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El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
¿De quién son los derechos? A propósito del día por la despenalización del aborto
Por un lado, las autoridades de Guerrero envían una iniciativa para despenalizar el aborto y ampliar las causales legales para su práctica y, por el otro, sostienen en juicio que la criminalización de las mujeres no vulnera sus derechos humanos. El mensaje es claro: los derechos son tuyos sólo si yo te los doy bajo mis propios tiempos, reglas y condiciones, no si tú los exiges.
Por Gire
29 de septiembre, 2014
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Por: Alex Alí Méndez (@alex_ali_md

¿El aborto como parte de la autonomía reproductiva es un derecho de las mujeres o una concesión graciosa de la clase política? Como la justicia, ¿se exige? O como los favores, ¿se pide? En 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. Han pasado 24 años desde esa fecha y los avances en México apenas son visibles; sólo el Distrito Federal ha avanzado en esta materia, en el resto del país únicamente en Morelos y Guerrero se han presentado iniciativas por la despenalización, pero ambas han sido desatendidas por los órganos legislativos. Quisiera aprovechar este espacio para reflexionar un poco sobre los últimos acontecimientos.

En mayo pasado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, envió al congreso local una iniciativa que pretendía despenalizar el aborto; la propuesta fue rechazada y, en respuesta, un grupo de mujeres guerrerenses iniciaron un litigio constitucional contra el estado argumentando que se violan sus derechos humanos al impedirles abortar cuando el embarazo afecte su salud o ponga en riesgo su vida.

Así, en Guerrero el aborto es un delito definido por el Código Penal vigente como “la acción de causarle la muerte al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. Esta regla general contempla sólo algunas excepciones. Es decir, se produce la interrupción del embarazo, pero sin sanciones: cuando ocurra por imprudencia de la mujer, cuando sea producto de una violación o de una inseminación artificial no consentida, y cuando el producto presente alteraciones congénitas.

Esto significa que en Guerrero las mujeres tienen prohibido, fuera de las hipótesis establecidas, interrumpir su embarazo aunque éste afecte su salud o ponga en riesgo su vida; si lo hace es criminalizada. En otras palabras, las mujeres guerrerenses pagan hasta con tres años de prisión el ejercicio de su derecho a la salud y/o a la vida durante el embarazo.

Es en el contexto de esta legislación tan restrictiva que el Gobernador envío la iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado. La propuesta era despenalizar el aborto voluntario hasta antes de las doce semanas y reconocer a las mujeres la posibilidad de interrumpir su embarazo cuando éste afectara su salud o pusiera en peligro su vida. La iniciativa fue dictaminada en contra por el Poder Legislativo y por lo tanto desechada reafirmando así la pena de prisión contra las mujeres.

Ante el rechazo de la propuesta, los cuestionamientos han sido cada vez más claros: ¿es constitucional la prisión que se impone a las mujeres que interrumpen un embarazo que les afecta su salud o que pone en peligro su vida? O, lanzada la pregunta como un reto para el estado: ¿cuál es la razón que justifica sancionar el ejercicio de derechos tan elementales como la salud y la vida?

Quienes se oponen al aborto defienden su postura con argumentos que en un Estado laico y democrático resultan inatendibles. La Corte Interamericana en el Caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica, al desarrollar el alcance del derecho a la vida reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo ha dicho claramente: “no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión”; incluso nuestra Suprema Corte ha sostenido que el producto de la concepción es un bien jurídico tutelado, no una persona. Así, si el tema se aborda desde el lenguaje del derecho queda en evidencia el actuar arbitrario por parte del Estado hacia las mujeres al restringirles desproporcionadamente sus derechos frente a la protección de un embrión que, pese a lo sostenido por diversas legislaciones locales, no puede tener la misma protección.

En casos como éste en que la violación de derechos humanos se proyecta desde la ley, su reforma se presenta como el medio más adecuado para corregir la acción del Estado, al menos en papel eso era lo que se buscaba con la iniciativa; sin embargo, el Congreso, en un pésimo ejercicio legislativo simplemente decidió que las mujeres de Guerrero no merecen el pleno reconocimiento de su derecho a la salud y a la vida.

Afortunadamente en sistemas democráticos como el que se pretende construir en México los derechos humanos no pueden ser vulnerados por las decisiones de las mayorías partidistas, es por ello que ante la reprobable actuación del legislativo local, y con el objetivo de obligar al propio estado a respetar los derechos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, un grupo de mujeres guerrerenses presentó un amparo para llamar a juicio al gobierno de Guerrero exigiéndole responder y explicar las razones por las cuáles mantiene vigentes normas jurídicas que las discrimina y criminaliza en el ejercicio de sus derechos.

En el juicio, el gobernador, el secretario de gobierno y el propio congreso defendieron la constitucionalidad de la pena de prisión contra las mujeres. Del congreso local la respuesta era de esperarse por haber dictaminado en contra la iniciativa que proponía lo mismo que se reclama en el amparo; lo novedoso fue descubrir las incongruencias detrás de las posturas de Aguirre Rivero y del secretario general de gobierno, Jesús Martínez Garnelo: por un lado estas autoridades envían una iniciativa para despenalizar el aborto y ampliar las causales legales para su práctica y, por el otro, sostienen en juicio que la criminalización de las mujeres no vulnera sus derechos humanos. El mensaje es claro: los derechos son tuyos sólo si yo te los doy bajo mis propios tiempos, reglas y condiciones, no si tú los exiges.

En conclusión, para el Poder Legislativo -representado en ese momento por la Diputada Verónica Muñoz Parra- para el gobernador y el secretario general del gobierno, no hay derechos de las mujeres, no les pertenecen a ellas sino a la clase política que ostenta el poder; en su opinión, las mujeres no tienen más derechos que los que ellos en un acto de gracia decidan otorgarles. La propuesta de reforma y su rechazo son un claro ejemplo del discurso vacio de un Estado arrogante que piensa que nuestras vidas, nuestros derechos, nuestros sueños y nuestros cuerpos les pertenecen por entero.

Así en este día debemos felicitar al grupo de valientes mujeres que están enfrentando en juicio a un estado que las oprime, que las cosifica y que busca seguir haciéndolo; el final de esta historia no se vislumbra cercano, pero afortunadamente la batalla aún no está perdida. El descompuesto sistema político en México no podrá vencer la voz de las mujeres que resonando desde siempre, hoy toma la forma de una exigencia jurídica contra la que ningún violento reclamo patriarcal puede salir triunfante.

 

* Alex Alí Méndez es abogado de GIRE

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