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Dinero sucio en la política
Por Alianza Cívica
20 de enero, 2011
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Por: Rogelio Gómez Hermosillo M.

Para la nota sensacionalista siempre nos preguntan sobre la infiltración del dinero y los intereses del crimen organizado en las campañas políticas. La imagen del dinero corrompiendo a los ya de por sí corruptos y despreciados partidos políticos. El maridaje de los peores lacras de la sociedad: criminales o narcos y políticos sin escrúpulos y oportunistas. Y sin embargo, el problema real –como casi siempre- es más de fondo y más simple.

El modelo de financiamiento de los partidos y las campañas de México responde a una tendencia mundial, en la que México a nivel jurídico aparece en la avanzada por varias razones sólidas y muy válidas: a) Preeminencia del financiamiento público sobre el privado; b) Prohibición del financiamiento empresarial o extranjero; c) Topes muy bajos a los donativos y aportaciones de las personas; d) Nuevas disposiciones de fiscalización e investigación sobre el dinero en las campañas (por ejemplo, la facultad del IFE de conculcar el secreto bancario para indagar) y la “joya de la corona” de 2007: e) la prohibición de compra de espacios en medios electrónicos para campañas y candidatos.

Y sin embargo, como tantas cosas, la Ley no se cumple cabalmente y sobretodo no se confía en su cumplimiento. La percepción que generan los “bonos” de fin de año, los “bonos de riesgo”, los “bonos de marcha”, los pagos de impuestos con cargo al erario y no a la persona, y todo el dinero público que circula entre los políticos de manera opaca e inmoral, genera una sensación de corrupción generalizada que poco ayuda a la democracia y la gobernabilidad.

Una de las afrentas más evidentes es el financiamiento público que cada año se otorga a los partidos políticos. En esta semana, se ha aprobado el presupuesto del IFE para las prerrogativas para los partidos: 3,335 millones de pesos, tan sólo del presupuesto federal, en un año que no hay elecciones federales (formalmente el proceso de 2012 arranca en noviembre de este año).

Esta cantidad exorbitante, que se incrementa automáticamente en años de elecciones y que se complementa con los recursos que en cada entidad federativa también se entregan a los partidos, surge de una fórmula perversa para la ciudadanía, mágica para los partidos.

La fórmula es perversa porque a nivel federal quedó blindada en la Constitución. Modificarla requiere una mayoría calificada de 2/3 de la votación presente y la aprobación posterior de 17 Congresos locales. Es la única partida presupuestal incluida en la Constitución. La educación, la salud, el desarrollo económico o la seguridad tienen blindado el presupuesto en la Constitución, sólo los partidos.

Y es mágica para los partidos, porque siempre crece y no puede bajar. El financiamiento a los partidos a nivel federal y en muchas entidades federativas se calcula multiplicando el 65% del salario mínimo vigente (que se ajusta año con año) por “el número total de electores inscritos en el padrón electoral”.

Es decir, mientras no haya bajas o muertos de manera masiva, la tendencia demográfica de los próximos 15 años garantiza financiamiento creciente a los partidos. Y después habrá una reducción gradual mínima, un deslizamiento natural conforme se reduzca el tamaño del padrón en fracciones de punto.

La solución ya ha sido planteada y nadie ha podido objetarla. Se trata de presupuesto por resultados. Basta modificar las 10 palabras anteriores para que en lugar de multiplicar “por el número total de electores inscritos en el padrón” diga que se multiplica por “el número total de votos válidos emitidos en la elección anterior”. De esa manera, los partidos tendrían la “bolsa” o “fondo” de recursos dependiendo de convencer a la ciudadanía y no estaría garantizado su crecimiento automático.

Habrá que presionar mucho para obligar a los diputados y senadores a incluir una reforma constitucional que modifique esas 10 palabras en nuestra Constitución. La forma de presión tendrá que ser más creativa. En 2009 inundamos a los diputados de correos electrónicos exigiendo “¡Ya Bájenle!” Llego la hora de la “irrupción ciudadana”. En cada evento donde haya un legislador (Senador o Diputado), de manera respetuosa, silenciosa, y a la vez firme y creativa, una persona debe exigirle: “¡Ya Bájenle!” con un cartel, hoja, pantalla, camiseta y hacer referencia a la propuesta de reforma constitucional que ha sido presentada formalmente desde 2009 en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados.

Hasta que la irrupción sea insoportable se podrá obligar a la reforma. El tiempo está fijado: tiene que ser en este periodo de sesiones del Congreso de la Unión (de febrero a abril), y la fecha límite es 31 de julio, tres meses antes que se inicie el proceso electoral de 2012.

La mayoría del Congreso la tiene el PRI. Empecemos a exigirles a todos: ¡Ya Bájenle!

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