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Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
¿Qué han dicho las Cortes sobre el derecho a la vida?
Amelia no recibía quimioterapia o radioterapia para atacar el cáncer que padecía ya que se encontraba embarazada, mientras que a Beatriz, se le negaba un aborto terapéutico pese a que el feto era anencefálico y ella presentaba un cuadro de lupus agravado e hipertensión del embarazo. Dos casos tratados por las cortes de sus respectivos países.
Por Gire
21 de octubre, 2013
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Por: Martín Vera

En días recientes se realizó en México el III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, en el que impartidores de justicia, abogadas, comunidad médica y activistas discutieron alrededor del motivo del congreso: “El Derecho a la Vida: diálogo sobre justicia, igualdad de género y derechos reproductivos en América Latina”. Participantes de Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Brasil, Perú, Costa Rica, República Dominicana, España, India, Estados Unidos y México reflexionaron sobre las causales de aborto legal en los casos violación sexual y riesgo de la salud; la autodeterminación de las mujeres, el estigma en los servicios de salud y la violencia obstétrica; la situación de las mujeres con VIH y usuarias de drogas; la   justiciabilidad de la mortalidad materna y su justiciabilidad frente al derecho a la salud; y la autodeterminación reproductiva de adolescentes.

En este contexto, el Dr. Jesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recapituló algunos mecanismos para la defensa de la vida, la salud y los derechos de las mujeres, entre estos, las medidas cautelares como en el caso de Amelia en Nicaragua o el de Beatriz en El Salvador. Amelia no recibía quimioterapia o radioterapia para atacar el cáncer que padecía ya que se encontraba embarazada, mientras que a Beatriz, se le negaba un aborto terapéutico pese a que el feto era anencefálico y ella presentaba un cuadro de lupus agravado e hipertensión del embarazo.    Mientras que Amelia recibió su tratamiento y tuvo un aborto debido a la quimioterapia, en el caso de Beatriz las medidas cautelares no fueron acatadas por el gobierno salvadoreño y por esto afronta secuelas.

Finalmente exhortó a los impartidores de justicia que profundicen en su conocimiento de los estándares internacionales en protección de los derechos humanos y los apliquen sistemáticamente en su labor cotidiana.

La Dr. Alicia Gómez, magistrada de la Corte Superior de Justicia de Lima,  habló del protocolo del aborto terapéutico en Perú donde el Estado no ha cumplido con la elaboración e implementación de una normatividad reglamentaria para esa causal de aborto a pesar de los antecedentes condenatorios hacia el Estado por los casos KLL y LC, ambos litigados en el sistema universal de derechos humanos. Por otra parte, mencionó la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que resolvió de manera desfavorable. La magistrada Gómez, al dar su voto minoritario en dicha sentencia, consideró que los jueces fueron muy restrictivos. Señaló que en 2010, por el contrario, el Tribunal Superior de Chubut, Argentina falló favorablemente por el caso de una niña violada por el padrastro y esto es un ejemplo de una sentencia ejemplar.

Con todo ello, la magistrada consideró que en ambos casos las sentencias no fueron elaboradas conforme a los derechos humanos, ni apelando a sentencias internacionales o lo dictado por la CIDH. Los jueces, afirmó, no sólo deben aplicar sino interpretar las leyes porque no importa su especialidad ya que, ante todo, son jueces constitucionales que deben estudiar los contenidos de las diversas sentencias sobre derechos sexuales y reproductivos de instancias internacionales.

La ex-jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Margarette May Macaulay, realizó una amplia descripción de la Sentencia de la Corte Interamericana del caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Resumió lo que considera los puntos clave de la sentencia en cuatro aspectos: los derechos humanos que se vulneraron a los peticionarios, la consecuencia legal cuando las cortes prohíben técnicas de reproducción asistida, el impacto práctico que tienen dichas prohibiciones sobre poblaciones determinadas y la manera como la Corte Interamericana examinó el caso.

El argumento más fuertemente defendido por May Macaulay, es que la pérdida embrionaria –el punto central de la prohibición de la FIV- ocurre tanto a nivel de gestación “normal” como en embarazos por reproducción asistida. Igualmente, para ella, no son tan importantes los plazos en las interrupciones voluntarias del embarazo. Ambas situaciones tienen en común que lo más importante es la salud de la mujer y este es un criterio que debe prevalecer en toda consideración. Sobre este caso, la conclusión de May Macaulay refuerza lo expresado por el Dr. Orozco, cuya ponencia fue reseñada en líneas anteriores, quién también consideró que el caso Artavia Murtillo es fundamental para la defensa de la vida y la dignidad de las mujeres.

La participación del Juez de la Suprema Corte de Delhi, India, S. Muralidhar enfatizó la necesidad de que prevalezca una “moralidad constitucional” por encima de un criterio político o religioso.  El magistrado Muralidhar ha emitido dos sentencias en relación al derecho a la vida de las mujeres: en el caso de Shanti Devi, una mujer de casta intocable, se le negó la atención médica en varios hospitales y murió tras un parto prematuro; el segundo, Fátima, una mujer pobre, dio a luz a su hija Alisha bajo un árbol después de que se le negó la atención médica. Tal como en el reciente caso de Irma, en Jalapa de Diez, en Oaxaca.

En estos casos, en la negación del aborto terapéutico o en el ejercicio de la violencia obstétrica, se pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Esta es una de las conclusiones del congreso: ponderar el derecho a la vida digna y a la integridad personal como punto de partida frente a la justiciabilidad de la maternidad segura y deseada, pues en cualquier circunstancia de la mujer frente a un embrión, fuera de un laboratorio o dentro del cuerpo, hay una preeminencia absoluta a la tutela de los derechos de las mujeres y de sus decisiones.

El III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, mediante valiosas conferencias, paneles, mesas de discusión y cine debates, permitió la generación de espacios para nuevas alianzas, la sensibilización e incorporación de nuevas instituciones impartidoras de justicia y la consolidación de estrategias y metodologías que ayuden en la incidencia efectiva para el cumplimiento de la justicia integral hacia las mujeres, basada en los convenios internacionales en el marco de los derechos humanos.

 

* Martín Vera es Investigador y Responsable del Centro de Documentación y Biblioteca

 

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