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Punto G(ire)
Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
El aborto como acto de justicia
El aborto debe ser legal y seguro para asegurar la justicia reproductiva de las mujeres en el país, particularmente para las que sufren algún evento obstétrico y son criminalizadas, o sufren de violencia sexual y deben de interrumpir su embarazo, o bien porque el feto no puede llegar a término. Celebrar la vida sólo como una función biológica es una fetichización biologicista de los fundamentalistas.
Por Gire
13 de enero, 2015
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Por: Omar Feliciano (@tipographo)

En días pasados tuve oportunidad de discutir con varias personas sobre los marcos éticos por los que se puede asegurar que el aborto es un acto moral y de justicia social para garantizar el bienestar de las mujeres, lo que ha coincidido con las potenciales iniciativas para despenalizar el aborto en Puebla y Coahuila. Estados en los que he vuelto a escuchar la caricaturización de la postura por el derecho a la autodeterminación reproductiva y la estigmatización de las mujeres, sus familiares y el personal de salud.

La semana pasada en conferencia de prensa varios partidos políticos federales y locales dieron su respaldo a una asociación fundamentalista que ha protestado contra el matrimonio igualitario y que aprovechó el micrófono para hablar del aborto y pedir que el Estado investigue al personal médico: “La principal responsable es la mujer, porque es la madre, el segundo cómplice es el papá o un familiar, así como el personal de enfermería y los médicos”.

El silencio y la desinformación son el caldo de cultivo para posiciones extremistas fundamentadas en la ignorancia. En la encuesta nacional de opinión pública sobre aborto de 2013 sorprende que 40 por ciento de las personas encuestadas afirmó que la interrupción del embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia. Mientras que 76 por ciento de las personas encuestadas opina que la decisión de la mujer es la más importante. Sin embargo, llama la atención la actitud favorable hacia la criminalización de las mujeres: un 36 por ciento opina que las mujeres que recurren a un aborto deberían de ser denunciadas a las autoridades y un 86 por ciento denunciaría personalmente a una mujer por haber interrumpido un embarazo.

Los datos son contrastantes con el sentir de la mayor parte de personas identificadas como religiosas. De acuerdo con la encuesta de opinión católica en México de 2010, 57 por ciento de las personas identificadas como católicas reconoce que el aborto debe de estar permitido en algunas circunstancias. El efecto de la estigmatización sobre el aborto y el pánico moral incitado por los grupos fundamentalistas se traduce en el congelamiento de iniciativas a favor del avance de los derechos reproductivos de las mujeres, por ejemplo en Puebla el debate lleva ocho años detenido pese a la presentación de iniciativas que ni siquiera avanzan en el proceso legislativo. Está por verse si el nuevo presidente del Congreso, el perredista Carlos Martínez Amador, logra impulsar el debate tal como lo ha prometido.

Las personas que defendemos el acceso al aborto legal y seguro lo hacemos desde diversos marcos éticos, valores y principios. Por ejemplo, el de los derechos humanos, de la bioética o del feminismo. Desde la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos han cobrado relevancia como un marco civilizatorio mínimo para asegurar la vida, la salud, la dignidad y el desarrollo de las personas. Éstos han sentado un antecedente jurídico y referente ético mínimo, es por eso que exigimos que las legislaciones estatales avancen hacia el modelo del Distrito Federal, tal como aconsejan organismos internacionales de derechos humanos. El modelo del Distrito Federal ha sido declarado constitucional y adecuado para asegurar un balance entre la autonomía de las mujeres y la protección de la vida prenatal.

Los principios de bioética también son un referente para quienes pugnan por los derechos humanos de las mujeres y son referentes para la práctica médica. Bajo este marco ético es posible asegurar que el aborto posterior a las 12 semanas es un acto moral cuando se cumplen los principios de autonomía, justicia, no maleficencia y no maleficiencia. Aquí estamos hablando de causales como las de aborto por violación, riesgo de la salud o vida de la mujer e inviabilidad del feto. ¿De verdad van a pedir a una menor violada por su padrastro que presente una denuncia antes de las 12 semanas para acceder a un aborto? ¿Van a obligar a una mujer a llevar a término el embarazo de un feto anencefálico?

En años recientes ha aumentado la utilización del marco de justicia reproductiva para encuadrar los dilemas reproductivos. Este marco utiliza el derecho a tener hijos, a no tenerlos, y a criarlos en un ambiente seguro y saludable. Desde este enfoque el Estado está obligado a no interferir en las decisiones sobre la vida y debe de reducir la inequidad de oportunidades para controlar el destino reproductivo de las personas. Esto significa que nuestras opciones reproductivas deben ser seguras, económicas y accesibles.

El aborto debe ser legal y seguro para asegurar la justicia reproductiva de las mujeres en el país, particularmente para las que sufren algún evento obstétrico y son criminalizadas, o sufren de violencia sexual y deben de interrumpir su embarazo, o bien porque el feto no puede llegar a término. Celebrar la vida sólo como una función biológica es una fetichización biologicista de los fundamentalistas. El personal de salud debe de asegurar la atención a los abortos sin sufrir el hostigamiento y faltar al secreto profesional. Los diputados y diputadas deben de discutir las medidas legislativas que aseguren la justicia reproductiva para las mujeres sin que sean silenciados por fundamentalistas. La protección de la vida prenatal, desde diversos marcos éticos y a la luz de la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es comprendida como una protección gradual e incremental y de ninguna manera es incompatible con la autonomía de la mujer o con su derecho a la salud o la vida.

 

* Omar Feliciano es responsable de Medios Digitales.

 

 

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