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Influir en la elección presidencial, la tentación autoritaria de Calderón
Por Alianza Cívica
20 de abril, 2012
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Por: Alfredo Alcalá Montaño* (@alfreduam)

 

Para ser un presidente demócrata, se requiere no incidir en la elección del sucesor. Sin embargo, el actual gobernante de México ha mostrado una actitud autoritaria, heredada del renovado, pero mismo viejo régimen en el poder. Aún recordamos el sistema de partido hegemónico, donde la oposición no tenía posibilidades reales de llegar al poder. Donde las elecciones eran organizadas por el gobernante en turno. Donde el Presidente de la República tenía control sobre los poderes legislativo y judicial, sin mencionar el control sobre los sindicatos, movimientos obrero, popular, campesino, etc. Además gracias a tener el control del partido oficial, podía remover gobernadores, presidentes municipales y a todo aquel funcionario ó aspirante a ocupar algún cargo de elección popular.

Ahora nuestro país ha vivido procesos de alternancia en el poder, sin embargo no hemos logrado borrar ese pasado autoritario. Donde los gobernadores y presidentes municipales, buscan no sólo imponer candidatos y candidatas, sino también buscan influir y definir ganadores durante los procesos electorales. Y de esta manera seguir teniendo influencia sobre el nuevo gobernante.

Ante esta realidad nadie escapa, mucho menos el actual presidente de México. Mientras el país se encuentra en medio de la pobreza, marginación y crisis alimentaria, sobre todo en zonas como Durango, Chihuahua, entre otras entidades fuertemente azotadas por la sequia, y donde se requiere un gobierno fuerte de tiempo completo que dé respuesta inmediata, a esta problemática, Felipe Calderón se encuentra no sólo en campaña, promoviendo a la Candidata electa por el PAN Josefina Vázquez Mota, como lo demuestra su participación en una reunión con empresarios socios y accionistas de Banamex, donde señaló que ella estaba a 4 puntos del primer lugar. Asimismo el IFE ha determinado que Felipe Calderón violó el artículo 134 de la Constitución -que prohíbe la propaganda personalizada de los funcionarios públicos- al enviar una carta del SAT agradeciendo a los ciudadanos el pago de impuestos, y recordaba que con el pago de éstos se realizan obras y programas de gobierno. Lo anterior muestra una clara intromisión del gobierno federal en la contienda presidencial.

De ello se desprenden varias interrogantes como el saber: ¿por qué se está utilizando dinero público, para pagar las encuestas que salen de la oficina de la presidencia? ¿La sociedad mexicana está preparada para otro proceso electoral cuestionado? ¿No se aprendió nada de la elección del 2006, que tuvo como resultado una sociedad dividida y polarizada?

La intervención de Calderón en el proceso electoral no se debe tomar a la ligera. Estamos hablando que el presidente de la República está investido con la figura de Jefe de Gobierno y Jefe de Estado, lo que significaría que al intervenir se podría hablar de una elección de Estado.

No queremos un México dividido, ya bastante tenemos con un México pobre, un México olvidado, un México victima de la delincuencia y de malos gobiernos.

Nuestra experiencia, nos recuerda la última elección presidencial del 2006, cuya principal irregularidad fue la excesiva injerencia de Vicente Fox, en la cual realizó al menos 52 giras por todo el país (algo atípico en su gobierno). En tan sólo 4 meses de enero a abril el gobierno de Fox incrementó su gasto en comunicación un 137%. Rebasando el gasto en publicidad en más de mil 500 millones de pesos. Bajo un discurso en el cual a través de spots en radio y televisión, mencionaba que no era “tiempo de cambiar de caballo”, que “si seguimos por este camino, mañana México será mejor que ayer”. (sic).

El resultado de la intervención de Fox en el 2006, fue por un lado un proceso electoral fuertemente cuestionado a pesar de la participación de miles de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la democracia y que participaron como funcionarios y funcionarias de casilla. Por otro lado, un presidente que careció de legitimidad al ser declarado electo, por el fallo de 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no como resultado del voto de más de 41 millones de ciudadanos que participaron.

En nuestra democracia representativa, la legitimidad del gobernante se basa en el resultado electoral. Por ello se vuelve fundamental la realización de elecciones competitivas, donde los candidatos y candidatas luchen en escenarios equitativos, cuyo ganador o ganadora sea resultado de elecciones limpias y transparentes.

Recientemente, Calderón firmó un convenio entre el gobierno federal y los gobiernos estatales que prevé “brindar protección personal a los candidatos a puestos de elección popular y autoridades electorales que así lo requieran” para evitar que el poder corruptor de los delincuentes amenacen la democracia y las instituciones en México.

Estamos de acuerdo que no podemos dejar de lado, para este proceso electoral lo que podríamos llamar “la otra injerencia”, la injerencia de la delincuencia organizada, cuya presencia fue notoria en las recientes elecciones de Michoacán. Sin embargo debemos insistir en que “no hay más poder corruptor, que el poder político”.

*Alfredo Alcalá Montaño es politólogo, Consejero Electoral ante el Consejo Distrital 06 del IFE en Hidalgo, Premio Estatal de la Juventud, Presidente de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, A.C. y Catedrático de Ciencia Política y Derecho en el Instituto Tecnológico Latinoamericano.

 

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