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Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
El acceso a la información pública en salud reproductiva: una herramienta de empoderamiento de las mujeres
En virtud de las omisiones y carencias de información pública al respecto, las ONG hicimos del conocimiento de la CIDH una serie de recomendaciones para que los Estados garanticen el acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva en América Latina
Por Gire
12 de noviembre, 2012
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Por: Alma Beltrán y Puga

En medio del huracán Sandy, GIRE y varias organizaciones de nuestra región, presentamos el viernes 2 de noviembre, informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los avances y desafíos que existen en el acceso a la información en relación con la salud sexual y reproductiva de las mujeres en América Latina.

En el informe se detectó que la mayoría de los Estados (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Perú) no producen ni entregan a la población información sobre aspectos relevantes vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Lo cual es una falta de acuerdo con los compromisos internacionales a los que están obligados,  pues deben dar a todas y todos los ciudadanos el conocimiento necesario para tomar las decisiones que mejor les convengan en cuanto reproducción, anticoncepción y derechos sexuales.

Por lo general, tampoco entregan oportunamente información estadística sobre aborto no punible o bien lo hacen de manera parcial, por ejemplo las estadísticas presentan un elevado porcentaje de subregistro. La falta de información es aún mayor en el caso de abortos ilegales e inseguros: la poca información disponible proviene de investigaciones de organizaciones, de los registros de los poderes judiciales locales o, en el caso de los abortos inseguros, de las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad materna.

Otra tendencia regional identificada, y expuesta ante la CIDH, fue la falta de información adecuadamente desagregada. En este sentido, los Estados consultados no producen información estadística sobre mortalidad y morbilidad materna desagregada por etnia, escolaridad y condición civil de las mujeres. Esos datos serían relevantes para el desarrollo de políticas públicas de salud más efectivas.

Los resultados de esta investigación realizada durante 2012 se discutieron en la una audiencia temática en el marco del 146 Período de Sesiones de la CIDH, presidida por las Comisionadas Tracy Robinson, Rosa María Ortiz, y la Relatora Especial para la libertad de expresión Catalina Botero, quienes destacaron la importancia del acceso a la información pública para el ejercicio de los derechos reproductivos.

Las audiencias ante la CIDH constituyen una herramienta de monitoreo y diagnóstico importante sobre la situación de temas relevantes de derechos humanos en la región, como lo es el acceso a la información.

En la audiencia se dio un panorama general de las tendencias regionales para acceder a la información pública en materia de salud sexual y reproductiva.  Se expuso que, a pesar de los avances en la adopción de leyes para promover el acceso a la información pública en varios estados, se detectaron vacíos normativos y deficiencias persistentes en la implementación de dichas leyes en los Estados, así como en la provisión de información objetiva, veraz y oportuna sobre derechos sexuales y reproductivos en las instancias gubernamentales.

La información estatal se obtuvo a través de solicitudes de información basadas en un cuestionario general diseñado en común entre las organizaciones participantes y se aplicó en los nueve países a través de los sistemas estatales disponibles de acceso a la información.

Los obstáculos encontrados para acceder de forma oportuna a la información pública solicitada evidencian que, en muchos casos, los Estados de la región carecen de información pertinente, completa, actualizada y adecuadamente desagregada (por sexo, edad, etnia, entre otros factores de riesgo) sobre salud reproductiva. Asimismo, los datos obtenidos muestran que la falta de información pública relevante para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres dificulta el desarrollo e implementación de legislación y políticas públicas en la materia.

Como se expuso en la audiencia, la emisión de leyes sobre acceso a la información no es suficiente para garantizar este derecho. Mientras que en algunos países existen leyes de acceso a la información pública y órganos garantes que funcionan razonablemente; persisten los desafíos para mejorar la entrega de la información pública de manera oportuna y completa, como en el caso de México.  En varios países de Centro América, la ausencia de marcos legales adecuados se presenta como un primer obstáculo a la plena vigencia del derecho fundamental al acceso a información en manos del Estado.

Por ende, la cultura del secreto que subsiste en las estructuras estatales de la mayoría de los países de América Latina hace indispensable contar con leyes de acceso a la información y órganos estatales que supervisen su aplicación efectiva.

La falta de información en cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres afecta de manera directa los derechos de las mujeres de las Américas, pues impide el acceso a servicios de salud esenciales, obstaculiza la toma de decisiones objetivas e informadas y dificulta el desarrollo de políticas públicas idóneas y eficientes para mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres.

La falta de información pública sobre salud reproductiva en la región es preocupante. Como lo ha destacado la CIDH anteriormente, la obligación del Estado de suministrar oficiosamente información (obligación de transparencia activa), es especialmente relevante en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, ya que contribuye a que las personas estén en condiciones de tomar decisiones libres y fundamentadas.  El acceso a información adecuada es de suma importancia para garantizar el consentimiento informado de las personas sobre sus decisiones reproductivas, y supone el cumplimiento de las obligaciones del Estado de producir estadísticas confiables y entregar, de manera oficiosa, información que sea oportuna, completa, accesible, fidedigna.

El acceso a la información pública cumple un rol fundamental en una sociedad democrática; ya que permite ejercer otros derechos humanos, favorece la participación informada en el debate público. Asimismo, el acceso a la información es una forma de empoderamiento ciudadano, ya que permite conocer información pública relevante para el ejercicio de los derechos humanos y exigir cambios cuando éstos son violados.

Sin duda,  acceder a la información pública relevante para la salud sexual y reproductiva de las mujeres es parte esencial de una agenda que busca empoderarlas y garantizar su autonomía reproductiva.

En virtud de las omisiones y carencias de información pública al respecto, las ONG hicimos del conocimiento de la CIDH una serie de recomendaciones para que los Estados garanticen el acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva en América Latina tales como:

  1. Adoptar leyes de acceso a la información pública en los países donde no existen, e instar a los Estados que sí cuentan con dichas leyes, entre ellos México, a aplicar de manera efectiva su marco jurídico.
  1. Elaborar, en conjunto con las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil, políticas públicas para promover el acceso de las mujeres a la información en materia de salud sexual y reproductiva.
  2. Desarrollar e implementar procedimientos judiciales eficaces que permitan la revisión de las decisiones de funcionarios públicos que omiten dar respuesta o deniegan el acceso de las mujeres a información pública en materia de derechos sexuales y reproductivos.
  3. Adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a la obligación estatal de proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva desagregada por sexo, edad, etnia, raza y otras condiciones de riesgo.
  4. Hacer efectivo el principio de máxima divulgación en materia de derechos sexuales y reproductivos, en especial en materia de aborto y anticoncepción de emergencia.

 

*Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica.



Centro de Derechos Reproductivos, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Planned Parenthood Global, Asociación por los Derechos Civiles, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Colectiva por el derecho a decidir.

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