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Punto G(ire)
Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Estancias infantiles, discriminación y miopía judicial
El enorme y majestuoso andamiaje que representó la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 6 y 10 junio de 2011 se queda como una estructura vacía e inoperante si los encargados de su aplicación continúan resolviendo con los criterios formalistas construidos el siglo pasado, como el referente al juicio de amparo interpuesto en contra del artículo 201 de la Ley del Seguro Social, que sólo otorga el servicio de guardería a las madres trabajadoras y, de manera excepcional, a los padres.
Por Gire
5 de octubre, 2015
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Por: Alex Ali Mendez Diaz (@alex_ali_md)

El acceso a servicios de estancias infantiles implica el ejercicio de una serie de derechos humanos, entre ellos a la seguridad social, a la igualdad y a la no discriminación. Sin embargo en los hechos el acceso a estos servicios reproduce los estereotipos de género que consideran que la mujer debe ser la única responsable del cuidado de los hijos e hijas. El hecho de que los padres derechohabientes no pueden acceder a esta prestación repercute de manera negativa al impedir la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de hijos e hijas.

Entre las normativas que reproducen este estereotipo está el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, que establece los requisitos para acceder a la prestación de servicios de “guardería”:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Así, de acuerdo con el contenido de este artículo el servicio se otorga, por regla general, a las mujeres trabajadoras y de manera excepcional a los hombres trabajadores viudos, divorciados o que tengan la custodia de los hijos por resolución judicial.

Al analizar esta norma a la luz de la perspectiva de género surgen diversos cuestionamiento: ¿Por qué la prestación sólo se otorga a las mujeres trabajadores y de forma excepcional a los hombres? ¿Se debe a que por regla general los hijos deben ser cuidados por las mujeres y los hombres asumen esta tarea casi por necesidad únicamente cuando sea viudo o divorciado? ¿Qué pasa cuando las parejas viven en concubinato? ¿Qué sucede en los casos en que a pesar de haber un matrimonio es el esposo quien tiene Seguro Social y la esposa trabaja de forma independiente sin tener dicho servicio? Y finalmente ¿qué sucede con el matrimonio entre personas del mismo sexo, especialmente tratándose de los hombres?

Este tipo de inquietudes ponen en tela de juicio la constitucionalidad de este tipo de leyes basadas en estereotipos de género y que además excluyen de forma injustificada a un grupo de población. GIRE está acompañando dos casos en los que se pone de manifiesto las violaciones a derechos humanos que genera esta norma. Se trata de dos parejas (Mario y María, Antonio y Gabriela) en las que ellos son los asegurados, ellas trabajan de forma independiente sin acceso a servicios de seguridad social.

En ambos casos los asegurados en su calidad de derechohabientes solicitaron al Instituto Mexicano del Seguro Social se les otorgara la prestación de guarderías. La petición les fue negada con fundamento en el citado artículo 201 de la Ley del Seguro Social. Pueden conocer los detalles de estos casos en el micrositio del informe “Niñas y Mujeres sin Justicia” en su capítulo dedicado a la Vida Laboral y Reproductiva.

Al considerar que esta ley usada por el IMSS para negarles el servicio es violatoria de derechos humanos, las parejas acompañadas por GIRE interpusieron un juicio de amparo. En la demanda se argumentó que la norma es violatoria de derechos humanos por diversos motivos: Atenta contra los derechos de las mujeres al fomentar el estereotipo de que ellas son las que tiene a su cargo el rol de cuidado de los hijos, impide la distribución equitativa de las tareas de cuidado respecto de los hijos y fomenta una doble jornada laboral para las mujeres. En el caso de los hombres existe un problema de discriminación por no existir un fundamento objetivo y razonable para negarles el acceso al servicio de la estancia infantil.

Ambas demandas de amparo han tenido un camino desafortunado debido al arraigado formalismo que impide a los impartidores de justicia un juzgamiento con perspectiva de género. En los dos casos el juicio de amparo fue considerado improcedente porque de acuerdo a las reglas formales del juicio de amparo el Instituto Mexicano del Seguro Social no es una autoridad, ya que dicha institución al emitir sus actos actúa en un plano de coordinación en relación con las personas aseguradas. De esta manera explican los jueces, que “no existe acto de autoridad” y derivado de ello “no hay una afectación a la esfera jurídica de los quejosos”.

En este sentido el Juez sostuvo que al no haber acto de aplicación no puede proceder al estudio de constitucionalidad del artículo 201 de la Ley del Seguro Social. Con estos criterios los impartidores de justicia olvidaron que aunque quien aplique la norma puede no tener el carácter de autoridad en términos de un estudio tradicional de ese concepto, el problema no está en el criterio de aplicación de la ley sino en la ley misma.

En estas circunstancias el acto que se reclama además del oficio que niega el servicio es la propia ley por lo que es el Congreso de la Unión la autoridad responsable en última instancia por haber dictado normas que violan derechos humanos. Bajo la lógica de estudio del juez federal la norma nunca podría ser objeto de un escrutinio constitucional y con ello no habría forma de que se acumularan los precedentes judiciales necesarios para que la Suprema Corte de Justicia pudiera invalidar de forma general este artículo.

Estos casos ponen de manifiesto la urgente necesidad de que desde el Poder Judicial de la Federación se redoblen los esfuerzos para hacer efectivo el nuevo paradigma constitucional que tiene como eje rector los derechos humanos.

Este tipo de sentencias hace necesario recurrir a una segunda instancia e incluso buscar un pronunciamiento de la propia Suprema Corte al respecto; sin embargo el camino tendría que ser mucho más fácil para quienes acuden en busca de la justicia constitucional. El enorme y majestuoso andamiaje que representó la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 6 y 10 junio de 2011 se queda como una estructura vacía e inoperante si los encargados de su aplicación continúan resolviendo con los criterios formalistas construidos el siglo pasado.

(Descarga la sentencia y consulta las recomendaciones sobre vida laboral y reproductiva del informe “Niñas y Mujeres sin Justicia en materia de legislación, implementación de la normativa y procuración de justicia)

 

* Alex Ali Mendez Diaz es Coordinador de Documentación y Litigio de Casos de @GIRE_mx

 

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