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Punto G(ire)
Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
NOM 46, milagro laico del jueves santo
La actualización de la NOM 46 es una buena noticia porque las mujeres ya no necesitan autorización del MP para acceder a un aborto en caso de violación, ni una menor entre los 12 y 18 años requiere tampoco el permiso de sus padres.
Por Gire
4 de abril, 2016
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Por: Marisol Escudero (@marisol_esma) y Regina Tamés (@reginatames)

El pasado jueves 24 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la NOM 46, que se refiere a los criterios para la prevención y atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Esto que pareciera un trámite más, un asunto burocrático con pocas implicaciones y que por muchas personas pasó desapercibido. Pero esta publicación tiene gran significado, en particular para las mujeres y más aún para aquellas que han sobrevivido una agresión sexual.

Lo que plantea esta NOM es algo muy práctico que puede evitar que mujeres víctimas de violencia sexual, en muchos casos por personas cercanas a ellas, puedan por un lado evitar un embarazo accediendo a la anticoncepción de emergencia y, en caso de quedar embarazadas como consecuencia de esta violación, puedan interrumpir su embarazo de así desearlo. Estos derechos ya estaban en la versión anterior de la NOM, ¿qué cambia entonces? El cambio es sustancial, ya que en la anterior versión se requería que las mujeres presentaran denuncia ante el Ministerio Público para determinar si tenían o no acceso al aborto. Con esta nueva versión de la NOM este requisito, que resultaba revictimizante e innecesario, desaparece y las mujeres pueden ir directo a los servicios de salud.

La NOM 046 es de aplicación obligatoria para todas las instituciones de salud públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional de Salud en el país y que constituye en la práctica el principal referente de actuación para los prestadores de servicios que brindan atención médica a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia familiar y sexual en el país. Es decir, no es cosa menor.

Desde GIRE hemos documentado y litigado varios casos de niñas hasta de 10 años que resultan embarazadas después de una violación sexual. Los casos son muestra de lo que ellas padecen, no sólo como víctimas de un acto de esta naturaleza, sino de la discriminación y descrédito de las autoridades ministeriales que ponen en tela de juicio su dicho y retrasan el acceso a los servicios legales y seguros de aborto, pues aunque resulte inverosímil, hay quienes consideran que una niña de esta edad debería continuar un embarazo, pese al origen del mismo. Sí, se le pide a niñas que sean madres. Frente a esto, hemos presentado denuncias por varias vías, incluyendo el amparo porque esto debe frenarse y la ley debe estar del lado de las víctimas.

¿Y por qué se vuelve a publicar la NOM? Esta, como todas las NOMs, debe irse actualizando, en particular cuando debe armonizarse con alguna otra ley o porque hay avances científicos que deben incorporarse. En este caso, las modificaciones se enfocan particularmente en el procedimiento de acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación y fueron impulsadas por la Secretaría de Salud Federal en cumplimiento a su obligación de homologar y estandarizar el procedimiento de atención a víctimas de violencia sexual a la Ley General de Víctimas y el propio Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y en atención a la recomendación emitida por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (2015) al Estado mexicano quien, expresó su preocupación por la existencia en México de leyes restrictivas sobre aborto que obligan a niñas y adolescentes a recurrir al aborto inseguro. Justamente este Comité recomendó eliminar la autorización judicial o ministerial como condicionante para acceder a este servicio de salud.

A pesar de que la ILE es legal en todos los estados del país cuando el embarazo es producto de una violación y constituye un servicio de salud necesario para las víctimas, la norma imponía a las mujeres la presentación de una autorización ministerial o judicial como requisito previo para acceder al servicio. Así, a diferencia de otros delitos en los que el marco jurídico no condiciona la atención a la salud de las víctimas a la comprobación de los hechos, este modelo de atención implicaba necesariamente que, ante la necesidad de acceder a un aborto seguro y no continuar con un embarazo forzado, las mujeres eran obligadas a denunciar la violación, aún en contra de su voluntad.

Además de que este requisito implica el cuestionamiento del dicho de las víctimas y las revictimiza al someterlas a interrogatorios y cuestionamientos sobre la agresión. En la práctica, la presentación de la denuncia y la obtención de la autorización se convirtieron en obstáculos que hicieron inaccesibles los servicios de ILE por violación en México al depender del conocimiento del Ministerio Público, juzgadores y médicos respecto del procedimiento penal/administrativo a seguir en estos casos y demandar una compleja coordinación del actuar entre las autoridades.

De esta manera, con base en el principio de buena fe, pero sobre todo de credibilidad en el testimonio de las mujeres, el nuevo texto de la norma deberá regir la atención a las víctimas y en reconocimiento a la necesidades de salud y derechos de las mujeres víctima de violencia sexual, el nuevo procedimiento elimina el requisito de la autorización y establece que las mujeres que así lo requieran puedan acudir a cualquier institución de salud a solicitar los servicios de ILE por escrito bajo protesta de decir verdad que el embarazo es producto de una violación.

Otro cambio importante a la norma es el establecimiento de la edad de 12 años a partir de la cual las adolescentes pueden solicitar y acceder a los servicios de ILE en casos de violación sin la necesidad de contar con la autorización de sus padres o tutores. Esta modificación sienta un precedente en su reconocimiento como titulares de derechos y personas capaces de tomar decisiones autónomas e informadas respecto a su salud y vida reproductiva de conformidad con su grado de desarrollo físico y mental y en atención a su interés superior y necesidades individuales.

Es importante señalar que debido a que la norma también regula acciones de prevención y detección de casos de violencia familiar y sexual, a pesar de la eliminación del requisito de la denuncia, el personal de salud continúa obligado a notificar al Ministerio Público o Fiscalías sobre presuntos casos de violencia que identifique y atienda, particularmente cuando se trate de menores de 18 años al constituir posibles delitos que se persiguen de oficio, sin que esto implique un obstáculo que condicione la prestación de servicios de salud a las mujeres.

También se incluyó en la norma como parte de la información que el personal de salud debe brindar a las víctimas de violencia sexual la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de las entidades federativas que forman parte del mecanismo de protección y garantía de los derechos de las víctimas de cualquier delito o violación a derechos humanos en el país previsto en la Ley General de Víctimas y que de acuerdo con la Ley les brinda acompañamiento e información sobre el ejercicio de sus derechos.

Dado que la Ley General de Víctimas reconoce a los servicios de salud sexual y reproductiva y de ILE que requieren las víctimas de violencia sexual como servicios de salud de emergencia, se espera que la Secretaría de Salud Federal proceda a la brevedad a realizar las acciones necesarias para garantizar que el nuevo procedimiento de atención cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para su efectiva e inmediata implementación.

Esta publicación no salió sin que los grupos opositores a los derechos de las mujeres pusieran el grito en el cielo. Las modificaciones fueron aprobadas por los integrantes del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, el jueves 24 de marzo de 2016. En este comité participa el llamado grupo Provida, el cual junto con otros, se dedicó a mandar mensajes públicos a través de desplegados, correos electrónicos y redes sociales, señalando que esta NOM haría que las niñas tuvieran acceso ilimitado al aborto. Como siempre, intentaron vender información distorsionada, imparcial y basada solamente en sus creencias religiosas y morales. Olvidándose o tratando de borrar la cruda realidad de tantas niñas y mujeres en nuestro país, que son vejadas sexualmente y que adicionalmente quedan embarazadas como consecuencia de ello.

La publicación de esta norma debe festejarse. Con este importante paso que da la Secretaría de Salud, en particular su subsecretario Pablo Kuri, las mujeres están más lejos de la revictimización y más cerca de la justicia. A veces es importante no perder la fe.

 

* Marisol Escudero es abogada de políticas públicas y Regina Tamés es directora de @GIRE_mx

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