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Punto G(ire)
Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Pastoral de la muerte (respuesta al padre Alvarez)
Grupos religiosos y organizaciones “pro vida” han “renovado” su postura anti derechos haciendo uso de investigaciones especializadas. Sólo que sus interpetaciones siguen siendo poco acordes con la realidad y faltos de la llamada caridad cristiana.
Por Gire
27 de mayo, 2013
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Por: Rebeca Ramos (@rebecabouquets) y Dunia Campos

El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la salud de las Mujeres. Frente a estos esfuerzos de proteger los derechos humanos, no es novedad que ciertos integrantes de la Iglesia Católica reaccionen con interpretaciones de las escrituras poco acordes con la realidad y faltos de la llamada caridad cristiana.

En años recientes hemos visto cambios. Miembros de la iglesia y de organizaciones autodenominadas “pro vida” han “renovado” su discurso anti derechos haciendo uso de datos e investigaciones especializadas y terminología propia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entrecomillamos renovado porque, lejos de replantear sus posturas con base en los principios de derechos humanos y la evidencia científica, utilizan estos términos para legitimar posiciones adoptadas hace siglos, que no hacen más que negar la dignidad de las mujeres, definiéndolas como meros instrumentos de procreación.

Muestra de ello son dos artículos publicados los días 16 y 23 de mayo en el Diario de Yucatán en el espacio Pastoral de la Salud, firmados por el Presbítero Alejandro Álvarez Gallegos: “La razón rechaza el aborto procurado” y “Nadie puede evitar que haya secuelas”.

A continuación, un ejemplo de las afirmaciones en las que se mezclan posturas de la jerarquía eclesiástica con definiciones de “aborto procurado” y datos “estadísticos” sobre las consecuencias de la “legalización del aborto”, todas ellas sin señalar fuentes, apelando, quizás, al don de la fe de quienes leen el texto.

 “… el aborto provocado, o sea, cuando se destruye voluntariamente al embrión o feto. Es distinto al aborto espontáneo o accidental que sucede por alguna enfermedad, lesión o malformación por la deficiencia del útero materno o del feto”.

¿A qué se refiere con deficiencia del útero materno (sic)?

“La nueva vida humana no es un puñado de células; no es una parte más del cuerpo de la madre, sino un nuevo ser que se desarrolla a sí mismo. Y, aunque la madre esté enferma o haya sido violada, el embrión o feto no es un injusto agresor ante el cual ella deba defenderse”.

Sería interesante conocer algún caso en el que el embrión o el feto se hayan desarrollado fuera del cuerpo de una mujer.

Sobre “el injusto agresor” llamado feto o embrión, en las posturas de defensa de los derechos reproductivos de las mujeres no se señala esto, los argumentos son en el sentido de que las autoridades del Estado son las responsables de la provisión de servicios de salud reproductiva –entre ellos los servicios de aborto legal y seguro-  como una forma de garantizar el derecho a la vida y a la salud de las mujeres.

 “… ningún aborto puede considerarse higiénico, ya que siempre causa daños severos e irreversibles. Actualmente, en los lugares donde se ha legalizado el aborto han aumentado los clandestinos con tal de no quedar registrados en las clínicas autorizadas”.

Con respecto a esta afirmación hay que recordar las cifras de la Secretaría de Salud del Distrito Federal sobre el acceso a los servicios de Interrupción Legal del Embarazo: de abril de 2007 al 31 de marzo de 2013, 97 mil 562 mujeres han accedido a servicios de aborto legal y seguro en clínicas públicas, de ellas 75.6% se declaran católicas, sin que ninguna haya fallecido; 83.4% de estas mujeres accedieron a utilizar métodos anticonceptivos.

Para futuras consideraciones sobre la situación y consecuencias de la despenalización del aborto, ponemos a disposición del Padre Alejandro el informe Omisión e Indiferencia. Derechos Reproductivos en México. En él se encuentran casos de mujeres que son criminalizadas por “cometer” el delito aborto, niñas víctimas de violación sexual a las que las autoridades negaron los servicios de aborto legal y seguro, cifras estadísticas oficiales, marco normativo nacional e internacional e información pública proporcionada por las autoridades del Estado. Y como en GIRE apelamos al derecho de toda persona a acceder a la información, en este documento encontrarán también las fuentes de nuestros hallazgos y los fundamentos de nuestras afirmaciones.

El estado de Yucatán cuenta con cinco causales de aborto legal: 1) violación, 2)  imprudencial o culposo, 3) peligro de muerte, 4) alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto y 5) causas económicas graves y justificadas, siempre que la mujer embarazada tenga ya cuando menos tres hijos. Es una de las entidades federativas con menos restricciones legales, sólo superada por Baja California Sur, Colima y el Distrito Federal; sin embargo, el acceso a estos servicios de salud no es una realidad para las mujeres de Yucatán: la Secretaría de Salud local señaló que no ha realizado ninguna interrupción del embarazo por motivo de violación.

La misma secretaría reportó no contar con información sobre la provisión de métodos de anticoncepción de emergencia para las víctimas de violación sexual, ni sobre la información y suministro de métodos anticonceptivos para las y los adolescentes.

Estos datos que preocupan en sí mismos son motivo de alarma con respecto a la obligación de las autoridades de garantizar la vida de las mujeres. Yucatán es una de las cinco entidades en las que en 2010 se concentró el mayor porcentaje de muerte materna en mujeres hablantes de una lengua indígena.

Más allá de las posturas de determinados grupos e integrantes de asociaciones religiosas, la garantía en el acceso a servicios de salud reproductiva es una obligación constitucional de todas las autoridades, incluidas por supuesto las de salud del estado de Yucatán, a quienes exigimos llevar a cabo acciones efectivas en el marco de la conmemoración del 28 de mayo.



Oaxaca (55.9), Guerrero (47.2), Chihuahua (35.9), Yucatán (25) y Chiapas (24.6). Observatorio de Mortalidad Materna en México, Mortalidad materna en México. Numeralia 2010, México, 2011, p. 9. Disponible en <http://bit.ly/11vmY4m> .

 

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