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La violación al Derecho de Acceso a la Información en Coahuila
Por Alianza Cívica
13 de enero, 2011
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Por: Neli Herrera, coordinadora de Alianza Cívica Coahuila.

Si bien en Coahuila contamos con una Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que regula el derecho a saber y contiene los elementos suficientes para hacer transparente la función pública, en los hechos este ordenamiento es letra muerta.  Mi señalamiento no es temerario, pues parto de la experiencia de que durante un año  y cinco meses he visto conculcado mi derecho a saber.

En 2009 solicité información ante la Secretaría de Desarrollo Social de Coahuila sobre el programa social “el Monedero de la Gente”. La dependencia me señaló que no le correspondía el manejo de dicho programa, y que presentara mi solicitud ante el Ejecutivo de Coahuila. Al hacer la petición a dicha instancia me contestó que el área indicada era la  Procuraduría Social y de Atención Ciudadana del Estado de Coahuila. Para hacer esta declaración de incompetencia cada institución utilizó 20 días hábiles, cuando el artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece el término de cinco días.

El 6 de agosto de 2009 presenté la solicitud de acceso a la información número 00300309, a través del sistema Infocoahuila, a la Procuraduría Social y de Atención Ciudadana de Coahuila, pidiéndole se me entregara “copia de la documentación que contenga la información sobre el programa social El Monedero de la Gente con: monto de recursos asignados durante los años 2008 y 2009, Reglas de Operación y lista de beneficiarios con los montos entregados a cada uno y el total hasta el presente año a la fecha”.

El 2 de septiembre la Procuraduría Social me respondió que el Gobierno del Estado no ejecutaba ningún programa conocido como “Monedero de la Gente”; que el nombre correcto era “Tarjeta de la Gente”, al que no se le asignaron recursos en 2008, pues el programa entró en operación hasta 2009 con un presupuesto de 400 millones de pesos.

Sobre las Reglas de Operación se me indicó que se encontraban en la dirección electrónica umentos/modulo24/27-PS-03-ABRR-2009.PDF, a la par de remitirme a la Secretaría de Finanzas del estado para obtener la relación de beneficiarios y los montos entregados a cada uno de ellos.

En virtud de que la dirección señalada no estaba disponible en Internet, presenté un recurso de revisión ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información  Pública (ICAI) el 10 de septiembre del 2009, instancia que resolvió en mi favor el 26 de febrero de 2010 instruyendo a la Procuraduría Social entregarme la documentación que sustentara la información requerida.

No obstante, la Procuraduría Social me notifica el 24 de marzo del 2010, mediante un escrito sin logotipo oficial y sin firma –sólo con el nombre del titular de la Unidad de Atención de Transparencia, Ing. Jesús Medeles Ulloa- que tras una “búsqueda exhaustiva en los archivos de la Procuraduría Social y de Atención Ciudadana” ¡les había sido imposible encontrar los documentos solicitados!

Lo que resultaba imposible –o por lo menos irresponsable- era que la Unidad de Atención de Transparencia respondiera con tal ligereza cuando el ICAI había fundamentado su resolución en la obligatoriedad de las entidades públicas para documentar su actuación en el ejercicio de sus atribuciones.

Esto significa que si en su primera respuesta la Procuraduría Social manifestó que se habían destinado 400 millones de pesos a la Tarjeta de la Gente, debía tener los documentos de soporte al respecto. En la misma línea, debía contar con las Reglas de Operación del programa, mismas que se habían publicado en el Diario Oficial del Estado. Y en apego a lo señalado en dichas reglas, la Procuraduría Social debía contar con el padrón o lista de beneficiarios, en su carácter de instancia ejecutora del programa la Tarjeta de la Gente, a la par de tener la responsabilidad de analizar tal padrón.

Ante esta reiterada negativa de la Procuraduría Social y de Atención Ciudadana para respetar mi derecho a saber y a atender la resolución del ICAI, el 14 de abril del 2010 solicité el amparo y protección de la justicia federal, el cual quedó radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, instancia que el 11 de junio de 2010 me dio la razón otorgándome el amparo.

Por ello, el 1 de diciembre del año pasado el Juez Federal requirió al gobernador de Coahuila obligara a la Procuraduría a ejecutar la sentencia, es decir, a entregarme la información solicitada. En consecuencia, la Procuraduría Social insistió –una vez más- en su negativa alegando carecer de la documentación, es decir, que el Gobierno de Coahuila desacató la sentencia de un Juez Federal.

En virtud de estos hechos, el 22 de diciembre del 2010 presenté una denuncia ante el Juzgado Segundo de Distrito para que el expediente de mi caso, con No. 312/2010 sea remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que obligue a la Autoridad Responsable entregarme -¡por fin!- la información que en uso de mis derechos le solicité y se proceda en su contra por violentar la Ley de Amparo.

Con base en lo hasta aquí relatado demuestro que el derecho de acceso a la información pública en Coahuila no se cumple, ni se respeta y se viola sistemáticamente.

En el fondo, la causa es la cultura patrimonialista de los políticos coahuilenses, que utilizan los recursos públicos y los programas sociales exclusivamente con objetivos particulares y no sociales, y para fines clientelares.

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