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El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Manuela: un caso de justicia y esperanza para la región
El pasado 30 de noviembre, el Estado de El Salvador fue declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsable por la detención, condena y muerte de Manuela, una mujer salvadoreña de escasos recursos que, tras sufrir una emergencia obstétrica, fue condenada a prisión por homicidio agravado.
Por Gire
6 de diciembre, 2021
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Por primera vez, un tribunal internacional sienta un precedente histórico en toda América Latina para proteger y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. El pasado 30 de noviembre, el Estado de El Salvador fue declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) responsable por la detención, condena y muerte de Manuela, una mujer salvadoreña de escasos recursos que, tras sufrir una emergencia obstétrica, fue condenada a prisión por homicidio agravado.

En febrero de 2008, Manuela estaba embarazada. Desconocía la enfermedad que padecía y, debido a la precaria situación de salud que presentaba, tuvo un parto precipitado y perdió el conocimiento. Su familia la llevó al hospital, donde fue denunciada por aborto. Esposada a la cama, aún convaleciente y sin abogado que la asistiera, fue interrogada por la policía. A su padre, que no sabía leer ni escribir, le hicieron poner su huella digital en un documento que resultó ser una denuncia penal en contra de su hija. El 11 de agosto del mismo año, el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera la condenó a treinta años de prisión por el delito de homicidio agravado. Víctima de cáncer linfático, Manuela murió durante su estadía en prisión, donde recibió tratamiento de forma tardía e irregular.

El caso de Manuela fue llevado a la CoIDH por el Centro de Derechos Reproductivos en colaboración con otras organizaciones de locales para denunciar las violaciones a los derechos humanos que El Salvador cometió en contra de ella y de su familia al tratar un evento obstétrico como proceso judicial y no como problema de salud. Hoy, la historia de Manuela es un parteaguas para que los Estados de la región dejen de criminalizar a las mujeres y personas gestantes —sobre todo aquellas de escasos recursos y de origen indígena— que enfrentan emergencias obstétricas.

Desde que entró en vigor la penalización absoluta del aborto en El Salvador se criminaliza a mujeres que sufren abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas. En muchos casos, estas mujeres son procesadas y condenadas por homicidio agravado y la condena es de entre 30 y 50 años de prisión. La mayoría de quienes son procesadas por estos hechos tienen escasos o nulos ingresos económicos, provienen de zonas rurales o urbanas marginales y tienen baja escolaridad.

En su sentencia, la CoIDH señaló que, en el proceso judicial en contra de Manuela, desde las primeras etapas de la investigación se presumió su culpabilidad con base en prejuicios y estereotipos de género, los cuales afectaron la objetividad de los agentes encargados de las investigaciones. Indicó que la aplicación de dichos estereotipos fue posible debido a que Manuela era mujer, de escasos recursos económicos, analfabeta y que vivía en una zona rural, lo que constituyó una violación del derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, así como a la obligación de motivar las decisiones judiciales y no ser discriminada.

Respecto a la pena de treinta años de prisión impuesta a Manuela, la CoIDH determinó que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden generar automáticamente una sanción penal. Además, señaló que la denuncia presentada por la médica tratante, así como otras informaciones reveladas por el personal médico y administrativo del Hospital San Francisco Gotera, constituyeron un incumplimiento de la obligación de mantener el secreto profesional y de proteger los datos personales sensibles de Manuela. En este sentido, indicó que —en casos relacionados con emergencias obstétricas— la divulgación de información médica puede restringir el acceso a una atención médica adecuada, pues las mujeres evitan ir a un hospital por miedo a ser criminalizadas.

De acuerdo con la sentencia de la CoIDH, el caso de Manuela evidenció que el personal médico priorizó la realización de la denuncia sobre el diagnóstico y tratamiento médico, y que dicha denuncia, junto con la declaración de la médica tratante y la remisión de la historia clínica, fueron utilizadas en el proceso penal en contra de Manuela, violando sus derechos a la vida privada y a la salud.

Debido a que todas estas acciones estuvieron influenciadas por la idea de que juzgar un presunto delito debe prevalecer sobre los derechos humanos, la CoIDH concluyó que someter a Manuela a esta situación terminó por afectar rotundamente su vida y su salud y que, además de ser discriminatoria, constituyó un acto de violencia contra la mujer. Asimismo, señaló que la privación de libertad impidió a Manuela recibir la atención médica que necesitaba, lo cual incumplió el deber de garantizar su derecho a la vida. Por otra parte, estableció que los familiares de Manuela han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral, lo cual es una violación a la integridad personal, por lo que ordenó al Estado diversas medidas de reparación.

Esta sentencia da un nuevo cauce a los debates sobre la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar en una región que cuenta con algunas de las legislaciones más severas en contra de quienes sufren emergencias obstétricas. Desde GIRE, celebramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya reconocido que la penalización absoluta del aborto es una forma de discriminación y violencia de género, y que la divulgación de la información médica tiene como consecuencia detenciones arbitrarias y constituye una vulneración a la vida privada y al derecho a la salud. Hacemos, asimismo, un reconocimiento a la importante labor del Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, quienes acompañaron y fueron las promoventes del caso.

#ManuelaJusticiaYEsperanza

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