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Punto G(ire)
Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Francia y México: experiencias paralelas del derecho al aborto
En México existe un estado de permanente violación al derecho a la salud de las mujeres, entendido en toda su extensión en términos de la OMS no sólo como la ausencia de enfermedades sino a un estado de completo bienestar físico, mental y social, al negar el acceso a la opción de interrumpir un embarazo inclusive a niñas y adolescentes cuya salud y vida dependen de ello.
Por Gire
29 de febrero, 2016
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Por: Marisol Escudero (@marisol_esma) y Alejandro Galland

Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una Controversia Constitucional presentada por el gobernador del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, por una presunta violación por parte de los legisladores del Congreso de la entidad a los derechos de las mujeres y de las obligaciones constitucionales e internacionales de las autoridades en materia de derechos humanos, a consecuencia de la negativa de los diputados para aprobar -de acuerdo con el Boletín emitido por el Congreso de la entidad- entre otros, una reforma al Código Penal de Morelos para que éste expresamente señalara como no punibles los abortos a consecuencia de presuntas violaciones.

Si bien pudiera ser calificado como positivo el compromiso político y la defensa pública de los derechos de las mujeres que realiza el gobernador de una entidad como Morelos, en la que ha sido recientemente declarada una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por las alarmantes cifras de feminicidios registradas en la demarcación, cabe la pena preguntarse si este tipo de acciones son las se requieren para que los derechos de las mujeres sean efectivamente garantizados o solamente pretenden continuar con el encubrimiento de la gran deuda que el Estado mexicano tiene con la protección de los derechos reproductivos de las mujeres.

Los Códigos Penales de todas las entidades del país establecen que en casos de violación las mujeres pueden solicitar y acceder a un aborto sin que ellas o los médicos puedan ser criminalizados por ello. Asimismo, tanto la Ley General de Víctimas como la propia Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos reconocen la atención médica en salud sexual y reproductiva y la interrupción del embarazo como servicios de salud de emergencia a los cuales tienen derecho las víctimas de violación, sin la necesidad de presentar ningún requisito ante las instituciones de salud, inclusive la denuncia penal.

En este mismo sentido, hace unos días, la Secretaría de Salud Federal aprobó la modificación a la norma oficial mexicana” NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, para armonizar su texto a la Ley General de Víctimas y permitir que las mujeres que refieran estar embarazadas como consecuencia de una violación, bajo el principio de buena fe, soliciten y accedan ante cualquier institución de salud a servicios de interrupción del embarazo.

Sin embargo, a diferencia de otros procedimientos médicos, además de enfrentar un doble estigma social como mujer víctima de violación y que decide interrumpir un embarazo, en la práctica las mujeres se topan con un sinfín de circunstancias, como el desconocimiento de la legislación por parte de las autoridades, la falta de insumos y de personal médico, la falta de capacitación para brindar el servicio y de acceso a la información de las propias mujeres, que históricamente no han sido atendidas y resueltas por el Estado mexicano y han hecho inaccesible este servicio.

Y lamentablemente la situación no es mejor para aquellas mujeres que deciden o requieren interrumpir un embarazo en los otros casos previstos por las legislaciones penales de los estados (malformaciones genéticas del producto; riesgo a la salud o vida de la mujer; inseminación no consentida y situación socioeconómica precaria), quienes muchas veces dependen de contar con los recursos económicos suficientes para poder viajar a la Ciudad de México que es la única entidad que brinda servicios gratuitos especializados de aborto en todo el país hasta la doceava semana de gestación.

A consecuencia de ello existe en México un estado de permanente violación al derecho a la salud de las mujeres, entendido en toda su extensión en términos de la Organización Mundial de la Salud no sólo como la ausencia de enfermedades sino a un estado de completo bienestar físico, mental y social, al negar el acceso a la opción de interrumpir un embarazo inclusive a niñas y adolescentes cuya salud y vida dependen de ello.

Entonces, ¿por qué a pesar de contar con un marco legal garantista que reconoce los derechos de las víctimas de violencia sexual o supuestos bajo los cuales las mujeres pueden optar por un aborto, en vez de realizar acciones para promover políticas públicas integrales que permitan en la práctica la garantía y progresividad de los derechos de las mujeres, la respuesta de las autoridades es la de seguir enfrascados en discusiones de vacíos legales que no existen o que cuestionan la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo?

A diferencia de México, en los últimos años, a partir de una perspectiva de salud pública y de género, las políticas implementadas por el Gobierno de Francia han permitido a este país transitar, desde la legalización del aborto en 1975, hacia un sistema de salud reproductiva inclusivo y universal que reconoce los necesidades y derechos de las mujeres que demandan estos servicios. En 2013, el Gobierno aprobó una serie de reformas legales que garantizan, entre otras cosas, el establecimiento de 12 semanas de gestación como plazo para interrumpir el embarazo bajo cualquier circunstancia y un plazo mayor en casos de afectación a la salud física y psicológica de la mujer; la difusión de información sin restricciones sobre servicios de aborto; la total cobertura de los gastos asociados a la prestación de los servicios de aborto, con independencia de la situación migratoria de la mujer, su estatus laboral o si cuentan con seguro médico, y la provisión gratuita de métodos anticonceptivos a adolescentes de entre 15 y 18 años de edad. Recientemente, las autoridades francesas han informado que en abril de 2016 se alcanzará la meta de implementar estas medidas en todo el país.

Así, la experiencia francesa permite evidenciar que cuando la legislación reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, éste debe ser un servicio de salud como cualquier otro, garantizado por el Estado bajo el mismo estándar de calidad y seguridad y en condiciones de igualdad y sin discriminación a todas las mujeres que así lo requieren.

Un Estado verdaderamente comprometido con los derechos y la salud de las mujeres debe dejar de lado la politización de un servicio de salud que todas las mujeres pueden necesitar en algún momento de su vida reproductiva y brindar respuestas objetivas, fuera de toda consideración moral o religiosa, a las necesidades de salud reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres a partir de medias que tiendan a establecer una igualdad sustantiva, esto es, un acceso real e igual a servicios de salud, y que permitan dar prioridad a la reserva de fondos presupuestarios para estos fines.

 

* Marisol Escudero es abogada de Políticas Públicas y Alejandro Galland es abogado de Vinculación Legislativa de @GIRE_mx

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