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Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Justicia reproductiva: una década de avances y pendientes
Aborto, violencia obstétrica, muerte materna, conciliación de la vida laboral y reproductiva, y reproducción asistida: avances y pendientes de la última década en materia de derechos reproductivos en México.
Por Gire
9 de noviembre, 2021
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Este 9 de noviembre de 2021, GIRE presentó el informe El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes, con el objetivo de mostrar una revisión sistemática de la última década en materia de derechos reproductivos en México, enfocada en sus cinco temas prioritarios: aborto, violencia obstétrica, muerte materna, conciliación de la vida laboral y reproductiva, y reproducción asistida. Además del análisis de estándares de protección de derechos humanos nacionales e internacionales, marcos normativos, datos estadísticos, información pública obtenida mediante solicitudes de acceso a la información para el periodo 2010-2020, el informe sistematiza las experiencias de personas y familias que han depositado su confianza en GIRE para acompañarlas en su búsqueda de justicia y de una reparación integral por violaciones a sus derechos humanos

El primer capítulo contiene los sucesos que han marcado la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Entre ellos destacan las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los casos de Marimar, Fernanda y Marisa —que representaron importantes logros en el reconocimiento de la negación de servicios de aborto legal como violaciones a derechos humanos—, así como los fallos históricos en los que determinó que: la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional; no se le puede dar el estatus de persona al embrión o feto y que la protección a la vida prenatal no puede representar un obstáculo para el acceso a servicios de aborto; y que el ejercicio de la objeción de conciencia no debe ser un obstáculo para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, como el aborto.

En términos legislativos, en 2019 se logró la despenalización del aborto en Oaxaca durante las primeras 12 semanas de gestación y, dos años después, se sumaron Hidalgo y Veracruz. Además, el pasado 29 de octubre se votó a favor un dictamen de despenalización en Baja California que, cuando se publique en el Periódico Oficial del Estado, se convertirá en el quinto estado en despenalizar el aborto; sin embargo, aún faltarán 27.

Ahora bien, respecto a la violencia obstétrica en México, este término ha sido reconocido en algunas leyes locales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en la Ley del Seguro Social y la del ISSSTE, lo cual constituye un paso relevante en materia normativa. Sin embargo, es fundamental no perder de vista que la violencia obstétrica se da a partir de patrones que son producto de fallas estructurales, cuya solución tendría que pasar —entre otros temas— por el abordaje de la insuficiencia en infraestructura, personal de salud, instrumental y de equipamiento, así como de la transformación de la relación asimétrica de poder entre las usuarias del servicio de salud y el personal médico. En términos de acceso a la justicia se ha avanzado, por ejemplo, con la resolución de casos como el de Sonia, respecto al cual la SCJN concluyó —por unanimidad— que fue víctima de esterilización no consentida como una forma de violación a su derecho a la integridad personal, de violencia de género y violencia obstétrica.

En relación a la muerte materna, el informe aborda, entre otras cosas, los efectos que la pandemia por COVID-19 ha causado debido a la disminución de las opciones que las mujeres y personas con capacidad de gestar han tenido para recibir atención médica prenatal y durante el parto, lo cual ha derivado en un aumento significativo de los casos de muerte materna en el país, problemática que se acentúa en poblaciones específicas —como las zonas rurales y las comunidades indígenas—, pues la concentración de servicios de salud ha permanecido en mayor medida dentro de las capitales y zonas urbanas. Resalta, de manera preocupante, el incremento en la Razón de Muerte Materna (RMM) durante la pandemia, pues se traduce en una regresión de cerca de una década respecto a la tendencia precedente: mientras que la RMM calculada hasta la semana epidemiológica 16 de 2021 es de 50.8, la RMM registrada para el año 2010 es de 51.5.

Por otra parte, sobre la conciliación entre la vida laboral y la reproductiva, en el informe se hace énfasis respecto a la importancia de los trabajos de cuidado como fuente esencial para el sostenimiento de la vida y, por lo tanto, de la sociedad. Se reconoce como un gran avance de la última década la reforma a la Ley del Seguro Social, que estableció que las personas trabajadoras aseguradas tendrán derecho a los servicios de guardería para sus hijas e hijos y no sólo las mujeres, los trabajadores viudos o divorciados o aquéllos a los que judicialmente se les hubiera confiado la custodia. Sin embargo, entre los pendientes se encuentra la ampliación tanto de la licencia de maternidad —cuyo estándar internacional es de 18 semanas, frente a las 12 reconocidas en la legislación— como la de paternidad —que actualmente consta de sólo cinco días—. Aunque la seguridad social es un derecho reconocido en la legislación mexicana, acceder a ella depende de que las personas cuenten con un empleo formal, por ello desde GIRE se señala que la falta de universalidad de la seguridad social en México impide la garantía de este derecho y dificulta la posibilidad de conciliar la vida laboral y la reproductiva, situación que afecta en mayor medida a las mujeres.

Para finalizar, se aborda la falta de un marco normativo integral que regule, a nivel general, el acceso y práctica de la reproducción asistida, ya que su ausencia produce incertidumbre jurídica para las partes involucradas y abre la puerta a actos arbitrarios y discriminatorios contra quienes buscan este tipo de servicios. Para GIRE es fundamental que la normativa que se adopte en torno a la reproducción asistida se integre desde una perspectiva de género, respetuosa de los derechos humanos y del progreso científico, de conformidad con los estándares más altos de protección reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México.

El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes concluye que si bien hay grandes avances en materia de justicia reproductiva en México, aún subsisten importantes barreras que deben ser atendidas por el Estado mexicano para garantizar que las personas puedan tener control sobre su destino reproductivo y, con ello, sobre su vida. Los logros y retos reflejados en este informe son una clara muestra de que la justicia reproductiva es un objetivo por el que vale la pena seguir luchando. A todas las personas, familias y organizaciones que han depositado su confianza en GIRE, y a las que nos han acompañado en este camino: ¡gracias!

El informe está disponible aquí.

@GIRE_mx

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