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Punto G(ire)
Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
La subordinación patriarcal de la adolescencia
La salud de niñas, niños, adolescentes y mujeres en general, y su posibilidad de acceder a las incipientes oportunidades que se encuentran disponibles para los sectores de escasos recursos de este país suelen sujetarse a las convicciones y creencias que profesan los tomadores de decisiones y no a la obligación de garantizar, proteger y respetar sus derechos humanos.
Por Gire
6 de octubre, 2014
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Por: Jimena Suárez

Los últimos días del mes patrio terminaron con aires de optimismo por el esfuerzo democrático que se logró entre la sociedad civil mexicana y los legisladores federales, para crear una nueva ley que mejore la calidad de vida de millones de niñas, niños y adolescentes. El pasado lunes 29 se aprobó la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes por el Senado de la República, la cual reconoce, por primera vez, la autonomía y el desarrollo de los menores como sujetos de derechos y se desvía de aquella rancia idea de que los menores deben ser asistidos y protegidos, invariablemente, a través de las personas que estén a cargo de su guarda y custodia.

El proceso que vio incorporar cambios a la legislación propuesta por el ejecutivo federal fue testigo de una ya fortalecida –y absolutamente necesaria- relación de cooperación entre la sociedad civil y el poder legislativo, el cual reconoció los conocimientos y la experiencia de la primera en la protección y respeto de los derechos humanos de los menores. Desgraciadamente, el ejercicio democrático fue apagado por la controversia que se suscitó antes de que la ley fuera votada y aprobada por unanimidad en el pleno del senado. Quien protagonizó la controversia fue el senador José María Martínez Martínez, presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, asegurando que la inclusión del articulo 58 –el cual promueve la educación sexual integral, con el fin de permitir a las niñas, niños y adolescentes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera responsable e informada– significaba dar paso hacia el aborto.

El senador panista no perdió la oportunidad en burlar el término que se le ha dado al aborto, esto es, “el derecho que tiene una mujer a decidir sobre su cuerpo”. A diferencia de lo que piensa el senador, no ha sido el PRD quien lo otorgó, sino que deriva de un lenguaje, consensuado en el marco de los derechos humanos a nivel internacional. Lo importante aquí es definir si podemos decir o no que el derecho a recibir educación y orientación sexual, así como acceder a los servicios de salud sexuales y reproductivos debe considerarse como parte del catálogo de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y, en general, de las mujeres de este país. Defender la libertad y autonomía de los y las adolescentes en ejercer una sexualidad informada y responsable implica un choque con las convenciones sociales que atan el valor de una persona para la sociedad a las manifestaciones de su sexualidad: en el caso de los menores, entre menos mejor. Los derechos sexuales y reproductivos también son un tema que rompe con las estructuras patriarcales y emancipa a los menores y a las mujeres adolescentes y adultas, del control masculino de su sexualidad y a la subordinación de sus preferencias.

En este sentido, el elemento que se encuentra ausente en el discurso ideológico que se utilizó como argumento en contra de la inclusión del artículos 50 y 58 en la ley es la justicia social, las grandes desigualdades y las carencias que azotan a un enorme porcentaje de nuestra población. Peor aún, la marginalización de millones de mujeres, particularmente aquellas que son de un origen indígena, ha sido normalizado en nuestra sociedad. Es decir, que las mujeres –menores de 18 años y adultas- más pobres y vulnerables de nuestra sociedad sean dejadas al arbitrio de las convicciones personales de la clase política mexicana, sin importar la afectación negativa que puede tener en su bienestar y dignidad, y que al final, esto sea el estado natural de las cosas. La salud de las mujeres y su posibilidad de acceder a las incipientes oportunidades que se encuentran disponibles para los sectores de escasos recursos de este país suelen sujetarse a las convicciones y creencias que profesan los tomadores de decisiones y no a la obligación de garantizar, proteger y respetar sus derechos humanos.

¿Qué ha de hacer una adolescente que proviene de una comunidad en los altos de Chiapas para no embarazarse? ¿Entregar su vida a la castidad? ¿Hasta cuándo? ¿O una adolescente que vive en las periferias más lejanas del Distrito Federal, o bien, cualquier otro territorio urbano que no tiene acceso a la educación y servicios de salud de calidad con la que cuentan otros ciudadanos de una posición socioeconómica más privilegiada y aún así, también padecen de embarazos no deseados? ¿Qué han de hacer tantísimas adolescentes para no desertar la escuela y cualquier otra oportunidad de mejorar sus vida, por pequeñísima que fuese? La realidad es que mientras las ideologías y creencias se alinean (así como los astros para que esto suceda), la rampante necesidad de fortalecer los derechos humanos y así crear un país verdaderamente más justo para todos, no sólo unos cuantos, queda invisibilizada.

Si no se garantiza el derecho de las y los adolescentes mexicanos a acceder una educación que les brinde orientación libre de prejuicios y a los servicios de salud que efectivamente prevengan los embarazos adolescentes, un número ofensivo de menores será dirigido a un destino de subordinación y carencias y un país sufrirá por la ausencia de ese talento humano. El comportamiento y las realidades de los ciudadanos de este país requieren de una intervención institucional que tome en cuenta los contextos sociales. La ley, como cualquier otra teoría, será ciega sin estudiar su relación con la sociedad en la que opera. Por ello, resulta urgente que los tomadores de decisiones tengan un acercamiento con la dolorosa realidad de un porcentaje considerable de nuestro México para que puedan tomar decisiones que, esencialmente, mejoren la vida de los mexicanos.

Las niñas, niños y adolescentes de nuestro país han dejado de ser prioridad en la agenda política por más tiempo del que debió tolerarse. En este valioso momento (casi histórico) en el que se tiene la oportunidad de trascender en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es importante que sus intereses prevalezcan. No se trata de favorecer agendas políticas, ni convicciones personales, ni los deseos nostálgicos de algunos de mantener lo que debe ser una “familia”’, ni los intereses de los gremios de cualquier tipo. La emisión de una ley debe priorizar los derechos humanos y cambiar la situación tan dolorosa que padecen millones de niñas, niños y adolescentes. Esto incluye el derecho de recibir educación sexual integral -establecido en el articulo 58 de la ley- como parte del derecho a ser educado e informado de otros derechos humanos vitales para el desarrollo y bienestar de los menores de nuestro país.

 

* Jimena Suárez es abogada de @GIRE_mx

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