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Punto G(ire)
Por Gire
El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate inf... El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE. (Leer más)
Violencia obstétrica, un asunto de derechos humanos
Por Gire
16 de noviembre, 2015
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Por: Karen Luna (@KarenLRB)

 

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. El Grupo de Información en Reproducción Elegida presenta en su informe Violencia obstétrica, un enfoque de derechos humanos, un panorama de la situación en México en los últimos tres años y posibles caminos para erradicarla.

 

Irma, mujer mazateca, parió sin ayuda alguna en el jardín de un hospital en el que le dijeron que aún faltaba para que su bebé naciera; a Alba, en San Antonio De la Cal, Oaxaca, le dijeron lo mismo en el centro de salud y parió afuera, a escasos metros: su bebé, mojado, se le resbaló de las manos y golpeó en el piso con la cabeza al caer; a Liliana la intimidaron para que aceptara que le hicieran cesárea a pesar de que presentaba condiciones favorables para un parto vaginal. Durante la cesárea, en la cual perdió el conocimiento, le perforaron la vejiga y la matriz, la cual, al final tuvieron que extirparle en otra operación. Ella tenía ilusión de tener más hijos; Sandra, de origen tzeltal, tuvo que insistir para que le dieran atención médica para su parto. Sufrió malos tratos y fue insultada por el personal de salud. Tras la cesárea, ella y su pareja fueron extorsionados por el personal médico del hospital, que condicionó la entrega de su bebé al pago de diez mil pesos. Tras los ocho días en los que estuvieron juntando el dinero, el personal de salud les informó que su hija había fallecido. Nunca les dijeron por qué.

La violencia obstétrica es una confluencia de violencia de género y violencia institucional. Puede suceder tanto en los servicios de salud pública como en los privados y consiste en acciones u omisiones de parte del personal médico que causen daño físico o psicológico a las mujeres durante el embarazo, parto o post parto. Puede expresarse en la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, tratos crueles, inhumanos o degradantes y un abuso de medicalización, que menoscaba la capacidad de las mujeres de tomar decisiones en torno a sus procesos reproductivos.

Historias como las de Irma, Alba, Liliana y Sandra son, desafortunadamente, comunes. Lamentablemente también es común que muchas mujeres vivan este tipo de acontecimientos en silencio. Ya sea porque lo que les pasó es demasiado humillante para contarlo y prefieren mejor tratar de olvidarlo, o por falta de conocimiento de sus derechos; que procesos como el parto son suyos y nadie tiene que arrebatarles el protagonismo.

La violencia obstétrica debe dejar de pasar desapercibida. No es normal, no es un trato que las mujeres debemos estar dispuestas a padecer. Es intolerable que en un momento de tanta vulnerabilidad, en un proceso tan personal como lo es el parto, las mujeres que deciden ejercer la maternidad estén expuestas a conductas como ser objeto de los chistes y burlas de parte del personal médico, a ser tratadas como mercancía en la línea de producción, a ser coaccionadas para “aceptar” la colocación de un DIU o una ligadura de trompas o si no, perder el acceso a programas de apoyo social. No puede pasar desapercibido tampoco que son las mujeres en mayor condición de marginación económica y social quienes están mucho más expuestas a sufrir violencia obstétrica.

En una situación de violencia obstétrica, los derechos de las mujeres a la salud, a la integridad personal, a no ser sometida a tortura ni a penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la información, a vivir libres de violencia, y el derecho a la vida privada pueden verse afectados. Todos estos derechos están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado mexicano es parte; a estos derechos corresponden obligaciones, mismas que están específicamente señaladas en la Constitución. No hay pretexto.

Para plantear medidas para abatir este problema hay que poner atención en el caldo de cultivo en el que se produce: nuestro Sistema Nacional de Salud padece serias fallas estructurales, México es un país en el que la participación pública en el cuidado de la salud es de las más bajas entre los países de la OCDE, de esta manera, el usuario o usuaria de los servicios de la salud es quien termina pagando directamente de su bolsillo aproximadamente la mitad del gasto total en salud; el número de médicos per cápita en el país es de 2.2 por cada mil habitantes, el de personal de enfermería es de 2.6 por cada mil habitantes, y hay 1.6 camas por cada mil personas en México, números también por debajo del promedio de países de la OCDE (3.2, 8.8 y 4.8, respectivamente).

Los servicios públicos de salud suelen estar rebasados en su capacidad, infraestructura y personal para atender adecuadamente a la cantidad de mujeres que necesitan atención médica durante el embarazo, parto y post parto. Hay también casos en los que hospitales o clínicas han sido oficialmente declarados como “de alto riesgo y no aptos para su uso actual”, pero siguen funcionando y para muchas mujeres que viven en condiciones precarias, es esa la única opción que tienen, con todos los riesgos que conlleva para ellas y para sus hijos o hijas.

Ahora bien, en México, como en muchos otros países, se le ha apostado fuertemente a la institucionalización del parto, pero en realidad, buena parte de las mujeres con embarazos que no han presentado complicaciones podrían contar con la ayuda de la partería, misma que ha pasado prácticamente desapercibida en la política pública. Profesionalizar y dar impulso a la partería permitiría a muchas mujeres tener un parto atendido y con buen desenlace, y permitiría también despresurizar la sobrecarga en clínicas y hospitales. El parto es un proceso natural que no tiene que ser medicalizado en todas las mujeres, ni en todos los casos.

Una cuestión importante al hablar de violencia obstétrica es la formación del personal médico y de enfermería, tema que ha investigado Roberto Castro. El investigador expone el rígido sistema de rangos, jerarquías, castigos, conminaciones, etiquetaciones (sobre todo de clase y de género) propio de la formación en medicina, que incluso compara al de la milicia. En este ambiente, se facilita que el futuro personal médico introyecte predisposiciones (que más tarde se afianzarán en los años de especialización) que suelen permear después en su relación con las usuarias de los servicios de salud. Es decir, la formación misma de personal médico y enfermería promueve la construcción de relaciones profundamente asimétricas entre médico y usuaria, en donde el primero puede imponer una posición de superioridad, y sus reglas, sobre ella. Es por esto que frecuentemente médicos y enfermeras ni siquiera sean conscientes del daño que ciertas rutinas y prácticas, para ellos cotidianas, pueden infligir. Por esta razón hay que poner atención a cómo se transmite el conocimiento en escuelas y facultades de medicina, no tiene por qué enseñarse el maltrato y el abuso.

Algo de lo que estamos convencidas en GIRE es que introducir la violencia obstétrica como un delito en los códigos penales no es una medida útil (es más bien un intento de salida fácil) para abordar la incidencia de situaciones de violencia obstétrica, pues las fallas estructurales del Sistema de Salud, que son los que propician esta forma de violencia, quedan sin resolverse. Hay que solucionar situaciones apremiantes que están situadas en el terreno de la política pública en materia de salud, con la correspondiente parte presupuestal.

En este sentido, está pendiente hacer posible que toda mujer durante el embarazo, parto y puerperio efectivamente pueda acceder a servicios de salud reproductiva; que se le dé difusión a políticas públicas como el Convenio Interinstitucional para la Atención Universal de las Emergencias Obstétricas y a la obligación de atender a toda mujer que presente una emergencia obstétrica sin importar su afiliación o derechohabiencia (obligación que acaba de publicarse en la Ley General de Salud, en la Ley del Seguro Social y en la del ISSSTE el 12 de noviembre en el DOF, hecho que saludamos); en publicar las modificaciones a la NOM 007 SSA2-2010, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, que incorpora criterios que abonan al fortalecimiento de los servicios de salud obstétrica. La publicación de esta NOM está pendiente desde abril de 2014, de manera inexplicable.

A partir de la experiencia de GIRE en el acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia obstétrica, creemos que las comisiones locales y nacional de derechos humanos pueden ser piezas clave para ofrecer una vía de acceso a la justicia cuando sus recomendaciones están elaboradas desde una perspectiva de derechos humanos, y siempre y cuando contribuyan a demandar e implementar garantías de no repetición.

El informe de GIRE Violencia obstétrica, un enfoque de derechos humanos, desarrolla de manera extendida estas y otras consideraciones con el objeto de visibilizar y nombrar estas vejaciones y contribuir a que desaparezcan. Ninguna mujer tiene por qué vivir de una manera violenta sus procesos reproductivos.

 

* Karen Luna es Investigadora jurídica de @GIRE_mx

 

 

OCDE, Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014. México en comparación. Disponible aquí.

Este es el caso del Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas, acerca del cual Protección Civil del Gobierno del estado de Chiapas emitió un dictamen en el sentido señalado, debido a las deficiencias y daños estructurales que afectan su seguridad física. GIRE acompañó un caso de muerte materna acontecido en este Hospital, como puede consultarse en las pp. 165-167 de su informe Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, disponible aquí.

Esto como una estrategia para reducir las muertes maternas, lo cual ciertamente trajo beneficios al respecto, pero también significó la aparición de conductas que ahora identificamos como violencia obstétrica. Además, no hay que soslayar que muchas mujeres aún no tienen acceso a servicios de salud. Tamés, Regina, “Violencia obstétrica. Un fenómeno común, pero olvidado”, en Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 14, núm. 1, enero-marzo 2014, p. 24.

Castro, Roberto, “Génesis y práctica del habitus médico autoritario en México”, en Revista Mexicana de Sociología, México, vol. 76, núm. 2, abril-junio 2014, pp. 172 y ss. Disponible aquí.

Ciertamente hay conductas consideradas violencia obstétrica que pueden constituir delito, por ejemplo, el de lesiones o el de amenazas, y allí la vía penal se constituye en una posibilidad para el acceso a la justicia para víctimas y sus familiares.

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