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Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Muerte materna en aumento
Durante el primer semestre de 2021 la Razón de Mortalidad Materna aumentó 16.2 % con respecto al mismo periodo de 2020, mientras que la RMM calculada para la semana epidemiológica 32 (la segunda semana de agosto de 2021) es de 50.3 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento de 22.7% respecto a la misma semana epidemiológica de 2020, de acuerdo con datos oficiales.
Por Gire
23 de agosto, 2021
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La muerte materna es aquella que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio por cualquier causa relacionada o agravada por éstos o su manejo, excluyendo las causas accidentales. Su carácter estructural y prevenible la convierte en una violación a los derechos humanos que es responsabilidad del Estado.

En México, la muerte materna afecta de manera desproporcionada a las mujeres más pobres, a quienes no cuentan con acceso a seguridad social y a las mujeres indígenas, quienes enfrentan múltiples formas de discriminación: falta de acceso a los servicios de salud, ausencia de intérpretes que les permitan otorgar un consentimiento informado con respecto a los procedimientos médicos a los que se someten, así como maltratos y abusos.

Lo anterior se da en un contexto no extraordinario, sin embargo, aún no podemos permitirnos pensarnos fuera o lejos de la crisis que devino en el Sistema Nacional de Salud con la pandemia por COVID-19, ni dejar de lado sus impactos diferenciados. Al ya de por sí obstaculizado acceso de las mujeres a la salud reproductiva —no sólo mediante la negación del servicio sino también a través de la atención deficiente, desinformada y de mala calidad de sus embarazos y partos— hay que sumarle la ausencia de claridad y difusión de información respecto a los riesgos contra la salud en embarazadas con COVID-19.

La medida utilizada para evaluar la existencia y gravedad de las barreras para el acceso a los servicios de salud materna, a nivel nacional e internacional, es la Razón de Mortalidad Materna (RMM), que expresa el número de mujeres que mueren durante el embarazo, parto o puerperio por cada cien mil nacidos vivos en un año. Los datos más recientes de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud demuestran que, en lugar de reducir, durante el primer semestre de 2021 la RMM aumentó 16.2% con respecto al mismo periodo de 2020.

El Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muerte Materna reportó para la semana epidemiológica 32 (la segunda semana de agosto de 2021) que la RMM calculada es de 50.3 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento de 22.7% respecto a la misma semana epidemiológica de 2020.

Las principales causas de estas defunciones son: COVID-19, registran 233 (38.6%) con virus SARS-COV2 confirmado; COVID-19, virus no identificado 15 (2.5%), y Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos que complican el embarazo, el parto y el puerperio (12.8%). Las entidades con más defunciones maternas son Estado de México (86), Chiapas (38), Jalisco (34), CDMX (33) y Veracruz (33); en conjunto suman 37.1% de las defunciones registradas.

A pesar de que los servicios de atención obstétrica fueron declarados como esenciales desde inicios de la pandemia, a la fecha no hay suficiente información pública por parte de los Servicios de Salud de las entidades federativas sobre la atención materno-infantil, específicamente para urgencias obstétricas, brindada. Esta situación obstaculiza la posibilidad que las organizaciones de la sociedad civil tenemos de monitorear con claridad si se presentan casos de violaciones a los derechos humanos durante la atención que los servicios de salud brindan a las mujeres u otras personas gestantes.

Frente a la aún constante saturación de los hospitales de segundo y tercer nivel, hay mujeres que optan por una atención en casa con parteras profesionales o tradicionales; sin embargo, cuando proceden de esta manera, enfrentan dificultades para el acceso al certificado de nacimiento de la persona recién nacida. Ello resulta sumamente preocupante porque limita el derecho a la identidad de niñas y niños, y desincentiva el ejercicio de la partería, que podría ser una alternativa para la atención de los partos de bajo riesgo ante los peligros de acudir a los servicios de salud.

El aumento de muertes maternas en México durante la pandemia ha acentuado las grandes desigualdades persistentes en el país: la violencia obstétrica y la muerte materna afectan de manera particular a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad —como las mujeres indígenas y quienes no cuentan con seguridad social— y lo que vuelve más grave la situación es que este incremento se ha traducido en una regresión de cerca de una década, es decir, ahora México se encuentra en el mismo lugar que estaba hace diez años.

Aunque el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones —como la inclusión de las mujeres embarazadas dentro del grupo de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave o morir a causa de ella, priorizarlas para recibir la vacuna, así como su actual y reciente participación en la investigación multinacional Morbilidad y Mortalidad Materna y Neonatal entre mujeres embarazadas con y sin infección por Covid-19—, no podemos dejar de insistir en que se dé seguimiento a los casos, y que haya disponibilidad y transparencia en los datos respecto a la salud materna. En este sentido, recordemos que la legislación en México hace obligatoria la prestación de servicios de atención obstétrica para todas las mujeres, así como la rendición de cuentas.

Por ello, desde GIRE reiteramos la necesidad de reconocer que estamos en un contexto que permanece sufriendo los estragos de una crisis sanitaria que obliga a repensar la disponibilidad de servicios de salud reproductiva fuera de las capitales de las entidades federativas; mirar la composición y características de la población, así como el rezago social y las dificultades relativas a las vías de comunicación y transporte, para entonces poder contrastar los altos niveles de incidencia de muerte materna y violencia obstétrica que se han normalizado por priorizar la atención de la COVID-19.

@GIRE_mx

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