“¿Cómo evalúa el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto?”

He recibido esa pregunta unas 28 veces en los últimos tres días (pues sí, soy popular). Con toda probabilidad, me la harán varias veces antes de que acabe la semana. Para facilitar la comunicación, va mi respuesta abreviada:

1. En su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto prometió “ajustes, no cambios” a la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. En sentido amplio, ha cumplido: con diferencias de grado y énfasis, la estrategia de la administración previa se ha mantenido. Las fuerzas armadas no han regresado a los cuarteles. Los operativos federales persisten, sin fecha de terminación (y reforzados en algunos casos). La política de decapitación y desmantelamiento de grupos criminales continúa (v.gr, el Z-40). La Policía Federal sigue en fase de crecimiento. La cooperación con Estados Unidos no ha cesado (aunque el tono es menos cordial y la operación más centralizada).
2. Si bien la continuidad es la nota dominante, algunos ajustes han sido significativos. Particularmente destacable es la centralización de recursos y facultades en la Secretaría de Gobernación: no hay duda ya de quién es responsable de la política de seguridad (para bien o para mal). El énfasis casi obsesivo en la coordinación ha hecho menos estridente y conflictiva la relación entre dependencias federales y con los gobiernos estatales (aún está por verse si también la ha hecho más eficaz). Por último, la política de comunicación se ha transformado. Salvo excepciones notables, los detenidos por fuerzas federales no son presentados ya ante los medios. Los capos, lugartenientes, operadores y sicarios han desaparecido del lenguaje oficial. En general, el gobierno habla menos del tema.
3. La misma política, con ajustes, tiende a producir los mismos resultados, con ajustes. Eso es precisamente lo que hemos visto en estos meses. Entre enero y octubre, se registraron 15350 averiguaciones previas por homicidio doloso, lo cual implica un total anual preliminar de aproximadamente 18,500. Pero ese número, con toda certeza, será revisado al alza entre 5 y 10% (tal como sucede todos los años). Ello significa un total anual ajustado entre 19400 y 20350. Es decir, el número de homicidios previsiblemente va a disminuir entre 6 y 11% comparado con 2012. No es un mal resultado, pero no es notoriamente distinto a la caída de 4.7% registrada el año pasado.
4. Si la curva de homicidios apunta en la dirección correcta, lo mismo no se puede decir de los secuestros o la extorsión. Este año cerrará con el mayor número de secuestros denunciados desde 1997. Ídem para la extorsión. Eso podría reflejar un incremento de las denuncias y no necesariamente un aumento de los delitos, pero cuesta trabajo explicar un crecimiento tan abrupto de la propensión a denunciar. Lo más probable es que, en efecto, haya (bastante) más secuestros y extorsiones.
5. La transformación institucional es la clave para obtener mejores resultados. Desgraciadamente, ese es el mayor pasivo del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Se ha hecho muy poco para acelerar los cambios al aparato de seguridad y justicia. Lo único realmente destacable es la inminente aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debería facilitar la transición al nuevo sistema de justicia penal. En materia de reforma policial, hay poco o nada. El muy cacareado ajuste al modelo de control de confianza se ha pospuesto una y otra vez. Ídem para otros temas de desarrollo policial. El proyecto de la Gendarmería se colapsó bajo el peso de sus propias contradicciones y quedó sólo un remedo de la propuesta original. En lo referente a las prisiones, hay muy poco que presumir. En resumen, fue un año perdido para la reforma institucional.
6. Algo similar se puede decir en materia de derechos humanos. No me detengo mucho en ese tema, pero los invito a que lean la carta enviada ayer por Human Rights Watch al Presidente Peña Nieto. Es un diagnóstico demoledor.
7. A nivel regional, la situación ha mejorado en algunos estados del norte (particularmente en Nuevo León). En cambio, el suroeste (Michoacán, Guerrero, Morelos) sigue siendo zona de desastre. La situación en Michoacán es particularmente angustiosa, dada la proliferación de grupos armados irregulares. Octubre fue de hecho el mes más violento de los últimos 15 años en ese estado: 114 homicidios dolosos, más que en Chihuahua y casi el mismo número que en Guerrero. Y ante la crisis michoacana, el gobierno no alcanza a definir una estrategia, más que golpes de efecto (v.gr., Lázaro Cárdenas) y llamados piadosos a la coordinación (con un gobierno estatal perfectamente inútil).

En resumen de resúmenes, no ha sido un año catastrófico, pero ciertamente no ha sido bueno. Se puede discutir todo lo que se quiera sobre la disminución puntual en el número de homicidios, pero, sin lugar a dudas, no hay una mejoría dramática en las condiciones de seguridad. Y las cosas no apuntan mucho mejor para el futuro: la agenda de transformación institucional ha estado, en el mejor de los casos, en piloto automático, sin liderazgo político para llevarla a buen término. Peor aún, el pensamiento estratégico del gobierno no parece haber evolucionado mayormente en un año: a las preguntas sobre la política de seguridad, se sigue respondiendo con las mismas banalidades sobre coordinación, prevención o inteligencia que han marcado el discurso del gobierno desde hace doce meses.

En fórmula para tuit, 2013 tuvo poco nuevo, poco bueno y casi nada alentador.