¿Qué dijo la Corte en 2021 sobre la criminalización del aborto?
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El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
¿Qué dijo la Corte en 2021 sobre la criminalización del aborto?
La sentencia de la SCJN abrió la puerta para exigir al Estado servicios de aborto legal y seguro más allá de las causales ya reconocidas en la legislación mexicana, y ha sido un factor muy importante en los procesos de despenalización del aborto voluntario en Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.
Por Rebeca Ramos Duarte
15 de agosto, 2022
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Durante los primeros días de septiembre de 2021 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 para resolver la constitucionalidad de algunos artículos del Código Penal de Coahuila, entre ellos los relativos al delito de aborto consentido.

Para quienes defendemos el derecho a tomar decisiones reproductivas libres y seguimos dicha discusión, esos días fueron especialmente emocionantes, pues escuchar a la totalidad de las ministras y ministros presentes fundamentar sus razonamientos a favor de la ampliación del ejercicio de los derechos fue histórico.

Sin embargo, es importante recordar que lo que integra el precedente judicial no son las intervenciones de aquellos días, sino el engrose de la sentencia publicada meses después. De ahí la relevancia de retomar los puntos centrales de la decisión.

1. ¿Qué se impugnó?

En 2017, la entonces Procuraduría General de la República demandó la inconstitucionalidad del delito de aborto y las penas establecidas en el caso de aborto consentido o autoprocurado contenidas en el Código Penal del estado de Coahuila, que había sido reformado:

Artículo 195 (aborto para efectos penales)

Comete el delito de aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo.

Artículo 196 (aborto autoprocurado o consentido)

Se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella.

En su demanda, afirmó que dichos artículos violentan los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres al establecer un tipo penal que impide la interrupción del embarazo en la primera etapa de la gestación.

El análisis preliminar y elaboración de proyecto de resolución correspondió a la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, a partir del cual se discutió y emitió la sentencia.

2. ¿Qué derechos están en juego?

En su análisis, el Pleno de la Corte advirtió que el derecho de las mujeres a decidir, cuya titularidad se extiende a las personas con capacidad de gestar, resulta de lo reconocido en diversos principios y derechos constitucionales: la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva.

3. ¿Qué resolvió?

En primer lugar, el Pleno de la Corte señaló que su análisis y decisión se basó en la obligación de juzgar con perspectiva de género, entendida como el método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. Se cuestionaron los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto a las supuestas funciones que corresponden a las personas en razón de su género.

Además, la Corte resolvió que en materia de salud reproductiva el Estado tiene la obligación de elaborar políticas públicas integrales que garanticen educación sexual, acceso a la información y asesoría en planificación familiar y métodos anticonceptivos para facilitar una decisión que se adapte mejor a las circunstancias personales.

Respecto al aborto en específico, reconoció que la titularidad del derecho a decidir la continuación o terminación de un embarazo corresponde exclusivamente a la persona embarazada, para lo cual el Estado tiene la obligación de proporcionar a la mujer o persona con capacidad de gestar, en un contexto de confidencialidad, la información suficiente para tomar esa decisión, que debe ser accesible, clara, objetiva, científica y veraz, relativa al proceso de gestación y al procedimiento de aborto, reconociendo también que la continuación y la terminación del embarazo constituyen dos ámbitos de decisión protegidos con igual relevancia.

Con relación a la tipificación del aborto consentido o autoprocurado, el Pleno estableció que la regulación penal del estado de Coahuila no reconoce ni protege el derecho a decidir, sino que lo anula de manera total a través del mecanismo más agresivo disponible por el Estado: el derecho penal, que además de no lograr inhibir la práctica de abortos produce efectos nocivos como el riesgo de la vida e integridad de la mujer y personas con capacidad de gestar, y la criminalización de la pobreza, y descarta otras opciones de tutela de carácter menos lesivo.

Dado lo anterior, la Corte resolvió la invalidez del artículo 196 por el que se establece una pena de prisión en contra de la persona que decide interrumpir su embarazo y de aquella que la auxilie en tal fin, pues implica una violación de sus derechos reproductivos al no incluir la posibilidad de terminar el embarazo en la primera etapa de la gestación.

A partir de la invalidez de la prohibición absoluta del aborto voluntario, el Pleno estableció la obligación del Estado de garantizar la posibilidad de abortar en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria, dentro de un plazo razonable cercano al inicio del proceso de gestación.

Desde hace 30 años GIRE ha centrado sus esfuerzos en la difusión de información objetiva y clara con la finalidad de avanzar hacia la garantía para todas, todes y todos del ejercicio de los derechos reproductivos. En ese sentido y dada la relevancia de esta sentencia histórica del Tribunal Constitucional, nos parece fundamental compartir en este espacio qué se resolvió, pues si bien la resolución parte del reconocimiento del aborto como un servicio de salud e invalida su criminalización absoluta, limita la posibilidad de llevarse a cabo dentro de un plazo razonable cercano al inicio de la gestación.

Definitivamente esta sentencia implica un avance muy significativo para la justicia reproductiva en México —más si la comparamos con la reciente resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos que revirtió Roe vs. Wade—  pues abrió la puerta para exigir al Estado servicios de aborto legal y seguro más allá de las causales ya reconocidas en la legislación mexicana, y ha sido un factor muy importante en los procesos de despenalización del aborto voluntario en Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.

A casi un año de la histórica decisión tomada por el Pleno de la SCJN, los avances alcanzados en términos legislativos, judiciales y sociales en materia de aborto son notables. Sin embargo, el camino en México hacia la despenalización total del aborto voluntario y la garantía de servicios legales, seguros y gratuitos para toda aquella persona que lo requiera aún es largo. Para ello es necesario conocer a profundidad la situación legal actual y las barreras fácticas para garantizar condiciones que permitan a las personas tomar decisiones reproductivas en un contexto de igualdad y de justicia.

* Rebeca Ramos Duarte (@rebecabouquets) es Directora en GIRE.

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