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El papel de los gobiernos municipales en la política migratoria: el caso Tijuana
La Ley de Migración es muy clara al establecer que la única facultad que los gobiernos municipales tienen en material migratoria es coadyuvar con el gobierno federal en la implementación de actos humanitarios, así como la asistencia y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
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27 de junio, 2019
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Por: Nayomi Aoyama González

En los últimos meses la entrada masiva de personas provenientes al Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) a territorio mexicano, ha llamado la atención de la sociedad mexicana y se ha posicionado como uno de los temas más importantes en el debate público. La movilización masiva de personas centroamericanas y su llegada a territorio nacional no es un fenómeno reciente, este tipo de migración ha existido por más de una década y, muy probablemente, seguirá ocurriendo por varios años más (1).

La migración grupal y organizada es altamente utilizada sobre todo en aquellos contextos donde las personas buscan salir de sus países de origen huyendo de una situación de riesgo generalizado en contra de su vida, seguridad y libertad, ya que se convierte en una forma segura de migrar (2). Este es el caso de las personas centroamericanas, que, en su mayoría, han tenido que salir de su país de origen a causa de la violencia generalizada en búsqueda de protección internacional. La migración grupal organizada minimiza el peligro que se produce al migrar a través de redes de contrabando de personas o de forma individual.

Muchas de las personas dentro de estas denominadas “Caravanas Migrantes” tienen como objetivo cruzar por México y llegar a la frontera con los Estados Unidos de América para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, debido a que consideran ese país como un lugar más seguro y con las condiciones adecuadas para iniciar una vida sin riesgo de ser perseguidos; esto ofrece a las ciudades fronterizas de México un importante reto en protección de los derechos de las personas migrantes.

Fue así que a inicio del mes de noviembre de 2018 llegaron a Tijuana alrededor de seis mil personas migrantes provenientes principalmente de Centroamérica (3). A pesar de las innegables muestras de solidaridad mostrada por la sociedad Tijuanense, algunos sectores de la población recibieron a las personas migrantes en un ambiente de hostilidad. Durante los primeros meses del arribo de la “Caravana”, los gobiernos estatal, federal y municipal comenzaron acciones a fin de atender las necesidades de estas personas y restaurar el orden social.

En el marco de lo anterior, el 16 de noviembre de 2018 el presidente municipal de Tijuana y el secretario de Seguridad Pública dirigieron un mensaje a la sociedad tijuanense, en el cual se daba información sobre las acciones tomadas por el gobierno para atender la situación. En esta conferencia de prensa transmitida mediante redes sociales y reproducida por muchos medios de comunicación, el presidente envía un mensaje de “Cero Tolerancia” hacia las personas migrantes, señalando que solamente aquellos “migrantes” que se “portaran bien” serían bienvenidos en Tijuana y que aquellos que cometieran infracciones administrativas serían “remitidos” al Instituto de Migración para su deportación.

Las palabras proferidas por el presidente municipal daban cuenta de una estrategia de control migratorio puesta en acción por el gobierno municipal desde mucho antes de la llegada de la Caravana. El gobierno municipal había instruido a la policía municipal detener personas migrantes por faltas administrativa, para posteriormente ser “entregados” al Instituto Nacional de Migración -institución que en muchas ocasiones deportaba a estas personas-.

Esta práctica de control migratorio por parte de autoridades estatales o municipales no es exclusiva del municipio de Tijuana, y tampoco del estado de Baja California. Muchas otras ciudades fronterizas y no fronterizas utilizan esta forma de detención administrativa para hacer labores que materialmente son de control y verificación migratoria. Lo cual además de ser contrario a lo establecido por la ley, es discriminatorio. Según lo establecido por la Ley de Migración la única autoridad que puede hacer labores de control migratorio es el Instituto Nacional de Migración, y ninguna otra autoridad federal, estatal o municipal puede cuestionar a una persona sobre su estatus migratorio, y mucho menos una persona puede ser deportada por el simple hecho de cometer una falta administrativa -tal como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o tirar basura-.

Debido a lo anterior el pasado tres de diciembre de 2018 la organización Alma Migrante A. C. solicitó ante el Poder Judicial Federal amparo y protección con la finalidad de impedir que más personas migrantes fueran víctimas de esta práctica ilegal y de promover dentro de la comunidad tijuanense un mensaje de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. El amparo indirecto 1597/2018 fue resuelto el pasado cuatro de junio de 2019 por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo de Juicios Federales en el estado de Baja California.

En una resolución sin precedentes, el Juzgado de Distrito determinó que ni las autoridades municipales, ni las autoridades Estatales, ni ningún otra autoridad federal distinta al Instituto Nacional de Migración puede realizar labores de revisión, control o verificación migratoria. Esto significa que ninguna otra autoridad, ni siquiera un agente policial o militar puede solicitar a una persona en territorio mexicano información sobre su situación migratoria. Señaló que la legislación migratoria es contundente al establecer que estas labores son únicas y exclusivas de la autoridad migratoria y no pueden ser delegadas.

El juez determinó que el presidente municipal violó el derecho a la información de las personas migrantes y de la sociedad tijuanense en general, al presentar en conferencia de prensa información falsa y contraria a la ley. El juez estableció que el discurso de 16 de noviembre incrementó desinformación de la sociedad tijuanense sobre derechos de las personas migrantes y abonó al clima de rechazo vivido durante esos meses en la ciudad. Así mismo determinó que es obligación del gobierno municipal brindar información que promueva entre los habitantes de Tijuana el conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.

Otro importante elemento analizado por el Juzgado fue la caracterización que el presidente municipal le da a la seguridad pública. La sentencia señala que el discurso “cero tolerancia” implícitamente deja como mensaje que la seguridad pública solamente “aplica” para los “tijuanenses” y , precisamente, frente a los actos de migrantes que hagan desorden. El juzgador determinó que este mensaje era discriminatorio, y que las autoridades municipales están obligadas a proteger la seguridad pública de cualquier persona con independencia de su situación migratoria o nacionalidad.

La crisis económica y de seguridad pública vivida en los países del Triangulo Norte y la nueva política bilateral pactada por el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense (4) nos muestran que el flujo masivo de personas migrantes hacia las ciudades del norte del país es un fenómeno que se mantendrá constante. Ahora, más que nunca, los gobiernos municipales deben tomar un rol decisivo en la protección y respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. La Ley de Migración es muy clara al establecer que la única facultad que los gobiernos municipales tienen en material migratoria es coadyuvar con el gobierno federal en la implementación de actos humanitarios, así como la asistencia y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

Por tanto, los gobiernos municipales no solamente deberán de abstenerse de realizar labores de control, revisión o verificación del estatus legal de las personas migrantes que se encuentren en su territorio, sino que deberán de tomar un papel activo en la promoción de una cultura de conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes entre sus gobernados. De esta forma se pueden mitigar las consecuencias negativas que la desinformación, el odio y la discriminación producen en los derechos de las personas migrantes. Así mismo, los gobiernos municipales, estatales y federales deben dejar de polarizar el mensaje de seguridad ciudadana, eliminando de sus discursos la presunción que las personas migrantes representan un riesgo a la seguridad por el simple de tener una nacionalidad diferente. Ningún gobierno puede basar su política de seguridad ciudadana en la discriminación, ya que, como lo precisó el juez de distrito, es su obligación brindar seguridad a todas las personas en su territorio.

* Nayomi Aoyama González es activista en Alma Migrante, A. C. (@NayomiAoyama ‏).

@SinFronteras_1

 

(1) MartínezHernández-Mejía, Iliana, Reflexiones sobre la caravana migrante, En Análisis Plural, primer semestre de 2018. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. 2018, p.231.

MartínezHernández-Mejía, Iliana, Reflexiones sobre la caravana migrante, En Análisis Plural, primer semestre de 2018. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. 2018, p.231.

La Caravana de Migrantes Centroamericanos en Tijuana. 2018, Diagnóstico y Propuestas de Acción. Actualizado al 13 de Diciembre de 2018. El Colegio de la Frontera Norte.

U.S.-Mexico Joint Declaration, MEDIA NOTE OFFICE OF THE SPOKESPERSON WASHINGTON, DC, JUNE 7, 2019.

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