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Punto G(ire)
Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
El derecho al aborto por violación no está en riesgo
El aborto por violación sexual es legal en México. Esto es independiente de las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por Gire
22 de marzo, 2017
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Por: Karen Luna (@KarenLRB)

En las últimas semanas ha habido mucha confusión en torno a la permanencia del derecho al aborto por violación sexual en el país. Esta situación se enmarca en el aplazamiento de la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados sobre el dictamen de la iniciativa que busca reformar los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), presentada por las diputadas Laura Nereida Plascencia y Érika Araceli Rodríguez Hernández, ambas del PRI. Dicho dictamen tiene por objeto reforzar la aplicación de la NOM 046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, a través de la referencia expresa en dicha ley para asegurar el acatamiento de esta Norma a nivel local, la difusión de la misma y la implementación de programas de capacitación y evaluación del personal de salud. La Norma a la que nos referimos reconoce el derecho de toda niña o mujer a acceder, en caso de violencia sexual, a los servicios de anticoncepción de emergencia, profilaxis contra el VIH/SIDA y, en dado caso, la interrupción voluntaria del embarazo.

Aunque sería muy afortunada la aprobación de este dictamen, la demora en someterlo a votación ha puesto los pelos de punta a más de uno y ha dado pie a que se corra la voz en los medios de comunicación sobre el grave peligro —o derrota— en el tema de los derechos reproductivos de las mujeres en México.

Lo cierto es que (así, en mayúsculas):

EL ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL ES LEGAL A LO LARGO Y ANCHO DE MÉXICO. ESTO ES INDEPENDIENTE DEL RESULTADO DE ESTA VOTACIÓN.

Vamos por partes:

Aunque desafortunadamente una violación sexual es la única causal contemplada en todos los códigos penales en el país para permitir un aborto, en este caso no está a discusión el derecho específico que tiene toda niña y mujer para acceder a los servicios arriba mencionados en caso de violación sexual, los cuales están reconocidos en la Ley General de Víctimas, en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Salud y, por supuesto, en la NOM 046, que es de aplicación obligatoria para toda institución, dependencia y organización del Sistema Nacional de Salud. Este capital a favor de los derechos de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual está intacto. Lo hemos ganado y debemos utilizarlo; el sentido de la discusión en el Congreso de la Unión no afecta su vigencia.

Además, la posibilidad de interrumpir un embarazo en caso de violación sexual es parte de los más altos estándares de los derechos a la salud, a la vida privada, a la integridad personal, al derecho a la igualdad y a la no discriminación, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, e inclusive del derecho a la vida: normas de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad (es decir, normas que tienen rango constitucional). Por otro lado, de acuerdo con la Constitución, debe aplicarse aquella norma o disposición más favorable a la persona (principio pro persona, contemplado en el Artículo 1), en este caso, la NOM 046 y la Ley General de Víctimas. Todo servidor público en materia de salud debe conducirse en apego a lo anterior.

No dejemos de considerar las altas cifras de violencia sexual hacia las mujeres en el país: de acuerdo con la CEAV, nueve de cada diez víctimas de los 600 mil delitos sexuales que se cometen cada año, son mujeres, y cuatro de cada diez de ellas, son menores de 15 años de edad. Cerca de 60 por ciento de estas agresiones son por parte de conocidos o familiares de las víctimas. El acceso efectivo a los servicios de salud que reconoce la NOM es un mínimo ante el tamaño de esta violencia.

También la LGAMVLV prevé la definición de violencia institucional, que consiste en dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o su acceso a políticas públicas. Justamente, la negativa o dilación por parte de un profesional médico a que las mujeres accedan a los servicios a que tienen derecho en caso de violación sexual, configura violencia institucional.

Desde GIRE defendemos el derecho de cada mujer a la maternidad voluntaria, sin importar las razones que tenga para interrumpir un embarazo. Sin embargo, en el caso de niñas y mujeres víctimas de una agresión sexual, es inaudito que haya quienes quieran imponer a través de la ley la continuación de embarazos forzados producto de una violación sexual.

¿Qué podemos hacer? Conozcamos los derechos que tenemos reconocidos en la Ley General de Víctimas y la NOM 046 —principalmente— y difundamos: toda violación sexual es un caso de urgencia médica y requiere atención inmediata. En caso de embarazo por violación, toda mujer y niña mayor de 12 años (sin necesidad del consentimiento de madre, padre o tutor) puede interrumpir el embarazo mediante protesta de decir verdad de que tal embarazo es producto de la violación. GIRE ha publicado una investigación en torno a la realidad del acceso al aborto por violación sexual en México. En dicho informe explicamos de manera accesible el fundamento jurídico del aborto por violación en el país, qué hacer ante un caso de violación sexual, cifras y datos de los últimos años y las historias, en la mayor parte de niñas, que han requerido este tipo de atención médica (varios de ellos de exitosa aplicación de la NOM 046) y que GIRE ha acompañado. Lo que falta es que la ley vigente se aplique. Si se logra este refuerzo en la LGAMVLV será muy celebrado, pero sin importar lo que pase en la Cámara de Diputados, no nos confundamos: no hay marcha atrás en los derechos de niñas y mujeres víctimas de violación sexual y el Estado está obligado a garantizar este servicio de salud reproductiva.

 

* Karen Luna es Investigadora Jurídica

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