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Dinero, Campañas y Clientelismo
Por Alianza Cívica
23 de junio, 2011
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Por Beatriz Camacho y Juana Acosta

De acuerdo con el artículo 28 del COFIPE, las campañas electorales representan el conjunto de actividades que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realizan para captar el voto.  Las campañas se pueden manifestar a través de reuniones públicas, marchas y actos en los que los partidos y/o candidatos se dirigen a los electores para promover sus candidaturas.

Las prácticas de compra y coacción constituyen un campo complejo de análisis donde confluyen: actos ilegales aislados y particulares, intentos de “apropiación simbólica” de los programas sociales por parte de los partidos políticos y candidatos, patrones sistemáticos de condicionamiento, junto con percepciones ciudadanas y de actores políticos basadas en procesos pasados, incluso “remotos” de acciones ilegales.

La relación patrón-cliente puede definirse como un tipo especial de la relación diádica que asume un carácter instrumental en el cual el individuo de status socio-económico más alto (el patrón) usa su influencia y recursos para ofrecer protección y beneficios a la persona de status más bajo, quien a su vez retribuye al patrón ofreciendo apoyo, asistencia y servicios personales (ESPINAL, Rosario, Diccionario Electoral; 184).

El financiamiento de los partidos políticos se compone por el público, por la militancia, de simpatizantes, autofinanciamiento y por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos (art.77COFIPE). Además, el financiamiento público prevalecerá por encima de las otras modalidades dedicado para actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y para actividades específicas.

De acuerdo  con el marco legal en materia de Campañas Políticas, todos los partidos tienen un tope de gastos de Campaña, por ejemplo para el estado de México, el tope es de alrededor de 203.8 millones, en Coahuila de 6.2 millones y  para Nayarit 14.7 millones.

Las campañas políticas son parte de los derechos de los partidos políticos para la captación del voto, hemos visto con preocupación que la no regulación sobre el tipo de cosas que pueden comprar –aunado a la falta de cultura cívica-, se presta a que co-exista el clientelismo, pues  los recursos de las campañas pueden además, mezclarse fácilmente, con recursos de programas sociales. Por ejemplo, en las elecciones de febrero pasado,  escuchamos sobre el  supuesto caso del tráiler del DIF del Estado de México, que contenía despensas que regalarían durante las elecciones en el estado de Guerrero. O bien, en años anteriores sobre casos en la costa Chica de Oaxaca, donde los costales de cemento del programa de desastres naturales  fueron  almacenados para posteriormente ser utilizados durante las campañas políticas.

Desde  la creación de Alianza Cívica en 1994, hemos estudiado este fenómeno y vemos que las campañas política son un gran hoyo negro en el imaginario colectivo y en el que puede caber de todo  y para todos; de acuerdo con un estudio del Dr. Héctor Díaz Santana llevaba casi 200 tipos de “regalos” que se pueden dar en las campañas políticas que iban desde las playeras, gorras y bolígrafos hasta los costales de cemento, bicicletas, pantallas de plasma, tinacos y  hasta la posible entrega de automóviles… etc.

Si bien, el condicionar el voto es un delito electoral, difícilmente el ciudadano lo percibe como tal ¿cómo va a ser un delito que le regalen una despensa, dinero o gorras a cambio de su voto? ¿Cómo no votar por el que más le dé en la Campaña, si después cualquiera que gane se olvidan del ciudadano y no vuelve por la comunidad, colonia, barrio?…

Cuando un observador electoral ve las Campañas o la Jornada Electoral, y encuentra este tipo de regalos y si va acompañado de presión o compra, podrá reportarlo como un hecho ilícito, PERO difícilmente sabrá de dónde vino el dinero para comprarlos, pues el abanico de posibilidades es amplio: dinero que se dio al partido?  Dinero de los programas sociales? Dinero de algún simpatizante? Dinero del narco? …

Desde Sociedad Civil se han hecho esfuerzos serios en materia del monitoreo de gastos de campaña, por ejemplo, el año pasado el Frente Cívico de Yucatán monitoreo los espectaculares, bardas, parabuses, publivallas, espectaculares, lonas y pantallas electrónicas, llegando a un gasto  estimado de  4 millones 206 mil 343 pesos;  sin embargo no se pudieron incluir otros gastos difícilmente contabilizables como son: vallas móviles, publicidad en transportes: camiones urbanos, taxis y bici taxis; gastos en medios  de comunicación: prensa e internet; los regalos que los ciudadanos reciben de los partidos, así como gastos de reuniones para hacer proselitismo, entre ellos, desayunos, comidas y viajes a la playa que realizan los partidos, entre las que se incluyen las “batucadas” o grupos de jóvenes que son contratados para que recorran la ciudad en caravanas, gritando y agitando banderines, y que pueden recibir dinero, regalos o ser llevados a terminar en un sitio para divertirse.

Desde Alianza Cívica seguiremos insistiendo en que es excesivo el dinero que se da a los Partidos  Políticos, pues lejos de mejorar la representatividad y fortalecer nuestra democracia; se fomenta aún más el clientelismo. Por lo que hemos reflexionado sobre la necesidad de regular los objetos y medios que pueden utilizarse durante las campañas políticas, Acaso ¿son necesarios los “regalos” como tinacos, despensas, televisores, refrigeradores para convencer a los ciudadanos que su propuesta es la mejor? ¿O será que los partidos políticos no tienen más opción que responder a la demanda de regalos, que ahora los mismos ciudadanos les exigen a cambio de voto?

 

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