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Tortura y malos tratos, una constante contra la población migrante
Comité Contra la Tortura observa con preocupación la detención automática u obligatoria de migrantes indocumentados y solicitantes de asilo en México, donde se encuentran en condiciones precarias, llegando a constituir formas de tortura física y psicológica y otros malos tratos.
Por Ariadna Cano Cuevas y Silvana Barrera Hernández
24 de junio, 2020
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El racismo no está en nuestros genes, está en nuestra ignorancia.

(Luis Muñoz, 2016)

 

La movilidad humana ha sido uno de los fenómenos más normalizados e invisibilizados en el mundo, así como las crudas experiencias vividas por estos seres humanos que buscan mejores oportunidades de vida y la protección internacional en un país distinto al de su origen. Es el trato que han recibido debido al hecho tan simple de pertenecer a una nacionalidad diferente.

La comunidad internacional se ha jactado, a través del discurso político y de los medios de comunicación, de ser un mundo sin fronteras; sin embargo, encontramos en la realidad cotidiana que esta premisa es evidentemente falsa y aparatosa, puesto que el mundo es otro: sí se imponen fronteras y sí se discrimina de manera consuetudinaria.

Lo que en realidad sucede con las personas migrantes no es únicamente la constante humillación por no ser parte de una nacionalidad que se ha creído superior, sino también los aberrantes tratos físicos y psicológicos de los que son víctimas por parte de las instituciones y de la sociedad misma; hablamos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de esta población. Dichos tratos cosifican a la persona por su raza, etnia y procedencia, violando así su dignidad humana.

En México, un importante factor que intensifica el riesgo de tortura contra la población en movilidad es la política migratoria basada en una perspectiva de seguridad nacional enfocada en el control, detención y deportación de las personas. De esta forma, se les orilla a la clandestinidad y a tomar rutas sumamente peligrosas, donde son víctimas de diversos delitos –entre ellos la tortura y malos tratos–, ya sea por el crimen organizado, por las autoridades o por ambos en colusión.

En este sentido, el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas ha visibilizado las diversas violaciones de derechos humanos por parte del Estado Mexicano contra la población en movilidad. Entre ellas, el Comité observa con preocupación la detención automática u obligatoria de migrantes indocumentados y solicitantes de asilo, donde se encuentran en condiciones precarias, llegando a constituir formas de tortura física y psicológica y otros malos tratos. Al respecto, de enero a abril del año en curso se cuenta con el registro de 33,330 personas detenidas en estaciones migratorias o estancias provisionales.1

Asimismo, el CAT destaca que, según los escasos datos presentados por el Estado Mexicano, en 2018 se registraron 466 quejas por presuntos actos de tortura cometidos por miembros de la Policía Federal y 40 por malos tratos. Mientras que las quejas registradas contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración fueron 1,216 en el mismo año.2

Otra grave situación es la violación del principio de no devolución que les asiste a las personas sujetas de protección internacional. Según los datos arrojados, de enero a mayo de 2019 se registraron 15,640 eventos de personas devueltas a su país de origen3; mientras que tan solo de enero a abril de 2020, el número aumentó a 22,0434. En el momento en que las autoridades migratorias mexicanas llevan a cabo la deportación masiva de personas o les niega el ingreso a territorio mexicano, sin la debida detección de necesidades de protección internacional, se condena a muchas de ellas a volver a su país de origen, donde se encontrarán en peligro de ser sometidas a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre muchos otros riesgos.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, debemos visibilizar esta problemática, sensibilizarnos al respecto y hacer conciencia sobre su efecto creciente y grave que tiende a debilitar y romper el tejido social.

Aunque México cuenta con un marco normativo nacional e internacional en pro de los derechos humanos y en contra de la tortura, lo cierto es que dista mucho de ser realmente efectivo. Al respecto, el gobierno mexicano debería implementar programas eficaces y especializados para la prevención, erradicación y sanción de la tortura; así como de rehabilitación y reparación integral del daño las víctimas.

Estas medidas tendrían que contar con un enfoque interseccional que permita atender las necesidades particulares de sectores poblacionales en especial condición de vulnerabilidad como lo son las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Solo de esta forma podremos avanzar hacia una política nacional realmente respetuosa y garantista de los derechos humanos.

* Ariadna Cano Cuevas es Abogada del área de asilo en Sin Fronteras, I.A.P. Silvana Barrera Hernández es Licenciada en Filosofía.

 

1 Unidad de Política Migratoria, Registro e identidad de personas, Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2020, p. 95, disponible aquí.

2 Comité contra la Tortura, “Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México”, 2019, disponible aquí.

3 Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, 2019, “La migración en México en el contexto de la crisis económica capitalista”, Revista Consigna, N.44, pp. 12-13.

4 Unidad de Política Migratoria, Registro e identidad de personas, “Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2019”, p. 136, disponible aquí.

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