el personal de las procuradurías que obtuviesen los mejores resultados (o la mayor mejoría) en los indicadores descritos arriba, y d) se podría crear un premio privado para procuradores, a la manera del Premio Ibrahim en África.

Cada una de estas ideas tiene múltiples inconvenientes y algunas pueden ser francamente inviables. Pero, si no sirven, pensemos en otras:  es terriblemente urgente crear condiciones políticas que protejan  la reforma judicial y permitan que tenga efectos transformadores sobre la procuración de justicia. En automático no va a venir nada, salvo frustración ciudadana y, en una de esas, una trágica reversa en el camino hacia un sistema de justicia medianamente civilizado.