Lo siento mucho, pero no voy a escribir sobre el expediente Cassez. No conozco el caso suficientemente bien como para decir algo que no se haya dicho ya mil veces en la última semana. Si alguien quiere detalles, le recomiendo que acuda a la minuciosa reconstrucción que hizo Héctor de Mauleón hace algunos meses. Sin embargo, el asunto del debido proceso, quid del caso de la francesa, amerita una discusión más amplia. A mi juicio, hay varios cabos sueltos, más de órden político que jurídico, en el debate público sobre el tema.
Según entiendo, hay tres grandes argumentos a favor del debido proceso:
No tengo problemas con los primeros dos, pero el tercero me parece incompleto. En particular, creo que obvia los incentivos reales a los que está sometido el personal de procuración de justicia, aún en el nuevo sistema oral y acusatorio. Vamos por partes:
En resumen, los posibles efectos positivos del debido proceso (y de la reforma al sistema de justicia penal, en general) sobre la calidad de la procuración de justicia no serán automáticos. Dependerán de un contexto político favorable que hoy no existe ¿Cómo crearlo? No tengo respuestas muy elaboradas, pero van algunas ideas sueltas:
Cada una de estas ideas tiene múltiples inconvenientes y algunas pueden ser francamente inviables. Pero, si no sirven, pensemos en otras: es terriblemente urgente crear condiciones políticas que protejan la reforma judicial y permitan que tenga efectos transformadores sobre la procuración de justicia. En automático no va a venir nada, salvo frustración ciudadana y, en una de esas, una trágica reversa en el camino hacia un sistema de justicia medianamente civilizado.
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