Reparación integral: una obligación del Estado mexicano
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El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Reparación integral: una obligación del Estado mexicano
El acompañamiento que brindamos incluye también el seguimiento para el acceso a una reparación integral, considerando que constituye el último componente del derecho de toda persona a acceder a la justicia
Por Gire
14 de noviembre, 2022
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En nuestro trabajo por la justicia reproductiva acompañamos a las personas y sus familias que han visto violentados sus derechos reproductivos en el acceso a la justicia, incluyendo negación de acceso a servicios de aborto, casos de violencia obstétrica y muerte materna, o situaciones que impidan la conciliación de la vida laboral y reproductiva, entre otros. El acompañamiento que brindamos incluye también el seguimiento para el acceso a una reparación integral, considerando que constituye el último componente del derecho de toda persona a acceder a la justicia.

Decidimos emprender esta estrategia desde 2016 para impulsar acciones ya no sólo ante autoridades federales y locales responsables de violaciones a derechos reproductivos y de su reparación, sino también ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y comisiones locales de atención a víctimas con la finalidad de que la autoridad encargada de atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas del delito pueda sentar bases y criterios apegados a estándares de derechos humanos, para que todas las autoridades responsables cumplan con su obligación de reparar integralmente.

La obligación del Estado de reparar las violaciones a derechos humanos está prevista en el artículo 1° constitucional, el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 7 —inciso g— de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

De acuerdo a lo previsto en los estándares internacionales, la reparación integral busca ir más allá de la violación concreta de derechos padecida por la víctima, tratando de incidir en la transformación de las condiciones que permitieron que se produjera dicha violación. Por tal motivo, el conjunto de modalidades de reparación no se agota en la mera restitución o en una indemnización por los daños causados, sino en otras que permitan evitar la repetición de los hechos.

Por otra parte, la reparación integral es un derecho que, según la Ley General de Víctimas (LGV) y las leyes locales de víctimas, comprende medidas de restitución, de compensación, de rehabilitación, de satisfacción y de no repetición con el objetivo de restablecer la situación anterior al hecho delictivo o a las violaciones a los derechos humanos (en caso de ser posible), así como de reparar los daños causados a las víctimas (materiales e inmateriales, físicos y psicológicos), reconocer y restablecer su dignidad, y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

El caso de Nadia es uno de los que GIRE ha acompañado para el acceso a la reparación integral. En 2015, Nadia fue víctima de violación. Ella no contó a nadie lo sucedido hasta que enfermó. Ante esta situación, su familia la llevó a los servicios de salud, en donde descubrieron que estaba embarazada.

Nadia decidió interrumpir su embarazo. La Secretaría de Salud le negó el aborto pese a que, con la entrada en vigor de la LGV en 2013, se eliminaron del marco legal los requisitos para las víctimas de violación sexual de presentar denuncia u obtener autorización de parte del Ministerio Público para acceder al servicio. Acompañada por GIRE, Nadia tuvo que viajar a la Ciudad de México para realizarse el procedimiento.

En lo relativo a las acciones legales frente a la negativa del acceso al aborto, Nadia y sus padres promovieron un juicio de amparo. Un Tribunal Colegiado resolvió y acreditó los actos violatorios de derechos humanos en contra de Nadia y sus padres, y determinó la reparación integral para Nadia como víctima directa y a sus padres como víctimas indirectas.

Sin embargo, debido a la tardanza de las autoridades locales encargadas de la reparación integral, la CEAV atrajo el caso y elaboró el proyecto de dictamen de reparación. Entre las medidas establecidas se encuentran:

  1. Medidas de compensación: reembolso de los gastos médicos del procedimiento de aborto, los traslados, hospedaje, alimentación y gastos de tratamiento psicológico.
  2. Medidas de rehabilitación: prestación de servicios de atención psicológica, y otorgamiento de apoyos económicos y educativos para que Nadia estudie una licenciatura.
  3. Medidas de satisfacción: disculpa por escrito por parte de las personas titulares de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y la Dirección de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Jalisco, en la que se reconozcan los hechos y se acepte la responsabilidad de las autoridades por las violaciones a derechos humanos.
  4. Medidas de no repetición: firma de un convenio de participación con GIRE para que en colaboración con las autoridades competentes se establezcan acciones concretas, entre ellas, capacitación al personal, divulgación de las obligaciones contenidas en la LGV y en la NOM 046, y asegurar que existan procesos de quejas en los casos de negativa a prestar el servicio de ILE en caso de violación sexual.

En la práctica, para que una víctima pueda obtener un dictamen de reparación integral y asegurar su cumplimiento debe transitar un proceso largo que a menudo es obstruido por la respuesta tardía de las autoridades para realizar acciones concretas, como la provisión de servicios de rehabilitación física o emocional hasta su pleno restablecimiento, recibir una justa compensación o iniciar el procedimiento de investigación y sanción correspondiente. Al estar involucradas diversas autoridades, el avance de la implementación de las medidas depende del tiempo, la voluntad política y la capacidad de respuesta de cada una.

La experiencia de GIRE ha permitido constatar que componentes de la reparación integral que en el ámbito de los derechos reproductivos resultan indispensables, como las medidas de no repetición, se quedan sólo en el papel.  El abordaje requiere de manera muy puntual que se implementen medidas y acciones estructurales que eliminen las condiciones que permiten que sigan produciéndose violaciones a derechos humanos en el ámbito de la atención a la salud durante el embarazo, parto y posparto.

@GIRE_mx

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