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El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Esterilización no consentida y elementos del consentimiento informado
Sandra fue víctima de esterilización no consentida como una forma de tortura; también de violencia de género, violencia obstétrica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por Alehi Balderas Sandoval
4 de octubre, 2021
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Sandra tenía 31 años cuando cursaba su segundo embarazo. Tenía el deseo y la ilusión de volver a embarazarse más adelante, pues ella y su esposo habían planeado tener 3 hijos; sin embargo, todo cambió cuando a inicios de 2017 acudió al Hospital General de Zona No. 9 del IMSS para recibir atención ginecobstétrica. Después de varios días en labor de parto, el personal médico —con engaños, amenazas y condicionando la atención médica— recabó su consentimiento para realizarle una Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) como método anticonceptivo permanente.

Después de lo sucedido, Sandra comenzó un largo y complicado camino en la búsqueda de justicia por el reconocimiento de la violación a sus derechos reproductivos. Fue así que, en el mismo año, acompañada por GIRE, presentó una demanda de amparo indirecto y una queja por violaciones a derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la esterilización no consentida a la que fue sometida por personal médico del IMSS.

El pasado 26 de mayo de 2021, la Primera Sala de la SCJN resolvió su caso, determinando que el consentimiento recabado por el personal de salud del IMSS, firmado por Sandra y sus familiares para la realización de la OTB, carecía de los elementos necesarios para considerarse válido, es decir, no era previo, libre, pleno ni informado. En ese sentido, las y los ministros concluyeron que fue víctima de esterilización no consentida como una forma de tortura, también de violencia de género, violencia obstétrica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Respecto a la queja presentada ante la CNDH, a cuatro meses de distancia del pronunciamiento del máximo tribunal de justicia, el trámite del expediente de queja concluyó con la reciente emisión de la Recomendación 45/2021, dirigida al Director General del IMSS por la violación a los derechos a la protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica, a la libertad y autonomía reproductiva con relación al consentimiento informado en servicios de anticoncepción, a elegir el número y espaciamiento de los hijos y al proyecto de vida.

En el estudio del expediente de queja realizado por personal de la CNDH, se incluyó el análisis de la atención médica brindada durante el parto de Sandra, concluyendo que el personal del hospital no llevó a cabo una monitorización obstétrica adecuada durante el trabajo de parto ni se justificó médicamente el uso de oxitocina, aumentando los riesgos de morbilidad y mortalidad materno-fetal.

Respecto al consentimiento recabado para la realización de la OTB, al igual que la SCJN realizó el estudio de los elementos de validez del consentimiento informado. En ese sentido, determinó que no se cumplió con los elementos: previo, libre, pleno e informado, ya que el personal de salud recabó la firma de Sandra y de sus familiares 20 minutos antes de que ella fuera ingresada a quirófano para que se le realizara una cesárea, lo cual se agrava considerando que se encontraba en condiciones de vulnerabilidad porque había estado en labor de parto por 60 horas, lo que le generó cansancio y agotamiento por el esfuerzo físico. Además de que el personal médico le condicionó la atención a la firma del consentimiento para la realización de la OTB.

También determinó que no fue posible brindarle una consejería previa, clara, detallada y sin presión alguna sobre la OTB minutos antes de ser ingresada a quirófano, por lo que se incumplió con lo establecido en la NOM 005-SSA2-1993. Finalmente, la CNDH concluyó que Sandra fue víctima de esterilización no consentida como actos crueles, inhumanos y degradantes.

Una vez reconocidas y acreditas las violaciones a los derechos humanos de Sandra y su esposo, la CNDH reconoció su calidad de víctimas, por lo que solicitó su inscripción al Registro Nacional de Víctimas en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, con la finalidad de garantizar la reparación integral del daño, especificó medidas de compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Como medidas de rehabilitación, recomendó que se les brinde a Sandra y a su esposo atención psicológica por personal profesional y especializado, gratuita, inmediata y en un lugar accesible, de forma continua hasta que alcancen sanación psíquica y emocional por las afectaciones sufridas.

Como medidas de satisfacción, solicitó la colaboración del IMSS con la autoridad investigadora en el trámite y seguimiento de la queja administrativa iniciada ante el Órgano Interno de Control de dicha institución en contra del personal de salud implicado en las violaciones a los derechos humanos, además de una disculpa privada a Sandra y a su esposo por lo sucedido.

Como garantías de no repetición, indicó: la impartición de cursos de capacitación para combatir los hechos que dieron origen a la Recomendación, dirigidos a personal directivo, médico y de enfermería encargado de la atención de mujeres embarazadas. Una circular dirigida a todo el personal médico del área de tococirugía, ginecología y obstetricia del hospital en donde ocurrieron los hechos que les exhorte a someterse al proceso de certificación y recertificación ante los Consejos de Especialidades Médicas. La publicación en la página de internet y de intranet del IMSS, con la finalidad de que el personal y personas derechohabientes tengan conocimiento del caso de Sandra, las violaciones a derechos humanos y las repercusiones de éstas. La creación de un programa permanente para la prevención y atención de casos de violencia obstétrica, así como la implementación permanente de una campaña de difusión en las clínicas y hospitales del IMSS sobre los derechos de las mujeres usuarias de los servicios de salud reproductiva.

Actualmente transcurren los 15 días hábiles para que el IMSS acepte el documento recomendatorio y, con ello, se proceda al cumplimiento de las medidas de reparación del daño a favor de Sandra y de su esposo.

Desde GIRE, celebramos los criterios establecidos tanto por la SCJN como por la CNDH respecto a los derechos reproductivos y, en específico, a la esterilización no consentida como violencia obstétrica.

* Alehi Balderas Sandoval (@alehbal) es abogada de Documentación y Litigio en @GIRE_ mx.

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