Guerrero: de la incredulidad al hito
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El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Guerrero: de la incredulidad al hito
En Guerrero, el ministerio público ya no está en posibilidad de recibir denuncia alguna en contra de quien interrumpe su embarazo, y la Fiscalía no podrá abrir ninguna carpeta de averiguación en contra de mujeres y personas gestantes, pues ya no existe delito que perseguir.
Por Francisco Cué
30 de mayo, 2022
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Hace menos de un año, en el ocaso de la anterior Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, organizaciones feministas locales y nacionales —con el incondicional apoyo de algunas diputadas y diputados estatales— buscábamos desesperadamente alternativas para lograr incidir en la aprobación de una reforma mínima en materia de aborto por violación, la cual tan sólo perseguía la homologación del Código Penal guerrerense con la legislación nacional, eliminando la cláusula que inconstitucionalmente mantenía como requisito la previa autorización del ministerio público para que una mujer o persona con capacidad de gestar pudiera interrumpir legalmente un embarazo resultado de violencia sexual.

No se logró; de hecho, poco faltó para que fuese aprobada una redacción aún más regresiva, y lo que tenía que haber sido una reforma natural, obvia e incontrovertible, sobre todo —pensábamos— para una de las entidades federativas que peores cifras tiene en materia de violencia sexual en contra de mujeres, niñas y adolescentes, lamentablemente se convirtió en una suerte de profecía para los movimientos feministas: ¡jamás se aprobará la despenalización del aborto voluntario!

A punto de cumplirse dos semanas desde el día de la votación en el Congreso estatal, la noticia de que el aborto se despenalizó en el estado de Guerrero aún resulta difícil de creer. En parte, porque los antecedentes políticos y legislativos en la entidad generaban más escepticismo que optimismo, incluso entre las incansables y obstinadas feministas guerrerenses. También porque quizás aún no terminamos de aquilatar correctamente la magnitud de la reforma: en Guerrero, para la mujer embarazada o persona gestante, el delito de aborto voluntario ha sido oficial y completamente derogado.

Desde que se despenalizó el aborto en el (entonces) Distrito Federal en abril de 2007, las siguientes seis entidades federativas que despenalizaron por la vía legislativa (Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Sinaloa) lo hicieron adoptando el comúnmente denominado “modelo Ciudad de México”, que consiste —básicamente— en hacer una separación de los delitos de aborto voluntario (autoprocurado o consentido) y aborto forzado, así como en establecer que el delito de aborto voluntario se actualiza cuando ocurre a partir de un determinado momento en el proceso de gestación (a partir de la semana 13 generalmente, aunque en Sinaloa es a partir de la semana 14). Cumplido el plazo establecido, aún se puede acceder legalmente a un aborto al amparo de las causales de exclusión de responsabilidad penal.

En todos los códigos penales del país —excepto en Coahuila por efectos de la sentencia, y ahora en Guerrero—, el delito de aborto voluntario contempla sanciones para dos tipos de sujetos activos, es decir, se contemplan dos tipos de personas capaces de realizar la conducta descrita como prohibida y, por ende, susceptibles de ser sancionadas desde el derecho penal: por un lado, a la mujer o persona con capacidad de gestar que se autoprocura un aborto, o bien, que consintió en que otra persona le hiciera abortar; por el otro —si es el caso—, a la persona que practicó el aborto a solicitud de la mujer embarazada o persona gestante, típicamente, personal médico y de enfermería.

Incluso en aquellas entidades federativas en las que el aborto ya ha sido despenalizado durante un período al comienzo de la gestación, o en aquellas en las que no existe una pena de prisión para quien interrumpa un embarazo, la legislación aún contempla la posibilidad de denunciar, investigar y sancionar penalmente, primero, a la mujer o persona con capacidad de gestar y, segundo, a quien hubiese practicado el aborto, aun cuando jueces y juezas tengan que atenerse al criterio de la Corte y desechar la denuncia.

En Guerrero, atendiendo el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia sobre la Acción de Inconstitucionalidad de Coahuila, las diputadas y diputados decidieron eliminar de su Código cualquier posibilidad de perseguir penalmente a una mujer o persona con capacidad de gestar que haya abortado. Quien haya tomado la decisión o se haya visto en la necesidad de interrumpir su embarazo no deberá sujetarse —sin importar el escenario o circunstancia— a acción alguna de seguridad pública o de procuración de justicia.

Esta espada de Damocles que es el derecho penal, pendiendo permanentemente sobre la cabeza de quienes cursan un embarazo —deseado o no deseado—, en Guerrero ha desaparecido. El ministerio público ya no está en posibilidad de recibir denuncia alguna en contra de quien interrumpe su embarazo, y la Fiscalía no podrá abrir ninguna carpeta de averiguación en contra de ellas, pues ya no existe delito que perseguir.

No es un tema menor. En GIRE hemos documentado que, pese a haberse despenalizado el aborto voluntario durante las primeras 12 semanas desde hace 15 años, la Ciudad de México —entre 2010 y 2020— concentró el mayor número de denuncias por el delito de aborto en todo el país. Es cierto que la mayoría de las denuncias seguramente se desechan, o que las investigaciones concluyen en que los embarazos se interrumpieron legalmente, pero la obligación de atender cada denuncia, investigar los hechos y, en su caso, la posibilidad de castigar a las mujeres se mantiene. En Guerrero ya no.

Ahora bien, con la reforma aprobada por el Congreso de Guerrero, el personal médico y de enfermería aún puede ser sujeto de persecución penal, pues para quien practique un aborto a solicitud de la mujer embarazada o persona gestante, las diputadas y diputados establecieron el mismo modelo adoptado en el resto de las entidades federativas que ya despenalizaron el aborto: no se considerará delito el aborto —para nadie— cuando se practique voluntariamente durante las primeras 12 semanas del embarazo, y cumplido el plazo, siempre y cuando se practique al amparo de alguna de las causales de exclusión contempladas, mismas que ampliaron con la reciente reforma aprobada.

Desde la perspectiva de la prestación de los servicios médicos de interrupción del embarazo, el aborto voluntario en Guerrero ha sido despenalizado prácticamente en los mismos términos que en el resto del país: durante las primeras 12 semanas, y posteriormente en determinados escenarios y cumpliendo con algunos requisitos. El Estado de Guerrero tiene la responsabilidad y la obligación de proveer los servicios de aborto seguro en esos términos.

En términos de los derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar, la actual Legislatura del Congreso de Guerrero ha tomado una decisión histórica y, de paso, ha establecido un nuevo estándar nacional en materia de autonomía reproductiva.

* Francisco Cué es responsable de Incidencia Política en @GIRE_mx.

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