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Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
La esterilización forzada en Perú
La esterilización forzada es una grave violación a los derechos humanos, en especial a los derechos reproductivos de la mujer: es un método de control médico de la fertilidad de la mujer sin su consentimiento. Lo más frustrante y desafortunado es que el caso de Perú no es único.
Por Gire
21 de marzo, 2016
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Por: Valentina Gómez García (@vickie129g)

A su muerte María tenía 33 años, era una mujer campesina y madre de siete hijos que fue sometida a una esterilización forzada en Perú. Su caso se conoce como María Mamérita Mestanza Chávez vs. Perú.

De acuerdo con la petición presentada ante la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), María fue objeto de acoso por parte del Centro de Salud del Distrito de la Encañada desde 1996 para acceder a una esterilización. Durante ese tiempo, el personal de salud se encargó de amenazarlos, a ella y a su esposo, diciéndoles que si no accedían al procedimiento serían denunciados ante la policía, fundamentándose en una ley que sancionaba a quienes tuvieran más de cinco hijos (GIRE, 2015: 28).

En este contexto de coerción, María firmó una forma de consentimiento para una salpingoclasia que se efectuó sin análisis médicos previos. Fue dada de alta del hospital tras la intervención, a pesar de que presentaba vómito e intensos dolores de cabeza. Durante los días siguientes su salud siguió empeorando. Su esposo notificó al hospital de estos síntomas, pero le dijeron que eran efectos normales relacionados con la anestesia. Unos días después, María falleció en su casa. Un médico del Centro de Salud ofreció dinero a su esposo para dar por concluido el asunto.

En junio de 1999 se presentó el caso ante la CIDH por las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la igualdad (GIRE, 2015: 28).

Finalmente, la CIDH promovió un acuerdo de solución amistosa entre las partes, donde el Estado peruano admitió su responsabilidad internacional por los hechos descritos y se comprometió a adoptar medidas de reparación material y moral por el daño sufrido e impulsar una exhaustiva investigación de los hechos, así como adoptar garantías de no repetición. Los términos de este acuerdo fueron firmados por las partes el 26 de agosto de 2003.

Entre 1996 y 2000 se puso en práctica el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) que con el objetivo de reducir la natalidad en las zonas más pobres del país, afectaba a mujeres rurales y quechua hablantes. En la gran mayoría de los casos se trató de poblaciones andinas, campesinos y campesinas, indígenas, madres de varios hijos e hijas, a menudo, analfabetas y pertenecientes a la esfera más pobre y marginada de Perú.

De acuerdo con diversas organizaciones gubernamentales en Perú, el programa de AQV estaba acompañado con un plan de metas numéricas, incentivos y sanciones para el personal sanitario en caso de que incumplieran con las cuotas de esterilización desde altos niveles del Estado peruano. En 2002, cuando la Comisión del Congreso Peruano investigó los casos de AQV concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori. CLADEM concluyó que solo 10% de las mujeres que fueron esterilizadas dieron su consentimiento. Hasta el momento, el gobierno peruano no ha cumplido con el compromiso que adquirió de investigar y enjuiciar a las autoridades responsables de diseñar y ejecutar esa práctica aplicada como política de salud reproductiva.

En América Latina se han documentado casos de esterilización forzada dirigidas de manera particular a mujeres indígenas con el objetivo de controlar el crecimiento poblacional, constituyendo a todas luces actos discriminatorios y violatorios de los derechos humanos.

En 2013, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura concluyó que la esterilización forzada puede constituir una violación a la prohibición absoluta de la tortura. Además, recordó que esta práctica cometida como un acto sistemático o generalizado contra una población civil constituye un delito de lesa humanidad (GIRE, 2015: 27).

La esterilización forzada es una grave violación a los derechos humanos, en especial a los derechos reproductivos de la mujer: es un método de control médico de la fertilidad de la mujer sin su consentimiento. Lo más frustrante y desafortunado es que el caso de Perú no es único. Se han documentado miles de casos alrededor del mundo. Resulta preocupante y alarmante que haya servidores públicos, como la entonces Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles que, en 2014, mientras inauguraba un comedor comunitario en Nayarit, anunció que el programa Oportunidades dejaría de dar apoyo a mujeres con más de tres hijos. En sus palabras: “Y quiero también aprovechar para decirles que no por tener muchos hijos van a tener más oportunidades. Oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor”.

Me parece desafortunado que existan personas que piensen que el Estado tiene el “derecho” de esterilizar a mujeres que tienen más de cuatro o cinco hijos e hijas pertenecientes a la esfera más pobre de nuestra sociedad. Aparentemente es más fácil esterilizar a su población que cumplir con sus obligaciones de promover, proteger y garantizar —en este caso— el acceso universal a diferentes métodos anticonceptivos para que las personas podamos elegir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de nuestros hijos como parte del libre ejercicio a una maternidad libre y voluntaria.

 

@GIRE_mx

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