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Res Pública
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2 años y ‘pronto’ ya no es suficiente como promesa para la reconstrucción
Cientos de familias en los estados afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, cuyas necesidades se quedaron en medio de dos administraciones, han tenido que esperar la rendición de cuentas de quienes se iban, y guardar la calma para que quienes llegaban pudieran tomar decisiones.
Por Eduardo Alcalá
20 de septiembre, 2019
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Un mal día en tu territorio, proclive a temblores, ocurre un desastre. Un año… dos años después, la alerta sísmica que ahora existe, y, en teoría sí funciona, suena. Es un simulacro.

No es que otros días no pienses en lo que ocurrió, de hecho, piensas en eso todos los días. Tu casa se dañó, y no fuiste la única persona, varios vecinos y vecinas cuentan sobre daños en sus casas y otras más se derrumbaron. Tu vida, como la conocías, cambió. El simulacro duele y no sólo por las pérdidas materiales.

Desde que ocurrió la tragedia te han contado que ya vienen los apoyos para tu entidad, que pronto llegarán a tu localidad, a tu familia, y que se aproximan las tarjetas. Te anuncian que a lo mejor no vas a tener una casa igual a la de antes, pero sí, un espacio en donde vivir. Falta menos para que las escuelas vuelvan a estar en funcionamiento para que tus hija e hijo, las sobrinas, los vecinos, puedan estudiar bajo un techo, y, a lo mejor, hasta en un aula, enfatizan. Dicen que pronto comenzarán a rehabilitar la clínica cercana, y que bueno, porque la otra unidad de salud está saturada y ya no te están atendiendo. Inclusive el templo, que forma parte de la identidad de tu comunidad, también será restaurado, pronto.

Pronto, como si la vida pudiera mantenerse en pausa. Y es que pronto, como unidad de medida del tiempo es cada vez más relativa: tres, seis, doce, dieciocho, veinticuatro meses.

Te enteraste de que el dinero ya se estaba entregando. Incluso hubo anuncios sobre los avances significativos en la reconstrucción de viviendas, pero tú no has recibido nada. Escuchaste, por otro lado, que el dinero del gobierno no estaba llegando a donde debía, y que ni siquiera sabía de las donaciones que hicieron las personas.

Así ha sucedido para cientos de familias en los estados afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, cuyas necesidades se quedaron en medio de dos administraciones. Han tenido que esperar la rendición de cuentas de quienes se iban, y guardar la calma para que, las y los que llegaban, pudieran tomar decisiones. Mientras tanto, la información sobre los apoyos sigue sin ser clara. Las acciones tomadas para la reconstrucción, desde una mirada de derechos humanos, tienen como objetivo asegurar un verdadero impacto en la vida de las personas, pero en los hechos, hay cientos que siguen en la espera de ver avances concretos en la reconstrucción de viviendas, escuelas, y hospitales.

Han pasado dos años y los prontos ya no son suficientes. A veinticuatro meses de los sismos, sabemos que las precauciones y el ahorro gubernamental están primando, como principios, las decisiones sobre cómo, cuándo y dónde se gastará el dinero para la reconstrucción. El segundo informe trimestral del PNR, publicado en julio de 2019, integró un avance presupuestal de 3,635 millones, de los 8 mil millones asignados. El sector con mayor gasto, hasta ese momento, fue Vivienda; de los 5,232 millones asignados, ya se había ejercido 69.30%. Por su parte, los datos oficiales también indican que el sector de Educación había gastado sólo el 1.17% de los 800 millones asignados, en tanto los sectores de Salud y Cultura no habían gastado nada, también, de los 800 millones asignados a cada uno.

Finalmente, a reserva de la información que se publique en el siguiente informe y aunque se prevea que para diciembre las metas 2019 tendrán un avance significativo (41% Vivienda y 71% para Educación, Salud y Cultura, en su conjunto), sin la información pública adecuada y los mecanismos de rendición de cuentas al alcance de la ciudadanía, serán difícil comprobar los impactos de las acciones, sobre la vida y las necesidades de la población afectada.

Y para las y los afectados la incertidumbre continúa, sin saber si forman parte ya de algún censo, alguna base de datos o algo, que asegure, que el pronto ya está por llegar.

* Eduardo Alcalá es coordinador del área de Planeación, Seguimiento y Evaluación en @FundarMexico.

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