La reparación del daño para las personas en contexto de movilidad
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Sin Fronteras es una organización civil mexicana, laica, apartidista y sin fines de lucro, que t... Sin Fronteras es una organización civil mexicana, laica, apartidista y sin fines de lucro, que trabaja para contribuir al cambio de las condiciones en las cuales ocurren las migraciones internacionales y el asilo, a fin de que estos se den en un marco de plena vigencia de los derechos humanos de los migrantes internacionales, solicitantes de asilo, refugiados y sus familiares. Síguela en Twitter @SinFronteras_1 (Leer más)
La reparación del daño para las personas en contexto de movilidad
Los casos representados desde Sin Fronteras que se comparten a continuación han logrado acceder a diversas medidas reparatorias de acuerdo a su particularidad. Estos nos permiten reflexionar hasta qué punto los procedimientos iniciados y las medidas alcanzadas contribuyeron a reparar realmente las afectaciones causadas en cada caso. Una reflexión a la que se invita a cada lector.
Por Evelin Saucedo Ximena Suárez
13 de mayo, 2022
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En el actual contexto mexicano la reparación integral del daño supone una vía que se encuentra disponible para todas aquellas personas que han sufrido una violación a sus derechos humanos, sin embargo resulta válido preguntarse, ¿quién realmente puede acceder a una reparación?

Desde la experiencia de organizaciones como Sin Fronteras podemos afirmar que existen distintos puntos de partida a considerar: en principio, es esencial que la persona cuente con la información mínima para saberse titular de este derecho a la reparación; dos, es importante que exista una representación legal que le apoye en la exigencia de sus derechos (esto de forma lamentable, ya que una persona por sí misma debería estar en posibilidad de exigir sus derechos sin necesidad de representación legal); tres, es importante considerar que el reconocimiento de su calidad de víctima será otro factor fundamental para acceder a una reparación del daño, en donde importa quién o qué autoridad le ha reconocido dicha calidad y en cuánto tiempo puede reconocerla como tal. Más allá de ello, contar con estos primeros elementos no asegurará el acceso al mencionado derecho, pues son excepcionales los casos que obtienen una reparación integral, siendo más habitual que no se logre acceder a la misma por diversos motivos. ¹

Los casos representados desde Sin Fronteras que se comparten a continuación, aun con las limitaciones arriba expresadas, han logrado acceder a diversas medidas reparatorias de acuerdo a su particularidad. Estos nos permiten reflexionar hasta qué punto los procedimientos iniciados y las medidas alcanzadas contribuyeron a reparar realmente las afectaciones causadas en cada caso. Una reflexión a la que se invita a cada lector.

Caso S.

El Caso de S. se trata de uno de los primeros casos representados por la organización en temas de reparación, recordando que en 2010 aún no se concretaba el cambio de paradigma en materia de derechos humanos a través de las reformas constitucionales a nuestro sistema jurídico.  A partir de un juicio de amparo iniciado desde el año 2009, seguido por un procedimiento de responsabilidad patrimonial en contra del Estado, S. inició una acción de reparación frente a la actuación irregular del Instituto Nacional de Migración (INM) quien en ese momento resolvió asegurarlo provisionalmente en la estación migratoria del entonces Distrito Federal, determinar su expulsión del país, prohibir su ingreso a México por un año, además de imponerle diversas multas, a pesar que S. contaba con la posibilidad de acceder a un Programa de Regularización para personas extranjeras que entonces se encontraba vigente.

Ambos procedimientos iniciados permitieron cuestionar las medidas que determinó la autoridad migratoria y si éstas fueron resueltas respetando los derechos humanos de S., lo anterior reconociendo que un Juez de Amparo había dictado ya una sentencia que otorgaba el amparo y protección para S. para que la autoridad migratoria dejara insubsistente la resolución que ordenó inicialmente. En el caso particular de S. su detención se extendió por un recurso de revisión presentado por una de las autoridades en juicio, hecho que significó que S. permaneciera por más de 4 meses en la estación migratoria.

El procedimiento administrativo fue acompañado por distintos equipos legales durante casi 10 años, logrando que S. accediera a un reconocimiento del daño causado y que fuera reparado económicamente, siendo el primer caso en que responsabilizó patrimonialmente al INM, y se obtuvo además el reconocimiento público del actuar incorrecto de las autoridades migratorias. No obstante, después del largo camino frente a distintas autoridades, ¿esta reparación por la vía patrimonial pudo reparar realmente las afectaciones a sus sentimientos y vida privada generadas en su momento a S. cuando él podía regularizar su situación desde un principio? ¿Cómo se le podría reparar por los más de 90 días que estuvo detenido en la estación migratoria?, tiempo durante el cual fue objeto de actos discriminatorios por sus preferencias sexuales, separado de la población masculina bajo el argumento de salvaguardar su integridad física -sin que existiera un protocolo para efectivamente salvaguardar la misma-, considerando el acoso que sufrió por parte de otros migrantes detenidos, y confinándole a un área de atención psiquiátrica de la misma estación.

Caso M.

Otro caso iniciado en 2009 y que subsiste hasta el día de hoy, nos permite preguntarnos ¿hasta qué punto las violaciones a derechos humanos cometidos en contra de una persona que fue detenida, expulsada y entregada a un gobierno de otro país afectan sólo a esa persona como individuo?, ¿cómo entender el daño provocado a su grupo familiar y cercano?, ¿acaso esas afectaciones a su persona pueden repararse bajo esta formulación que concebimos como reparación del daño?

El caso de M. quien en un solo día fue citado a comparecer en las oficinas de Migración, quienes más tarde lo detuvieron, violentaron, subieron a una avioneta y entregaron a las autoridades de Colombia, lugar donde permaneció en la cárcel por un par de años, permite cuestionar los límites del sistema de justicia de un país como México ante violaciones que se han probado fueron cometidas por agentes y funcionarios que fueron parte del INM en aquel momento y que han sido reconocidas después sólo de un cúmulo importante de juicios de amparo, procedimientos administrativos, juicios de nulidad y quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los que la familia, personas cercanas y equipos legales diversos han invertido cerca de 10 años para lograr su reconocimiento como víctima de violaciones a sus derechos humanos a nivel nacional, lográndose también  la cifra más alta pagada, en términos de responsabilidad patrimonial, del Estado a una persona extranjera por las violaciones a derechos humanos cometidos en su contra.

No obstante, lo anterior, ¿cómo entender la reparación de un caso como este sólo en términos monetarios?, considerando que las afectaciones al plan de vida han impactado no sólo a M.  directamente, sino a su grupo familiar en su conjunto. Un caso que sigue empujándose para que sea conocido en sede interamericana, dadas las demandas que permanecen por parte de M. y su familia, para quienes la reparación implica el reconocimiento de la complicidad de ambos gobiernos que le violentaron, la investigación y determinación de las responsabilidades administrativas y penales de quienes participaron en este operativo y el reconocimiento público de lo sucedido con la intención que esto sirva para que las violaciones que él enfrentó no vuelvan a repetirse más. Acaso ¿debería de limitarse la reparación integral sólo a aquello que se encuentra formalmente reconocido en una norma jurídica?

Caso A.

¿Cómo reparar también a quién no sólo ha sido víctima de un delito sino también víctima de violaciones a sus derechos humanos?, ¿a qué vías recurrir para acceder a una reparación integral cuándo se cuestiona por la autoridad la condición de víctima de las personas? El caso de A., por su parte nos permite reconocer que no siempre la vía del litigio y el juicio de amparo permiten a las personas acceder de forma efectiva a la justicia, sobre todo si además se atraviesan condiciones de género, condiciones de mayor vulnerabilidad al estar en un país como una persona extranjera y si el Estado no ha asegurado que las  condiciones mínimas de bienestar físico y mental han sido satisfechas  a víctimas de un delito como lo es la trata de personas.

En el caso de A., aún a pesar de contar con una sentencia que la reconocía como víctima de este delito, ella tuvo que enfrentar dos juicios de amparo adicionales que reconocerían las violaciones a sus derechos, procedimientos en los que A. y su equipo legal tuvieron que invertir cerca de 2 años para reconocerse que efectivamente el INM la había violentado al no haber detectado de forma oportuna sus necesidades específicas y haberla detenido en una estación migratoria por más de un mes. No obstante, lo anterior y sólo a partir de una Recomendación resuelta por la CNDH, A. pudo acceder de forma efectiva a una atención médica y psicológica para valorar sus necesidades y proponer un seguimiento, pudo continuar su procedimiento ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de dar continuidad al proceso penal que en su momento la reconoció como víctima del delito. Una cuestión adicional es que se recomendó a ambas autoridades señaladas como responsables a generar y modificar sus protocolos para asegurar que futuros casos fueran detectados, canalizados y atendidos a tiempo, además de procurarse capacitaciones para el personal de ambas instituciones para evitar que estos hechos volvieran a repetirse. Todo lo cual, si bien sustentado en los más altos estándares internacionales en temas de reparación integral, no ha logrado transformar la situación  de A. o en general de víctimas de trata de personas, al entender la naturaleza limitada de las Recomendaciones emitidas por parte de este organismo autónomo de derechos humanos, e incluso reconociendo que podría darse un acompañamiento mucho más estrecho a víctimas de este tipo de casos,  pues no es sencillo para muchas de ellas entender todas las autoridades que se involucran, y su nivel de participación y responsabilidades, lo que se espera de ellas mismas en el diálogo y acuerdos con las autoridades que les violentaron y que ellas mismas pueden proponer que es para ellas mismas una reparación del daño.

En concreto, para los casos abordados, ¿hasta qué punto las medidas reparatorias logran satisfacer el interés de la persona que es víctima? Sobre este respecto, resulta vital que los distintos órganos y autoridades que buscan reparar los daños causados a las víctimas, se permitan tomar en cuenta todos los aspectos morales, físicos, económicos e, inclusive, la afectación al proyecto de vida de las personas involucradas. Es por ello, que las decisiones en materia de reparaciones son tan amplias como la gama de daños que se pueden ocasionar a una persona cuando se violentan sus derechos humanos. En este caso debiera prevalecer la flexibilidad para que sean las propias víctimas quienes puedan proponer y resignificar las medidas reparatorias que para ellas representan una reparación en términos reales y personales, y resarcir los perjuicios derivados en su esfera personal, pero también a nivel familiar y social, dependiendo de cada situación concreta. Sin embargo, algo aún por explorar en la reparación del daño son los términos para cada caso en particular sin limitarse necesariamente a las medidas ya reconocidas.

@Sinfronteras_1

 

¹ Sean los obstáculos administrativos que se puedan presentar entre las distintas instituciones a lo largo del proceso, llevando los casos a más de un juicio por diferentes vías. Al entendimiento que cada instancia tenga sobre la reparación del daño. Después de determinada la resolución/recomendación el Estado no asume el cumplimiento de dicha reparación. Motivos inherentes a la víctima como la disposición de recursos económicos y de otro tipo, el desgaste físico y emocional al enfrentar procesos largos que muchas veces se traducen en años, impactando el propio proyecto de vida y las diferentes esferas en que se desenvuelve no sólo la persona  directamente afectada sino también su grupo más cercano, así como no sentir un apoyo o comprensión real del equipo legal que representa su caso.

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