Justicia olvidada. Violencia e impunidad en la salud reproductiva
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Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Justicia olvidada. Violencia e impunidad en la salud reproductiva
El informe realizado por Impunidad Cero y GIRE sobre violencia obstétrica y muerte materna muestra la innegable brecha entre lo previsto en el marco normativo y su implementación, gracias a la impunidad.
Por Gire
24 de mayo, 2022
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El fenómeno de la impunidad en México es complejo. La impunidad no sólo evoca la ausencia de sanciones ante una falta o delito, sino una serie de fallas sistémicas que imposibilitan el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos por parte del Estado y sus representantes.

En un trabajo conjunto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) e Impunidad Cero presentaron el informe Justicia olvidada. Violencia e impunidad en la salud reproductiva, que busca visibilizar la relación entre la impunidad y la justicia reproductiva, el acceso a la justicia para las personas sobrevivientes de violencia obstétrica y muerte materna, y establecer vías que permitan mitigar la impunidad que constituye un obstáculo para alcanzar la justicia reproductiva en México.

En esta investigación, GIRE e Impunidad Cero insisten en que el abordaje de la impunidad debe ir más allá de un entendimiento punitivista —intervención del derecho penal para solucionar cualquier problema social mediante la aplicación de un castigo—. Más allá de la tradicional concepción de impunidad, como la falta de un castigo ante la comisión de delito o una falta civil y/o administrativa, lo fundamental es comprender que el problema es de carácter estructural y que por ello es indispensable ir a la raíz de esas situaciones para tratar de evitar que sigan sucediendo. El informe echa una mirada al vínculo entre la impunidad y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), donde se pone de manifiesto que la sanción penal es ineficaz para solucionar el acceso a derechos tales como la salud, la seguridad y protección social y los derechos sexuales y reproductivos. Mientras no se otorguen presupuestos suficientes, se implementen políticas públicas adecuadas y se simplifiquen los procedimientos, no podremos decir que se están dando pasos para terminar con la impunidad.

Hablando de justicia reproductiva, la impunidad tiene que ver con problemas jurídicos, pero también de corte político-institucional; en otras palabras, quienes sobreviven a una violación a sus derechos humanos no sólo tienen derecho a que se sancione a quien resulte responsable, sino a que se les repare de manera integral. Además, todas las desigualdades estructurales que están en la base de las afectaciones a la salud y de los derechos de mujeres y personas con capacidad de gestar hacen que la impunidad adquiera un carácter sistémico, pues precisamente estos factores de desigualdad dificultan que puedan acceder a la justicia.

Para la elaboración de este informe y con el fin de conocer el uso de algunos mecanismos de acceso a la justicia para casos de violencia obstétrica y muerte materna, se realizaron alrededor de 510 solicitudes de acceso a la información a diversas instancias administrativas, tanto a nivel federal como local. Entre ellas, a los Órganos Internos de Control de las Secretarías de Salud locales y federales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones locales de derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las comisiones locales de atención a víctimas. También se enviaron solicitudes de información a las fiscalías generales de justicia y poderes judiciales locales en los estados donde la violencia obstétrica está tipificada.

A partir de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información se advirtió la ausencia de registros específicos por parte de las instancias de salud, lo que impide conocer la incidencia en casos de violencia obstétrica y muerte materna, las instituciones involucradas en ellos, así como el estado del proceso en el que se encuentran. Además, se advirtió que son muy pocos los sujetos obligados que registran características desagregadas de las personas que presentan las quejas, como su edad, condición socioeconómica, discapacidad o si hablan alguna lengua indígena.

El derecho a la información requiere que las autoridades de todos los niveles de gobierno cuenten con información pública y accesible. El acceso a dicha información representa un mecanismo fundamental para la rendición de cuentas y es indispensable que se desagreguen los datos de tal forma que sea posible identificar las instituciones involucradas, la edad de las víctimas, si tienen alguna discapacidad o si son hablantes de alguna lengua indígena o pertenecientes a alguna etnia.

La interposición de quejas antes comisiones de derechos humanos —nacional y locales— constituye un mecanismo para obtener acceso a la justicia. Sin embargo, a partir de las solicitudes de información se advirtió que el proceso desde la presentación de una queja hasta la emisión de una recomendación suele ser muy largo. En los casos de violencia obstétrica, el tiempo promedio desde el registro de la queja en las comisiones locales hasta la emisión de una recomendación fue de 606 días, mientras que para los casos de muerte materna fue de 728 días. Por su parte, la CNDH tardó en promedio 665 días, desde la presentación de una queja por violencia obstétrica hasta su conclusión, para la emisión de una recomendación.

En este informe se incluyeron algunos de los casos que GIRE ha acompañado y que muestran las barreras y dificultades a las que se enfrentan las personas sobrevivientes de violencia obstétrica y muerte materna para obtener justicia y lograr una reparación integral. Para concluir, se hicieron diversas recomendaciones dirigidas a las autoridades encargadas de atender y garantizar el acceso a la justicia ante alguna violación de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Justicia olvidada. Violencia e impunidad en la salud reproductiva muestra que es innegable la brecha entre lo previsto en el marco normativo y su implementación, lo cual se debe —en gran medida— a la impunidad. Cuando hay un incumplimiento, a menudo las autoridades responsables no afrontan consecuencias legales y las personas que resintieron la violación a sus derechos se quedan sin acceso a la justicia y a una reparación integral.

Tanto la violencia obstétrica como la muerte materna, al ser producto de fallas estructurales, deben atenderse con perspectiva de género e interseccionalidad, a fin de garantizar que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, sin importar su raza, condición socioeconómica, discapacidad o etnia, tengan acceso a la justicia reproductiva de manera pronta y expedita.

@GIRE_mx

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