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¿Qué sabemos de la trata de personas migrantes?
La situación migratoria irregular de las personas trasciende los fines de aquello que intentaba protegerse con la tipificación del delito de trata, con lo cual las personas víctimas quedan en un mayor grado de desprotección.
Por Ximena Suárez de la Cruz
30 de julio, 2020
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Resulta por demás inquietante lo poco que sabemos en realidad del tema de trata de personas, considerando que ésta es la tercera actividad ilícita más lucrativa a nivel mundial, sólo después del tráfico de drogas y del tráfico de armas.

Datos que sin duda alguna deberían de alertarnos y prender nuestras consciencias para afrontar este serio delito, simplemente parecen no causar el impacto deseado, a pesar de que de acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la trata de personas afecta prácticamente todos los países del mundo ─ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas─, con un impacto en más de 124 países y 152 nacionalidades distintas.1

Cifras del gobierno de los Estados Unidos nos alertan de un fenómeno que afecta a cerca de 25 millones de personas a nivel global,2 identificándose a más de 118,000 víctimas tan sólo durante 2019.3

De acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República en México, 1 de cada 4 víctimas es menor de 18 años;4 mientras que datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas 2019” identifican que son las niñas y mujeres quienes representan el mayor porcentaje de víctimas de este delito con un 85%, mientras los niños y hombres representan sólo el 15%.5

Es en atención a estos datos innegables, que con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, se dedican estas breves líneas para intentar crear una mayor conciencia respecto de la situación que enfrentan las víctimas de este delito en México, pero también para llamar la atención respecto de las dificultades particulares que enfrenta la población migrante y con necesidades de protección internacional una vez que son víctimas de este delito, ante un sistema de justicia que es aún imperfecto para proteger sus derechos.

Pero ¿qué es la trata de personas?

Como ha quedado en evidencia a partir de las cifras arriba referidas, este es un delito trasciende la noción de fronteras. Justamente al firmarse la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,6 una de las premisas de las cuales partieron los Estados para acordar estos instrumentos internacionales fue que “si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley”. Razón que llevó a incluir a la trata de personas ─junto con el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico ilícito de armas─ como uno de los delitos a combatirse dentro de este esquema de cooperación internacional.

De acuerdo con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, esta se define como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”7 Es decir, la explotación como elemento trascendental que define si una situación puede considerarse o no, constitutiva de este delito.

Si bien la mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial son objeto de trata con fines de explotación sexual,8 este no es el único fin con el que se comete este delito.

Debe recordarse también que nivel nacional, la trata de personas fue incorporada al catálogo de delitos federales sólo a partir de 2007, año en que se publicó también la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a partir de la cual los congresos locales aprobaron sus propias leyes en la materia y realizaron reformas a sus códigos penales. No obstante ello implicó una disparidad importante en los tipos penales de trata, la cual sólo pudo ser reparada a partir de la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos delitos en junio de 2012, ley que se mantiene vigente a la fecha y que retoma la definición del Protocolo.

¿Cómo afecta este delito a las personas en contexto de movilidad humana?

Un dato preocupante que nos advierte la UNODC desde 2009 es que uno de los mayores retos consiste en medir la magnitud real de este delito, ya que muchas veces se confunde con otros escenarios ilícitos. Por ejemplo, en muchas veces se confunden los casos de trata de personas, con casos de tráfico ilícito de personas migrantes y, viceversa.

En este contexto, es importante tener en cuenta que el elemento característico de la trata será siempre el elemento de la explotación, entendiéndose que el tráfico ilícito termina con la llegada de las personas migrantes a su destino, en tanto que la trata implicará la explotación de las víctimas con la finalidad de generar ganancias ilícitas para los traficantes. Otro factor importante para distinguir entre ambos ilícitos es el consentimiento, ya que en el caso de tráfico ilícito de personas migrantes, son las personas quienes consienten ese tráfico ─muchas veces sí, bajo condiciones de peligro o riesgo para las personas─; sin embargo en los casos de trata, las personas son trasladadas sin su consentimiento, o si lo consintieron inicialmente, este consentimiento se entiende corrupto en razón del engaño, coacción o abuso de poder con el que fue obtenido en principio.

Dicho lo anterior, resulta claro el impacto diferenciado que este delito tiene sobre las personas migrantes y quienes tienen necesidades de protección internacional, al encontrarse éstas inmersas en contextos culturales que les son ajenos; bajo sistemas, formas, estructuras e idiomas que muchas veces desconocen y, consecuentemente, mayormente vulnerables ante sistemas institucionales y legales que muchas veces pasan por alto la complejidad que enfrentan las personas extranjeras en territorio mexicano, quienes además son víctimas de un delito como lo es la trata de personas. Sobre esto me referiré a continuación.

Desde Sin Fronteras hemos conocido un par de casos en los últimos años que nos sirven para ejemplificar este impacto diferenciado que señalábamos líneas arriba.

Uno de ellos, el de una mujer venezolana que llegó a México bajo la promesa de dedicarse al mundo de bienes raíces en la Ciudad de México, aun cuando la situación en Venezuela no adquiría los matices que conocemos todos hoy en día. Al llegar aquí, pronto se dio cuenta del engaño, al ser obligada a prostituirse para pagar la deuda que su tratante había desembolsado para pagar su traslado en avión. María, como la llamaremos para proteger su identidad, fue víctima de una red de trata que operaba en el sur de la ciudad durante cerca de año y medio. Ella, fue finalmente rescatada en un operativo realizado en una de las casas donde estaba retenida en contra de su voluntad, pero señalada por la autoridad como co-partícipe de este delito, considerando que otras de sus compañeras retenidas la señalaron a ella como una de las personas por las cuales ellas habían llegado aquí.

En este caso, el señalamiento a María era resultado de la violencia que sus tratantes habían ejercido en su contra, ya que fue a través de sus contactos en su celular que ella fue obligada a establecer contacto con sus conocidas en Venezuela, para que sus tratantes las trajeran finalmente a la Ciudad de México. Tal y como lo reconocen los datos de la CNDH, María forma parte de este 85% de las víctimas de trata en México, no obstante, en un proceso penal marcado por la falta de un defensor adecuado, María permaneció en el Reclusorio cerca de cinco años después de una serie de acusaciones y reveses, que finalmente concluyeron con su absolución y reconocimiento como víctima de trata de personas. Lamentablemente las cosas no concluyeron aquí.

María había ingresado al país como turista, y después de siete años en México, las autoridades penales decidieron que su situación en el país debía de ser resuelta por el Instituto Nacional de Migración, por que ella en ningún momento había regularizado su situación. Acto seguido, fue trasladada en la madrugada a la Estación Migratoria de la Ciudad de México, donde permaneció privada de su libertad cerca de un mes, sin considerar mínimamente las medidas de protección que ella requería como víctima de trata.

María logró salir de la Estación Migratoria sólo a partir de que su pareja en México, con quien se había casado en el Reclusorio, dio aviso al equipo de Sin Fronteras, quien inicio un Amparo a su favor con el fin de evitar su eventual deportación y solicitar su inmediata liberación fuera por su condición como solicitante de asilo en México ─dada la situación ya explotada en Venezuela─, como solicitante de una residencia temporal ─dado su vínculo con una persona mexicana─, o bien, como solicitante de una tarjeta de visitante por razones humanitarias ─como víctima de un delito en México─. Asombrosamente las autoridades migratorias nunca dieron aviso a las autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la situación de María, o bien le suministraron los cuidados o medidas que ella necesitaba para su recuperación.

En este caso, llama a la atención de esta organización de la sociedad civil el desconocimiento de las autoridades para proveer a María de las atenciones médicas y psicológicas que ella requería y más aún, la negligencia y criminalización a partir sólo de su condición migratoria irregular, la cual se entendía había incurrido no por que María no hubiera querido regularizar su situación en el país, sino por que estaba siendo víctima de un delito. Por otra parte, sorprende también, los retrasos injustificados de parte de las autoridades en la resolución de sus procesos migratorios y de asilo, sin dejar de señalarse también los tiempos que implicó su juicio de amparo y su queja ante la CNDH, en los que ella pedía a las autoridades únicamente proceder y atender su caso bajo la perspectiva de ella como víctima del delito de trata y como mujer migrante víctima de un sistema que discrimina y vulnera derechos humanos.

Lamentablemente el caso de María no ha sido el único conocido en temas de trata desde la organización. Igualmente, el caso de Juliette, nombre con el que la llamaremos para proteger igualmente su identidad, nos muestra también el impacto que provoca no sólo el haber sido víctima del delito de trata en México, sino la discriminación que existe en contra de mujeres trans quienes además tienen una situación migratoria irregular en el país. Juliette fue víctima de trata y fue explotada sexualmente en el estado de Chiapas. Afortunadamente, ella pudo escapar de sus captores, pero al sentirse perseguida por su identidad de género en su natal Guatemala, ella decidió quedarse en México y trasladarse a la Ciudad de México, donde posiblemente encontraría mejores opciones para desarrollarse.

Su caso, a diferencia del de María, no implicó el inicio de algún proceso penal para responsabilizar a sus tratantes dado su temor de acercarse a cualquier autoridad en México, sustentada, en parte, por el rechazo sistemático que ella recibía cada vez que se identificaba como mujer. Al no contar con redes de apoyo o familia en la Ciudad, Juliette se vio obligada pronto a ejercer nuevamente el trabajo sexual como forma de subsistencia, fue por ello que en una ocasión que un cliente no quiso pagarle llamó a una patrulla, para él fue fácil llamar a una patrulla y acusarla de un robo que ella nunca cometió. Del mismo modo que María, al percatarse la autoridad penal que Juliette era una persona guatemalteca, fue trasladada de inmediato a una Estación Migratoria, donde poco o nada hicieron las autoridades para identificar sus necesidades de protección internacional, o su condición previa como víctima del delito de trata. Ello significó que muy a pesar de que desde Sin Fronteras se iniciaron las acciones legales pertinentes, al recobrar su libertad, ella decidiera continuar su camino hacia al norte en búsqueda de un lugar donde tuviera la confianza y seguridad que ella necesitaba.

Ambos casos reseñados aquí nos dan muestra del tratamiento que algunas víctimas de trata reciben en México, más allá de las normas y procedimientos institucionales que se han creado en nuestro país para intentar proteger los derechos de estas personas.

Resulta claro que, preocupantemente, la situación migratoria irregular de las personas trasciende los fines de aquello que intentaba protegerse con la tipificación de este delito, con lo cual las personas víctimas quedan en un mayor grado de desprotección, induciendo que éstas terminen desconfiando aun más de las leyes e instituciones que intentan protegerlas, razón por la que vale la pena llamar la atención de todos ustedes lectores a través de esta columna.

Vale la pena pensar y dedicar aunque sea unos breves minutos para repasar las implicaciones de este delito altamente trascendental y con un impacto mayúsculo a nivel mundial.

* Ximena Suárez De la Cruz es Abogada del Área de Defensoría en Sin Fronteras IAP (@Sinfronteras_1).

 

1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2014”, Resumen Ejecutivo, disponible aquí.

2 Department of State, United States of America , “Trafficking in Persons Report”, 20th Edition, june 2020, disponible aquí.

3 Global Law Enforcement Data, Ibidem., p. 43.

4 Fiscalía General de la República, “La trata de personas en cifras”, 25 de junio de 2018, disponible aquí.

5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas 2019”, Resumen Ejecutivo, p. 9, disponible aquí.

6 Adoptada por la Resolución 55/25 de la Asamblea General, el 15 de noviembre de 2000.

7 Artículo 3, fracción a) del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños

8 En América Central y el Caribe, más niñas son objeto de trata con fines de explotación sexual, mientras que en las otras subregiones del continente es más común la detección de trata de mujeres adultas con estos fines. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “La UNODC presentó el Informe Global de Trata de Personas 2018, con énfasis en Sudamérica”, 4 de febrero de 2019, disponible aquí.

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