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El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
El antiembarazo del PRI, la gramática de la misoginia
La declaración del dirigente del PRI en Veracruz respecto a que se harían pruebas "antiembarazo" a las mujeres que aspiraran a una candidatura, constituye un acto discriminatorio que restringe injustificadamente derechos a las mujeres y podría ser un indicador más grave: la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha considerado declaraciones hechas por políticos en medios de comunicación de difusión masiva como elementos contextuales o prueba de prácticas sistemáticas de violaciones a derechos.
Por Gire
9 de noviembre, 2015
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Por: Anel Ortega

El 4 de noviembre el líder estatal del PRI en Veracruz, Alberto Silva Ramos, anunció la práctica de pruebas antiembarazo a las mujeres que aspiraran a una candidatura, como parte del “blindaje electoral” que aseguraría que sólo “los mejores candidatos” llegaran a las elecciones en 2016 para gobernador y diputaciones locales.

Horas después de esa declaración de tête-brûlée, su partido se desmarcó con un simple comunicado señalando que “se trató de un error al final de una larga conferencia”. El propio Silva Ramos indicó que lamentaba lo sucedido porque no se trataba de “misoginia, aunque sí un error gramatical”, sin aclarar en qué consistió.

Detengámonos en el mensaje inicial de Silva Ramos. Fue claro en señalar que para él era tan necesario que una mujer con aspiraciones políticas no esté embarazada, como el hecho de que cualquier persona aspirante diera “a conocer con transparencia sus cuentas bancarias, sus bienes, sus haberes, sus declaraciones patrimoniales e impuestos”.

En la lógica momentánea del líder estatal fue válido equiparar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con el consumo de sustancias ilícitas y la prevención de delitos financieros como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal u otros. Para él tuvo sentido señalar a las mujeres que decidimos ejercer nuestros derechos a participar en la vida política del país y a formar una familia, comparándonos con lo más dañino para la democracia, porque tener descendencia es como defraudar al erario público o contribuir con el tráfico ilegal de drogas.

Es necesario recordarle a Silva Ramos que el derecho a formar una familia está reconocido y protegido por vía constitucional en el artículo 4 párrafos segundo y cuarto, y por las Convenciones Americana sobre Derechos Humanos, Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, formando un bloque de convencionalidad donde su ejercicio se relaciona con los derechos a la igualdad y no discriminación, la vida privada y familiar, la salud sexual y reproductiva, y la autonomía personal.

Esos instrumentos internacionales establecen claramente que los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos, debiendo adoptar medidas positivas para evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen alguno, y suprimir las medidas y prácticas que los restrinjan o vulneren. Tratándose de las mujeres, se ha indicado que deben de abstenerse de violar sus derechos mediante acciones u omisiones que impliquen estereotipos o prejuicios de género, realizando un esfuerzo estructural transversal para que todas las autoridades incorporen una perspectiva de género y de derechos humanos, que permita a las mujeres ser tratadas como personas dotadas de la dignidad inherente a su condición humana y titulares plenas de derechos.

Hasta aquí, la declaración del diputado federal -que pertenece a la Comisión de Derechos Humanos- constituye un acto discriminatorio que restringe injustificadamente derechos a las mujeres y podría ser un indicador más grave: la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha considerado declaraciones hechas por políticos en medios de comunicación de difusión masiva como elementos contextuales o prueba de prácticas sistemáticas de violaciones a derechos.

Hagamos un silogismo: por un lado, está la declaración de Silva Ramos para solicitar pruebas de embarazo a aspirantes a candidaturas en Veracruz; por el otro, tenemos el marco legal que prohíbe actos discriminatorios y, en especial, la observación a México del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas que solicitó reformar la Ley Federal del Trabajo y derivó en la actual fracción XIV del artículo 133 que prohíbe exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

Sin embargo, la declaración revela que no se han modificado las prácticas del mercado laboral ni estereotipos que se aferran a la incompatibilidad de la vida materna y laboral de las mujeres, impidiendo el ejercicio efectivo de su derecho al trabajo y, en el caso particular, prohibiéndoles participar en la vida política del país y a decidir sobre su cuerpo.

El objetivo de su restricción era contar con “los mejores candidatos” en las elecciones. Visto desde ahí, no existe posibilidad de error gramatical porque el lenguaje de Silva Ramos indica que sólo los hombres serían considerados. Lo que gramaticalmente sí es relevante es el calificativo “los mejores”, pues refleja un prejuicio donde las mujeres embarazadas son peores personas.

Es más grave si fue un error involuntario y lejos de justificarlo refleja una realidad misógina que enfrentan las mujeres en la política. No importa si Silva piensa en el rol de madre hogareña o las equipara con personas incapaces de ejercer el servicio público, en ambos las despoja de su condición de seres dignos y plenos. Su lenguaje refuerza estereotipos de género y jamás podrá ser confundido con deslices de morfología, sintaxis o fonética, su idea fue simple y precisa.

Lamentable que ninguna aspirante en Veracruz presentara un amparo durante las horas que permaneció vigente la declaración o se manifestara en contra de este acto discriminatorio. Ahora una disculpa no basta, se requieren mecanismos de sanción y protección a los derechos de las militantes y un ius standi (derecho de acceso a un tribunal) para activarlos al interior de los partidos, pues lo que este episodio plantea es, ¿quién asegura que no se discriminará en los hechos a las mujeres políticas que ejerzan sus derechos reproductivos?

 

* Anel Ortega es Abogada de documentación y litigio de casos de @GIRE_mx

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