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El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Latinoamérica: contrastes en materia de derechos reproductivos
Latinoamérica se ha convertido en una región llena de contrastes en materia de derechos reproductivos, donde mientras algunos países han dado pasos gigantescos, otros retroceden.
Por Jenny Murrieta
21 de marzo, 2022
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Con el fin de garantizar el pleno goce de los derechos humanos, los Estados deben implementar medidas a corto, mediano y largo plazo encaminadas a incrementar gradualmente su nivel de protección y garantía, el cual no debería menoscabarse una vez que se ha alcanzado. Sin embargo, en los últimos años, Latinoamérica se ha convertido en una región llena de contrastes en materia de derechos reproductivos, donde mientras algunos países han dado pasos gigantescos, otros retroceden.

En enero de 2021 entró en vigor en Argentina la Ley 27610 que permite a todas las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar abortar voluntariamente hasta las 14 semanas de gestación. Por otra parte, el 21 de febrero de este año, la Corte Constitucional de Colombia declaró que no se configura el delito de aborto cuando la conducta se practique antes de las 24 semanas de gestación, y fuera de este plazo cuando se trate de los supuestos que fueron establecidos por la sentencia C-355 de 2006.

En el caso de México, sólo por mencionar algunos ejemplos, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de inconstitucionalidad 148/2017, en donde determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto en su totalidad, y los Amparos en Revisión 438/2020 y 45/2018, donde se pronunció respecto de la invalidez de las barreras (límites temporales y la existencia de una denuncia previa) para acceder a un aborto en caso de violación sexual. Por otra parte, se logró la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación en cuatro entidades, que se sumaron a la Ciudad de México y Oaxaca: Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima. Y recientemente en Sinaloa, cuando el pasado 8 de marzo el Congreso local aprobó una cuestionable reforma que despenalizó el aborto durante las primeras 13 semanas de gestación.

En contraste con todo lo anterior, varios países aún conservan leyes restrictivas respecto al aborto. Mientras algunos lo permiten sólo bajo ciertas causales y de manera condicionada (por ejemplo, únicamente cuando corra riesgo la vida de la mujer y/o en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual, siempre que ésta haya sido denunciada), otros países como Haití, Honduras y República Dominicana lo prohíben bajo cualquier circunstancia, sin excepciones. Incluso hay países en los que la legislación se ha endurecido, derogando disposiciones que contemplaban supuestos en los que el aborto no era punible o incrementando las penas de este delito.

En Nicaragua, el artículo 165 del código penal contemplaba la posibilidad del aborto terapéutico (el que se realiza para preservar la salud o la vida de la mujer); sin embargo, fue derogado en 2006 mediante la Ley 603 y actualmente el aborto se encuentra penalizado en toda circunstancia. En el caso de El Salvador, el código penal de 1973 establecía en su artículo 169 cuatro circunstancias bajo las cuales el aborto no era punible, sin embargo, el nuevo código penal vigente, que fue emitido mediante el Decreto 1030, ya no contempla supuestos en los que el aborto no se sancione. Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han recomendado a Nicaragua y El Salvador revisar su legislación en materia de aborto y considerar la posibilidad de prever excepciones a su prohibición general.

El 8 de marzo de este año, mientras en todo el mundo se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, el Congreso de la República de Guatemala había aprobado la Ley de Protección de la Vida y la Familia (Decreto 18-2022), anteriormente conocida como la Iniciativa 5272 del año 2017. Entre las reformas que establecía esta ley destaca el incremento en las penas, por ejemplo, en el caso de las mujeres que abortaran o consintieran que otra persona les realizara un aborto, la pena aumentaba de 5 a 10 años de prisión (antes era de 1 a 3 años), así como la exigencia del diagnóstico de dos médicos (antes era uno) para poder realizar un aborto terapéutico, y la tipificación de la promoción del aborto, que antes no se contemplaba en el código penal.

Cabe señalar que esta ley también establecía la prohibición de promover políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la “ideología de género” en las entidades educativas, y prohibía expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, no sólo representaba un retroceso en materia de derechos reproductivos, sino que también resultaba discriminatoria y atentaba contra los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Por fortuna, ante las protestas de la población y de organismos de derechos humanos, el Congreso decidió archivar la ley el pasado 15 de marzo.

La promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos deben ir en aumento, no en retroceso. Si bien la Marea Verde está cobrando cada vez más fuerza y se está extendiendo por toda Latinoamérica, lo cierto es que los contrastes, como los aquí mencionados, deben ser atendidos para que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.

* Jenny Murrieta es analista de Dirección en GIRE.

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