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Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
¿Qué significará proteger la vida desde el momento de la concepción en Veracruz?
Por Gire
25 de mayo, 2015
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Por: Marisol Escudero 

Veracruz es un estado que refleja una seria desatención a sus obligaciones constitucionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, en particular de aquellas embarazadas y de sus hijos e hijas. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2013, el estado ocupó el séptimo lugar entre los estados con la razón de mortalidad materna más alta del país (46.4), muertes de las cuales el 67% ocurrieron en clínicas u hospitales de los sistemas federales o estatales de salud, y el sexto lugar dentro del mayor número de muertes fetales en el país.

Bajo este contexto, de conformidad con la Ley de referendo, plebiscito e iniciativa popular local, el pasado 15 de enero, la organización civil “Sí a la vida” presentó ante el Congreso de Veracruz una iniciativa popular, acompañada por más de 28 mil firmas de ciudadanos, que solicitan reformar el artículo 4to de la Constitución de Veracruz para garantizar la protección de la vida desde el momento de la concepción.

Al igual que en el resto de los estados en donde se han pretendido o se han realizado reformas a las constituciones locales en este sentido, la propuesta se basa en un total desconocimiento de los principios de interdependencia, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, así como de las obligaciones de los Estados para proteger la vida en gestación a partir de la protección de los derechos humanos de las mujeres embarazadas, al establecer que el derecho a la vida es jerárquicamente supremo y fuente del resto de los derechos y que la “concepción” es el momento desde el cual el Estado debe proteger el derecho a la vida.

Una de las consecuencias que se han observado a partir de la emisión de estas reformas es la criminalización de las mujeres que requieren el acceso a servicios de atención post aborto, inclusive en los casos en los que fue por causas naturales. De 2009 a 2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto en México, es decir, 226.3 mujeres en promedio al año, lo que representa 164 mujeres más denunciadas por año antes de las reformas.

Al respecto, es necesario recordar que en 2008 la SCJN validó la despenalización del aborto en la ciudad de México al considerarla como una medida idónea para “salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, incluso, respecto de su vida”.

Asimismo, a partir de esta propuesta presentada al Congreso de Veracruz, la protección a la vida en gestación pretende ser aprobada no sólo en reconocimiento del producto como titular de derechos sino desconociendo los derechos humanos y la importancia del rol de la mujer durante el embarazo. Ello no sólo tiene como consecuencia una falta de visión acerca de las necesidades existentes de servicios de salud de las mujeres embarazadas, sino que además resulta en una negación a sus derechos humanos como elemento necesario para garantizar la vida en gestación.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no es posible hablar de un reconocimiento del producto en gestación como titular de derechos ya que no es persona, entonces para que los Estados ofrezcan una protección a la vida del producto tienen la obligación de garantizar los derechos de la mujer embarazada.

De acuerdo con la Ley de referendo, plebiscito e iniciativa popular de Veracruz todavía es necesario que un organismo, como el Instituto Nacional Electoral, certifique las firmas que acompañan la iniciativa popular promovida para que esta sea declarada formalmente una iniciativa legislativa. Sin embargo, esta ley también establece como requisito necesario para determinar su procedencia que la misma se adecue a los principios establecidos en las Constituciones federal y local.

Tal y como se ha demostrado anteriormente, una reforma que proteja desde la vida desde el momento de la concepción no cumplirá con dicho objetivo si la misma desconoce y viola los derechos humanos de las mujeres embarazadas y únicamente se propone imponer barreras a las mujeres que requieren acceder a los servicios de interrupción del embarazo.

Las cifras demuestran que las mujeres veracruzanas requieren un Estado que no invierta sus esfuerzos en criminalizarlas sino que garantice la existencia de servicios de salud seguros y de calidad a las mujeres y a sus hijos.

Entonces, señoras y señores legisladores: ¿qué protección a la vida desde el momento de la concepción es la que quieren garantizar en Veracruz?

Por una parte, pueden pretender hacerlo mediante la promoción de la criminalización de las mujeres que requieren servicios de interrupción del embarazo o atención médica como consecuencia de un aborto natural.

Por la otra, pueden atender a su obligación constitucional de máxima protección de los derechos humanos de las mujeres mediante la emisión de instrumentos legislativos que les permitan el acceso al estándar más alto de protección a su derecho a la salud materna antes, durante y después del parto, reducir los índices de mortalidad materna, prevenir la violencia doméstica e institucional contra las mujeres embarazadas, combatir la violencia obstétrica, mejorar la nutrición de las mujeres durante el embarazo y disminuir las tasas de aborto inseguro y de embarazos no deseados.

La decisión está en sus manos.

 

* Marisol Escudero es abogada de Políticas Públicas

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