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El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Objeción de conciencia: por una regulación para todas las personas
Para la mayoría de la Suprema Corte, si bien la objeción de conciencia sí es constitucional de manera general, la forma en la que el Congreso la reguló en la LGS fue demasiado general y sin límites suficientes y necesarios, lo cual pone en riesgo no sólo a las y los usuarios de los servicios de salud, sino también al personal médico objetor.
Por Gire
22 de septiembre, 2021
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El 7 de septiembre, con motivo de la demanda promovida por la entonces Procuraduría General de la República en contra del Código Penal del estado de Coahuila, la Suprema Corte resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. En la misma semana, y con días de distancia, los y las ministras declararon la inconstitucionalidad de una porción de la Constitución del estado de Sinaloa que establecía la protección a la vida “desde el momento que un individuo es concebido” por, entre otras cosas, considerar inadmisible el buscar proteger al producto de la gestación de la misma forma que a mujeres y otras personas con capacidad de gestar ya nacidas.

Junto con estas históricas resoluciones, en las sesiones del 13, 20 y 21 de septiembre la Suprema Corte discutió un caso que, relacionado con el ejercicio de derechos reproductivos por el posible impacto sobre éstos, generó un debate importante: la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018 sobre objeción de conciencia del personal de salud. Ahora bien, ¿qué es la objeción de conciencia y cómo llegó a la Suprema Corte? Se trata de una excepción para el personal de salud de su obligación de prestar servicios de salud específicos o abstenerse de participar en procedimientos médicos por considerarlos contrarios a sus creencias personales, ya sea por valores éticos, morales o religiosos.

El 11 de mayo de 2018 se publicó una reforma al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud (LGS) y sus transitorios, a través de la cual se incorporó esta figura, señalando que el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud (público y privado) podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios de salud, salvo cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una demanda de Acción de Inconstitucionalidad el 11 de junio de 2018 en contra de dicha reforma por considerar que vulneraba la seguridad jurídica y la supremacía de la Constitución, pues los legisladores habían creado una restricción al derecho a la salud y un derecho nuevo. Asimismo, la CNDH reclamó que había una inadecuada regulación, demasiado general, y que no podía delegarse a la Secretaría de Salud. Con mayor énfasis, la CNDH señaló que el artículo 10 Bis de la LGS atentaba contra los derechos a la vida, salud, integridad, así como contra las libertades sexuales y reproductivas, con especial riesgo en casos de: transfusiones sanguíneas, métodos anticonceptivos, aborto, cuidados paliativos y atención a pacientes con VIH.

El proyecto puesto a consideración de la Suprema Corte establecía, en primer lugar, el marco normativo del derecho a la salud y de libertad religiosa y de conciencia, señalando que la objeción de conciencia no es un derecho autónomo, pero sí una manifestación del derecho de libertad de conciencia. Así, se propuso señalar que la CNDH había cometido un error en su demanda al considerar a la objeción como una restricción a la salud o como un derecho nuevo. Las y los ministros de la Corte aprobaron esta parte del proyecto, pues coincidieron en que la objeción de conciencia sí es constitucional, pues forma parte del derecho a la libertad religiosa y de conciencia.

En segundo lugar, el proyecto proponía señalar que el Congreso sí tenía facultades para regular la objeción de conciencia, pues ésta no es una restricción a la salud ni un derecho de nueva creación. Las y los ministros votaron a favor de esta parte del proyecto, señalando que el argumento de la CNDH era incorrecto, pues el Congreso sí podía regular la materia.

Finalmente, el proyecto proponía declarar el artículo 10 Bis como constitucional, siempre y cuando se leyera de manera completa con otros artículos de la LGS. Así, el proyecto señalaba que la objeción de conciencia sólo sería valida si se ejercía de manera individual, no se ejerciera de manera discriminatoria, no fuera en contra de los principios democráticos del Estado mexicano, que el personal objetor canalizara de manera inmediata a diverso personal de salud no objetor, y el Estado asegurara la existencia de personal no objetor. Ocho ministras y ministros votaron en contra de esta parte del proyecto.

Para la mayoría de la Suprema Corte, si bien la objeción de conciencia sí es constitucional de manera general, la forma en la que el Congreso la reguló en la LGS fue demasiado general y sin límites suficientes y necesarios, lo cual pone en riesgo no sólo a las y los usuarios de los servicios de salud, sino también al personal médico objetor. La norma no es clara y genera incertidumbre, pues no delimita de manera clara la forma de ejercerla sin poner en riesgo a las y los pacientes. Para la mayoría, si bien el proyecto propuesto realizaba un esfuerzo encomiable por salvar el artículo 10 Bis, no aseguraba la claridad necesaria para todas las personas, lo cual genera un riesgo demasiado grande para su salud.

Por lo anterior, las y los ministros declararon la inconstitucionalidad del artículo 10 Bis y sus transitorios de la LGS, exhortaron al Congreso a legislar nuevamente, bajo ciertos lineamientos mínimos, y ordenaron la notificación de la sentencia al Congreso y al Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud y las legislaturas locales, para asegurar su debida publicidad.

Al igual que la mayoría de la Suprema Corte, desde GIRE reconocemos la figura de objeción de conciencia como un mecanismo válido dentro de un Estado democrático, constitucional y plural, pues permite asegurar las libertades religiosas y de conciencia del personal de salud; sin embargo, la falta de límites claros implica un riesgo para todas las personas, tanto usuarias de los servicios de salud como personal objetor. Reconocemos la profunda reflexión de la Corte y exhortamos al poder legislativo para que, en un marco de derechos humanos y perspectiva de género e interseccionalidad, regule nuevamente la objeción de conciencia, asegurando los derechos de todas las personas.

@GIRE_mx

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