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El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
El PAN pide mantener con vida artificial a mujeres embarazadas con muerte cerebral
Un diputado del PAN presentó una iniciativa que prohibe poner fin a la vida de una paciente con muerte cerebral que esté embarazada y establece una pena de cinco a nueve años de prisión “al que autorice que se ponga fin a un tratamiento para mantener la vida artificial" de dicha paciente, lo cual es contrario a la dignidad humana.
Por Gire
18 de marzo, 2014
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Por: Omar Feliciano (@tipographo)

El diputado panista Isaías Cortés Berumen ha propuesto una reforma a la Ley General de Salud que tiene como finalidad prohibir la autorización para terminar con la vida artificial de una paciente con muerte cerebral que se encuentra embarazada, incluso contra la autorización de la familia o la voluntad de la paciente expresada anticipadamente. Esta iniciativa contraria a los derechos reproductivos y a la integridad daría carta blanca a la distanacia, mejor conocida en los medios como encarnizamiento terapéutico, que es el empleo de todos los medios terapéuticos para lograr la vida biológica con daño y sufrimiento excesivos para el paciente y su familia.

La iniciativa prohibe poner fin a la vida de una paciente con muerte cerebral y establece una pena de cinco a nueve años de prisión “al que autorice que se ponga fin a un tratamiento para mantener la vida artificial de una paciente con muerte cerebral, que se encuentre embarazada”. Para los profesionales de la salud que participen en el acto se les suspenderá del ejercicio de su profesión de tres a cinco años y de manera definitiva cuando se reincida en la conducta.

Esta iniciativa es presentada justo después de que se dio el debate en Texas por Marlise Muñoz que analizamos en “Incubadora (in)humana” hace dos meses en esta columna. En Texas, una ley similar fue desafiada en tribunales por su esposo y su familia que defendieron la decisión de Marlise de ser desconectada, una probabilidad que discutió varias veces con su esposo.

Prolongar la vida de una gestante es una forma de encarnizamiento terapéutico contrario a la dignidad humana, la que también es degradada por la visión de la mujer como una mera incubadora que asegura la viabilidad fetal. Esta imagen me hace recordar una plática con mi amiga Islandia sobre la misoginia médica: “si pudieran excluir a la mujer del   embarazo y el parto lo harían sin lugar a dudas”. Con esta iniciativa se naturaliza la idea del valor de las mujeres fundamentado en su capacidad reproductiva, la madre por encima de la mujer, incluso si ésta ya murió.

La iniciativa es contraria al reconocimiento de los derechos reproductivos y a la integridad personal de las mujeres, pero también viola el derecho a la intimidad y a la integridad psicológica de los familiares al castigarles penalmente si no desean mantener la vida de su familiar embarazada, cuando ésta ya ha sido declarada con muerte cerebral.

La iniciativa parte del reconocimiento del derecho a la vida del producto desde la “concepción” en su calidad de persona, según lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, sin considerar la interpretación que la Corte Interamericana hizo en la sentencia “Artavia Murillo y otros”, en la que señaló que no se puede considerar a un embrión como titular de derechos en tanto que no es persona y el derecho a la vida desde el momento de la “concepción” se debe entender a partir de la protección que se debe dar a la mujer embarazada en reconocimiento de sus derechos humanos.

Además de ser contraria a la dignidad humana y de hacer una interpretación errónea de los derechos humanos, esta iniciativa impone el encarnizamiento terapéutico como una política de salud. Quita la decisión de terminar la vida artificial de las manos de la familia de la mujer y profesionales de la salud, de acuerdo a las situaciones individuales, para imponer un criterio que fetichiza la vida biológica, impone dolor a los familiares, desprecia las condiciones clínicas particulares de cada mujer, eleva el costo de la atención y viola el principio hipocrático primun  non nocere, que se traduce como “ante todo no hacer daño”.

En una democracia las soluciones penales deben ser la última respuesta, y siempre acordes al marco de derechos humanos y proporcional a la gravedad de la conducta. Imponer una pena por terminar con la vida artificial de una mujer embarazada aún con su voluntad expresa es dañino para las familias e ignorante de que el derecho a la vida sólo se puede entender si la mujer embarazada está en el epicentro como titular y sujeto activo.

En Texas la voluntad de Marlise se impuso en los tribunales quienes ordenaron que la desconectaran de la vida artificial. Así queda demostrado que este tipo de leyes no soportan una examen minucioso. Mientras que en otros países los colegios médicos establecen posiciones y criterios sobre el encarnizamiento terapéutico, en México quieren imponer esta práctica contraria al sistema nacional de salud. Imponer la maternidad forzada a una mujer clínicamente muerta y, de esta manera, legalizar el encarnizamiento terapéutico es un acto siniestro; el giro irónico viene cuando lo promueve un partido que dice defender la dignidad humana.

 

* Omar Feliciano, Medios Digitales

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