close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Punto G(ire)
Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
El aborto a la luz del absolutismo de la objeción de conciencia
¿Acaso la protección de la salud, tanto física como psicológica, de las mujeres no forma parte de la responsabilidad profesional y del compromiso con la defensa humana que argumentan quienes defienden su profesión médica ante la interrupción de un embarazo?
Por Gire
31 de agosto, 2015
Comparte

Por: Marisol Escudero

Históricamente, el derecho de objeción de conciencia, que tiene como fundamento la libertad de ideología, creencias y religión de todas las personas, ha sido argumentado por parte del personal de salud, de sectores tanto público como privado, para negarse a brindar información en materia de salud sexual y reproductiva y servicios de salud de interrupción del embarazo (ILE) en aquellos supuestos legalmente contemplados por las leyes.

Al respecto, el pasado 11 de agosto de 2015, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay emitió una sentencia la cual resuelve sobre la petición de un grupo de médicos pertenecientes a los servicios de salud públicos del país, quienes solicitaron la nulidad de algunos artículos del Decreto presidencial 375/012 que reglamenta la Ley No. 18.987, relativa a la interrupción voluntaria del embarazo en el país, señalando, entre otras cosas, que el instrumento impugnado restringe ilegítimamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de salud convirtiéndose en un “atentado al sentido último de su profesión”, así como “a su dignidad personal y al libre desarrollo de su personalidad, al tratarse de profesionales que (…) están comprometidos humana y profesionalmente con la defensa de la vida humana”.

De acuerdo con dicha Ley, en Uruguay el aborto voluntario es legal, al igual que en el D.F., hasta la doceava semana de gestación. Además, también se contemplan aquellos casos en los que la continuación del embarazo supone un grave riesgo a la salud de la mujer, el producto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o el embarazo sea producto de una violación.

En todos los supuestos antes mencionados, la ley reconoce el derecho no sólo de los ginecólogos y del personal de salud sino inclusive de las instituciones médicas que tienen “objeciones de ideario” de negarse a brindar servicios de ILE, para lo cual deberán identificarse como objetores con anticipación con la posibilidad de retractar dicha decisión en cualquier momento.

En su sentencia, partiendo de una concepción errónea de la responsabilidad de las autoridades para adoptar las medidas necesarias que garanticen el efectivo ejercicio del derecho la libertad de conciencia de todas las personas y desconociendo por completo otro derecho fundamental como lo es la salud de las mujeres, el Tribunal, además de argumentar que el decreto reglamentaba aspectos no previstos por la ley y por lo tanto formalmente violentaba la voluntad del Legislador, procedió a declarar la nulidad de la regulación de aspectos relevantes que limitaban el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia.

Fueron anuladas cuestiones como la limitación del ejercicio de la objeción de conciencia a la práctica del procedimiento médico o la definición del concepto de salud en términos provistos por la Organización Mundial de la Salud, la cual considera como parte del mismo aspectos físicos, psicológicos y sociales de la persona.

La regulación derogada garantizaba a la mujer el acceso a la información necesaria cuando tuviera que solicitar los servicios de ILE y daba certeza jurídica sobre los aspectos que debería considerar el personal médico para valorar el riesgo que el embarazo imponía a su salud.

De esta manera, el Tribunal otorgó al personal médico y a las instituciones de salud de Uruguay la completa potestad para decidir de manera arbitraria, en cualquiera de los supuestos establecidos por la legislación, el futuro y la vida de las mujeres: lo que era un derecho se convirtió en una dádiva de los médicos.

Y entonces, cabe la pregunta ¿acaso la protección de la salud, tanto física como psicológica, de las mujeres no forma parte de la responsabilidad profesional y del compromiso con la defensa humana que argumentan quienes defienden su profesión médica ante la interrupción de un embarazo?

Así como los Estados tienen la obligación de proteger la libertad de conciencia, lo tienen respecto de la salud de las mujeres. El reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia no puede ser absoluto y su regulación debe contemplar la posibilidad de ejercerlo sin que ello implique la negación absoluta de la prestación de servicios de salud ILE.

En este sentido, una regulación estatal de los servicios de ILE que respete los derechos humanos de las personas debe reconocer la objeción de conciencia como un derecho individual y no institucional, pues con ello se impone una visión moral estatal sobre el personal médico y las usuarias de los servicios de salud.

También debe establecer la posibilidad de que las mujeres sean referidas con médicos no objetores que les brinden el servicio requerido. Asimismo, la objeción de conciencia no debe proceder en supuestos en los que la no interrupción inmediata del embarazo ponga en riesgo la salud y la vida de la mujer. Y, finalmente, la salud de las mujeres debe ser considerada integralmente desde sus aspectos físicos, psicológicos y sociales pues es en todos ellos en los que impactará la continuidad de un embarazo.

 

* Marisol Escudero es abogada de Políticas Públicas.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.