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Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
De la pobreza a la maternidad impuesta
A más de doce años de prohibidos los métodos anticonceptivos en Manila, Filipinas, el impacto negativo es devastador: mujeres con cuatro o cinco hijos más de los que hubieran querido tener, sin dinero para mantenerlos y con graves problemas de salud debido a embarazos consecutivos y riesgosos.
Por Gire
5 de noviembre, 2012
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Por: Ximena Andión Ibáñez (@ximena_andion)

 

Imagina que un buen día los condones desaparecen de los centros de salud públicos y de las farmacias. Imagina que cuando vas con el doctor te dice que el único método anticonceptivo aceptable es el método del ritmo y no te dice ni una palabra sobre los riesgos de contraer una infección de transmisión sexual o VIH. Las pastillas, los implantes, los inyectables, el dispositivo intrauterino, todos, absolutamente todos los métodos anticonceptivos están prohibidos.

Ahora imagina que además eres una mujer pobre, que vives con menos de un dólar al día en una de las zonas más marginadas de la ciudad, tienes siete hijos a los que apenas puedes alimentar y un marido que cuando se emborracha es violento y abusa sexualmente de ti. Una mañana te levantas y te das cuenta que estás embarazada por octava vez.

Podría parecer una historia ficticia o quizás un testimonio de principios del siglo pasado, pero en Manila, Filipinas, es la historia cotidiana de miles de mujeres quienes en medio de la miseria ven negados sus derechos reproductivos.

En el año 2000, el alcalde de la ciudad de Manila, José “Lito” Atienza, emitió una orden administrativa sobre “métodos naturales de planificación  familiar” que según el texto tenía como objetivo promover el uso de los métodos “naturales” de planificación familiar y disuadir a las personas del uso de los métodos anticonceptivos modernos.

El texto de la orden administrativa dice textualmente que “la ciudad promueve la responsabilidad de los padres y los métodos naturales de planificación familiar no sólo como un método sino como una forma de tomar conciencia sobre la cultura de la vida…”. Es fácil deducir el trasfondo ideológico católico que hay detrás de esta orden administrativa. Ello no es casual, Filipinas es uno de los países mayoritariamente católico y la Iglesia Católica ha tenido siempre mucha influencia en los asuntos públicos y la política de ese país. Los políticos de todos los partidos siempre han sido complacientes con la jerarquía católica, el alcalde se ha declarado abiertamente “provida”.

Esta orden administrativa prohibió, en la práctica, que en las instituciones públicas de salud se proporcionara cualquier información o insumos de anticonceptivos modernos. La única información que se da es sobre los métodos anticonceptivos llamados naturales, que son los únicos permitidos por la Iglesia Católica. Estos métodos se basan en identificar los días fértiles de la mujer y evitar tener relaciones sexuales en esos días, con todas las complicaciones y dificultades prácticas que implica.

Si bien algunos anticonceptivos pueden conseguirse en instituciones de salud privadas y en farmacias, la oposición del gobierno a los métodos anticonceptivos ha tenido como consecuencia un desabasto de métodos muy grande. De cualquier forma, aunque los métodos estuvieran disponibles en instancias privadas, para la mayoría de las familias que viven en situación de pobreza resultan inaccesibles por el costo. Se calcula que el 70 por ciento de las y los filipinos dependen del gobierno para los servicios de planificación familiar .

No conformes con la prohibición de anticonceptivos en instancias públicas, el gobierno de Manila se ha dedicado a amedrentar a las organizaciones e instancias privadas que promueven el uso de métodos anticonceptivos. Defensores de los derechos sexuales y reproductivos, y proveedores de salud han sido amenazados.

A más de doce años desde su aprobación, el impacto negativo de esta política en las mujeres y familias residentes en Manila ha sido devastador.  Organizaciones no gubernamentales han realizado diversas investigaciones que muestran las afectaciones de esta política en la salud, la vida, el desarrollo de las mujeres y las familias. Un informe del Centro de Derechos Reproductivos relata los casos de varias mujeres que han visto sus vidas afectadas por la prohibición de anticonceptivos. Algunas tienen cuatro o cinco hijos más de los que hubieran querido tener, no tienen dinero para mantenerlos, sus hijos están desnutridos y ellas tienen graves problemas de salud debido a embarazos consecutivos y riesgosos.

Alcaldes han ido y venido en los últimos años y ninguno ha revocado la orden administrativa, a pesar del trabajo incansable de organizaciones de la sociedad civil y activistas nacionales e internacionales. El tema ha llegado hasta los foros internacionales: varios mecanismos de derechos humanos, incluido el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (Comité CEDAW) y el Comité de los Derechos del Niño han expresado preocupación por la prohibición de anticonceptivos en Manila y han recomendado al Estado filipino garantizar el acceso a una amplia variedad de anticonceptivos.

También se han dado intentos por revocar la orden a través de instancias judiciales. En enero de 2008, veinte hombres y mujeres residentes de la ciudad de Manila presentaron una demanda en contra de la Oficina del Alcalde ante la Corte de Apelaciones de Filipinas. En la demanda se argumenta que la orden administrativa es inconstitucional y se pide su revocación, ya que atenta contras los derechos a la salud, la vida privada, la autonomía y a decidir el número y espaciamiento de los hijos consagrados en la Constitución de Filipinas. El caso ha sido desestimado por varias instancias judiciales, pero los demandantes han apelado y el caso sigue en proceso, aunque “durmiendo el sueño de los justos”.

La promesa de una Ley sobre Salud Reproductiva que dejaría sin efecto la orden  y que permitiría garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, tampoco se ha cumplido. Desde el año 2008 se han presentado en el Congreso iniciativas legislativas para una Ley de salud reproductiva, pero no se ha logrado aprobar, en gran parte por el “lobby” que ha hecho la Iglesia Católica y su gran influencia en las y los legisladores.

Si hay un país donde la jerarquía de la Iglesia Católica ha influido de forma contundente en las políticas de salud reproductiva es Filipinas, aunque en la Región de América Latina también podría pensarse en ejemplos muy claros como Nicaragua y Honduras.

Para las mujeres que viven en Manila, especialmente las mujeres pobres, no parecen quedar muchas opciones. La ideología católica enquistada en las políticas públicas las condena a una maternidad impuesta y forzada que no tiene nada de responsable ni de feliz.

 

* Ximena Andión Ibáñez, directora de Desarrollo Estratégico de GIRE.

 

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