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Salud pública, sin lugar para el nacionalismo
Se requirió de una ONG, dos instituciones gubernamentales y casi 6 horas de esfuerzo de varios individuos de esas instancias para lograr que los funcionarios del gobierno encargados de llevar a cabo la vacunación reconocieran los derechos de una señora venezolana de 68 años a ser vacunada.
Por Whitley Raney
27 de abril, 2021
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Parece que hoy en día el único tema de conversación es la vacuna contra COVID-19. Quién la ha recibido, quién no la ha recibido, quién debería recibirla. ¿Es efectiva? ¿Es segura? ¿Nos regresará a la normalidad? ¿En cuánto tiempo?

Es un tema que tal vez se siente muy polarizado ahora, pero en el mundo de inmunización y salud pública somos todos contra los virus. La OMS celebra la semana internacional de la inmunización la última semana de abril de cada año, reconociendo que las vacunas salvan hasta 3 millones de vidas anualmente y que son de las estrategias de mayor costo efectividad en el ámbito de salud pública.

No es un tema nuevo. A veces damos por sentado el número de enfermedades que se han erradicado en la región gracias a la aplicación coordinada de esas inyecciones en su momento correcto. Pero esto es por un esfuerzo internacional, que no reconoce fronteras ni clase social ni genero ni condición migratoria. Las vacunas no pueden ser condicionadas con base en los documentos que trae la persona. Porque si esa persona reside en la misma localidad que tú —independientemente de la razón— también tiene que recibir la vacuna para que TÚ estés protegido.

El nacionalismo no puede existir a lado de las crisis de salud pública. No hay cabida en querer tener los recursos mexicanos a beneficio de mexicanos. No hay espacio para una mentalidad de escasez. Y si bien existe en este momento una escasez de vacunas, esto trae mayor razón por lo cual esa aplicación debería ser ciega a nacionalidad y condición de la estancia en este país, yendo a las personas más vulnerables primero y eventualmente llegando a todos los que residimos en México. Hay ejemplos claros de otros países y ciudades, como el caso de California, que ha gestionado el acceso a vacunas para residentes de Baja California y Baja California Sur, entendiendo que las poblaciones de esos estados están tan vinculadas que una estrategia de vacunación tiene que tomar en cuenta toda la población, sin importar el país de residencia o la nacionalidad 1.

Sin embargo, el patrón general que hemos visto en México es distinto. El día 6 de abril de este año, a una mujer venezolana de 68 años, usuaria de Sin Fronteras, le fue negada la aplicación de su vacuna en la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México. Esto a pesar de que trajo con ella su pasaporte venezolano corroborando que cumple con el requisito de edad. También presentó su constancia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la instancia encargada de otorgar la condición de refugiada en el país, para comprobar que ha solicitado asilo en México y tiene la resolución pendiente de su caso. Adicionalmente, llevó consigo documento que comprobara su domicilio en esa alcaldía. Ella tenía el derecho de recibir su vacuna, para su protección y para la protección de todos sus vecinos y los otros habitantes de la ciudad. Los servidores de la nación encargados del módulo le negaron la vacuna.

Al acudir a Sin Fronteras para apoyo en el asunto, se le elaboró una carta que señala esa falta de reconocimiento de derechos. Al no ser aceptada por los servidores que estaban atendiendo en ese módulo, se realizó de parte de Sin Fronteras un acercamiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), señalando la falta de acceso a derechos por un tema de discriminación. Ellos en turno contactaron a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SIBISO), y mandaron en persona a un representante de la Coordinación de Migrantes de esa instancia. Con ese acompañamiento presencial, la señora logró recibir la primera dosis de su vacuna contra covid-19.

Se requirió a una ONG, dos instituciones gubernamentales y casi 6 horas de esfuerzo de varios individuos de esas instancias para lograr que los funcionarios del gobierno encargados de llevar a cabo la vacunación reconocieran los derechos de la señora que cumple con todos los requisitos para obtener la vacuna. Si queremos ver el fin de esta pandemia, tenemos que ver a las personas en este país en un mismo nivel, sin ideas de egoísmo, de protagonismo, de nacionalismo, para asegurar que todos podemos estar protegidos. Nos lleva a preguntar… ¿esta situación es una falla del gobierno actual, del sistema, de la logística, o de nosotros como sociedad en pensar que una persona extranjera que vive en nuestra comunidad no es merecedora de los mismos derechos?

* Whitley Raney es encargada de Desarrollo Institucional y de Proyectos de @Sinfronteras_1.

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