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Acceso a territorio, acceso al asilo
La contingencia sanitaria provocada por el COVID ha sido usada por agentes migratorios como la excusa perfecta para incumplir el principio de no devolución en aras de, supuestamente, salvaguardar la seguridad nacional. 
Por Ariadna Cano Cuevas
15 de octubre, 2020
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El ingreso a territorio mexicano se ha convertido en un gran reto a superar por parte de personas extranjeras, especialmente de aquellas que buscan la protección internacional en nuestro país. En particular, desde sociedad civil hemos observado con preocupación el actuar irregular por parte del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y demás autoridades involucradas adscritas a los aeropuertos internacionales, mismo que deriva en una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo en sus intentos de ingreso vía aérea.

Entre dichas violaciones encontramos la incomunicación, discriminación, malos tratos, privación ilegal de la libertad personal, inobservancia del debido proceso, traslado y detención en estación migratoria, hasta la propia devolución –muchas veces, mediante el engaño o la coacción para firmar el “retorno voluntario”– a su país de origen o residencia habitual, sin un análisis previo, particular y exhaustivo del posible riesgo que ello conllevaría. Todo ello se traduce en una imposibilidad de acceso a territorio y, en consecuencia, de acceder de manera efectiva a su derecho de buscar y recibir asilo.

Tan solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron enviadas a segunda revisión 23,633 personas durante el año 2018, de las cuales 10,831 fueron rechazadas. Estas cifras se vieron considerablemente aumentadas de enero a noviembre de 2019 con un total de 30,244 personas en segunda revisión, de las cuales fueron rechazadas 18,479.1

Las cifras son alarmantes, pero la situación va más allá de números; cada uno significa una vida, una historia que contar, muchas de ellas, atroces, inimaginables. Son personas que buscan un refugio para lograr una calidad de vida digna, misma que no pudieron encontrar en su país debido a persecuciones, amenazas, violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos, entre otras causas.

El orden normativo mexicano reconoce de manera explícita el principio de no devolución como uno de los ejes rectores del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; del mismo modo, se prevé la obligación de cualquier autoridad de dar aviso inmediato y por escrito a la Secretaría de Gobernación –a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) – en cuanto sea sabedora de la pretensión de un extranjero de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. No obstante, en la práctica, observamos que estas y muchas otras obligaciones son incumplidas de manera arbitraria, lo cual convierte a los aeropuertos en “tierra de nadie” donde suelen violarse los derechos humanos de esta población.

Lamentablemente, la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) suma nuevos retos y, en ocasiones, ha sido usada por agentes migratorios como la excusa perfecta para incumplir el principio de no devolución en aras de, supuestamente, salvaguardar la seguridad nacional.

Al respecto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha manifestado que, si bien los Estados pueden implementar medidas que incluyan una revisión o exámenes médicos previo al ingreso y/o cuarentena de personas en necesidad de protección internacional, tales medidas no pueden resultar en la negación de una oportunidad efectiva de solicitar asilo o dar lugar a la devolución.

En consecuencia, los Estados tienen el deber frente a las personas que se presenten en sus fronteras, de examinar de manera independiente su necesidad de protección internacional y garantizar que no corran el riesgo de ser devueltas. Si existe tal riesgo, el Estado no puede negar la entrada o expulsar de manera forzosa a la persona en cuestión.2

Ante este preocupante panorama, desde Sin Fronteras, I.A.P. se ha desarrollado una estrategia que tiene como objetivo asesorar y brindar acompañamiento a las personas solicitantes de asilo en su ingreso a México vía aérea. Esto se hace desde una perspectiva de atención integral, no solo atendiendo al aspecto jurídico, sino al bienestar psicosocial de las personas.

Dentro de esta estrategia buscamos acceder a sistemas jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos; sin embargo, se han detectado irregularidades que, en ciertas ocasiones, han impedido concretar las suspensiones o medidas cautelares solicitadas a efecto de brindar la mayor protección a las personas frente al riesgo inminente de ver sus derechos violentados.

Organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia hemos sumado esfuerzos para visibilizar dicho contexto que se ha agravado en últimos años. Asimismo, creemos firmemente en la necesidad de brindar información clara y accesible a todas las personas extranjeras sobre el derecho al asilo y en el urgente fortalecimiento y amplitud de la presencia de COMAR en todo el territorio nacional, especialmente en puntos de internación como los aeropuertos. En el mismo sentido, se debe reforzar su comunicación y coordinación con el INM a fin de brindar atención profesional y especializada a las personas en contexto de movilidad humana.

En definitiva, el Estado Mexicano debe permitir a las personas sujetas de protección internacional el acceso a territorio como una de las garantías para que accedan de manera efectiva al asilo. Hacer lo contrario constituye no solo un evidente incumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de protección internacional y derechos humanos, sino también una condena contra la vida, seguridad y/o libertad de miles de personas.

* Ariadna Cano Cuevas es abogada del área de asilo en @Sinfronteras_1.

 

 

1 Datos obtenidos de la Secretaría de Gobernación mediante solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

2 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Consideraciones jurídicas sobre el acceso al territorio para las personas en necesidad de protección internacional en el contexto de la respuesta frente al COVID-19, 16 Marzo 2020, disponible en esta dirección.

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