
A partir del 9 de enero del próximo año, todas las líneas telefónicas móviles del país deberán estar vinculadas a una persona física o moral, como parte del nuevo proceso normativo que avaló el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Este lunes, la comisión que fue creada en julio pasado tras la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó y emitió los nuevos lineamientos para la identificación de las líneas telefónicas móviles, una regulación con la que se elimina el anonimato “que permite usar este servicio para cometer delitos”.
La CRT señaló que el proceso para vincular las líneas a personas físicas o morales comenzará en 2026 en todo el territorio nacional.
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“Esta nueva regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago, y se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular”, señaló la comisión en un comunicado.
Añadió que los operadores telefónicos resguardarán la información de los usuarios y cumplirán con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la cual establece el tratamiento de datos personales.
Los lineamientos, indicó la CRT, entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Para asociar las líneas telefónicas señaló que los documentos de identidad requeridos son:
Entre el 1 de septiembre y hasta el mes de octubre, la SSPC y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
(ATDT) iniciaron una prueba piloto para el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil de compañías como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán, a través de algún documento oficial que contenga la CURP para activar la tarjeta SIM, a fin de vincularlos con la línea telefónica que contraten o adquieran.
La SSPC informó que los datos personales quedarían bajo el resguardo de las compañías telefónicas, de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el gobierno no tendría acceso a ellos.
Es decir, en esta primera fase solo las líneas nuevas adquiridas de forma presencial tuvieron que registrarse con CURP. Sin embargo, se determinó la ampliación del registro hasta cubrir todos los chips en el país.
De esta manera, el Gobierno de México, en conjunto con la ATDT y los operadores móviles, busca que, por ley, todos los usuarios registren sus líneas telefónicas. Si esto no ocurre, inhabilitarán el servicio.
El artículo trigésimo transitorio de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece la emisión por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los lineamientos para la identificación de líneas del servicio móvil.
José Flores, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), dijo a El Sabueso que no se trata solamente de una “ley espía” como se ha llamado en redes, sino de un conjunto de reformas de vigilancia masiva sin controles entre las que está el marco legal de telecomunicaciones.
“Toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana”, establece dicho artículo. En otras palabras, no se podrán hacer o recibir llamadas regulares, mensajes, ni usar datos móviles para navegar por internet.
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La finalidad de estas medidas es impedir que personas adquieran líneas telefónicas de forma anónima, práctica que ha sido utilizada por la delincuencia organizada para cometer fraudes, extorsiones y otros delitos.
Pero Flores advirtió que grupos criminales podrían usar chips extranjeros, identidades falsas o registrar líneas a nombre de terceros para cometer delitos y esa persona podría quedar bajo investigación hasta probar su inocencia. Además, los registros masivos de telecomunicaciones pueden volverse un blanco atractivo para ciberataques o un mecanismo de vigilancia sin controles.