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Res Pública
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El abu y la tortu
La importancia de las palabras no pronunciadas por el presidente en el cuarto informe de gobierno reside en que fueron cambiadas por unas de significado distinto; si bien el abuso presupone un exceso y si la tortura es una transgresión a los derechos humanos, ni el “exceso” ni la “transgresión” están tipificados como delitos.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
9 de septiembre, 2016
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Por: Andrés Marcelo Díaz Fernández (@AndresTeix)

Como si se tratase de un embrujo político con efecto en la voz del presidente Enrique Peña Nieto, las palabras “abuso” y “tortura” fueron censuradas durante su cuarto informe de gobierno. Y es que frente a la pregunta vía internet del joven Jaime González, quien lo cuestionó sobre las agendas pendientes del gobierno en materia de derechos humanos y seguridad, se aventuró a contestar que existen avances claros en esta materia pero trastabilló en la descripción del problema.

Ya que se trata no sólo de una figura pública sino del responsable de la administración del Estado mexicano, las palabras son declaraciones y las declaraciones denotan la política actual del gobierno. Primeramente, Peña Nieto dijo: “Hay que reconocer que se han presentado casos, incidentes en donde ha habido ehhh ‘abu…’ exceso en el uso de la fuerza, y todos esos casos (…) son investigados y corresponderá a la Procuraduría deslindar responsabilidades a partir de las investigaciones”. Después de eso, Peña quiso traer a colación un “episodio”: “hace algunos meses se filtró algún video en donde lamentablemente un elemento de nuestras fuerzas armadas y uno de la policía federal estaban sometiendo eh… con métodos, eh… que auténticamente estaban eh… transgrediendo los derechos de una persona, se filtraron, salieron a la luz pública”.

La importancia de las palabras no pronunciadas reside en que fueron cambiadas por unas de significado distinto; si bien el abuso presupone un exceso y si la tortura es una transgresión a los derechos humanos, ni el “exceso” ni la “transgresión” están tipificados como delitos. En cambio, el “abuso de autoridad” y la “tortura” son delitos exclusivos del Estado, es decir, son conductas que se contemplan en la figura de cualquier servidor público como delitos y que, penosamente, siguen apareciendo cotidianamente como forma de poder tendente a reducir la capacidad o personalidad de las personas.

El actual gobierno ha negado categóricamente que la práctica de la tortura sea generalizada en México, y en contraposición con lo aseverado por Peña Nieto en esa misma charla, “que México ha tenido al escrutinio internacional, a Naciones Unidas, a la OEA, para que venga conozca y observe cómo de manera gradual estamos avanzando en esta asignatura”, su administración ha rechazado duramente los cuestionamientos vertidos en los informes internacionales, de relatores de la ONU o de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aseverar lo que ya es conocido sería una contradicción discursiva del Estado mexicano que se empeña –con décadas de tradición y experiencia en el poder– en realizar posicionamientos ambiguos y descalificaciones a los críticos.

Pero como cantaría la Sonora Santanera, Peña Nieto lo sabe, lo sabe. Por eso las palabras abuso y tortura estuvieron en la punta de la lengua, pero el control gubernamental introyectado en su impostura presidencial lo frenó, pues de lo contrario aceptaría lo que muchos han dicho: el abuso del poder y la tortura son bastante visibles que se hacen presentes en un foro presidencial a modo.

Según el propio Cuarto Informe de gobierno, con la reciente creación de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura de la PGR se han podido contabilizar 4,715 expedientes de averiguaciones previas en materia federal desde su creación, a finales de octubre de 2015, de las cuales ha habido 19 órdenes de aprehensión y sólo 5 se han cumplimentado, precisamente contra elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal. Como es visible, el combate a la práctica de la tortura –ya sea como método de investigación, como castigo, humillación o cualquier otro fin– es casi nulo.

Si la Administración Pública Federal insiste en no pronunciar el problema, en no llamar abuso a los abusos, en no llamar tortura a la tortura, en no llamar desaparición forzada a las desapariciones forzadas, difícilmente podremos creer que cuando desde la esfera gubernamental se hable de justicia, estén hablando realmente de justicia.

 

* Andrés Marcelo Díaz Fernández es investigador de @FundarMexico.

 

 

Respuesta por cierto calificada como “engañosa” por el ejercicio del Sabueso, ver aquí.

Se puede consultar en este video, minuto 48:45.

Mismo video, a partir del minuto 50:00.

 “La tortura en México no es generalizada“, El Financiero.

Página 133 del Cuarto Informe del Gobierno de la República, consultable aquí.

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