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Res Pública
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Acueducto Independencia: el daño irreparable a la Tribu Yaqui
A un año de que la Suprema Corte amparó a la Tribu Yaqui y reconoció la violación del derecho a la consulta previa por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el acueducto Independencia se mantiene en operación usurpando importantes volúmenes de agua que pertenecen a la Tribu Yaqui desde tiempos del presidente Cárdenas.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
8 de mayo, 2014
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Por: Edmundo Del Pozo

Este 8 de mayo se cumple un año de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que amparó a la Tribu Yaqui y reconoció la violación del derecho a la consulta previa por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta dependencia no consultó a las comunidades antes de aprobar la autorización de impacto ambiental sobre la operación del Acueducto Independencia, en el Estado de Sonora. Se trata de un fallo histórico, pues por primera vez el máximo tribunal de justicia del país le exigió al Estado mexicano la obligación de realizar una consulta a pueblos indígenas acorde con los estándares internacionales en derechos humanos.

A pesar del carácter simbólico de esta resolución judicial siguen quedando grandes pendientes. En primer lugar, en el proceso de consulta que derivó de la sentencia se están lesionando principios básicos de este derecho, como son: su carácter libre e informado y la buena fe. El acto más grave constituye que a la fecha este acueducto se mantenga en operación mientras se usurpan importantes volúmenes de agua —que pertenecen a la Tribu Yaqui desde tiempos del presidente Cárdenas—. Y esto pasa sin que se haya emitido aún una nueva autorización de impacto ambiental. Este actuar le ocasiona un daño irreparable a la subsistencia cultural de estas comunidades y se trata, ni más ni menos, de un acto ilegal de la SEMARNAT.

El año transcurrido merece que hagamos un balance crítico de estos hechos y en particular el fallo de la Suprema Corte. Dicha resolución, si bien reconoció el derecho a la consulta, terminó por limitar los alcances de esta consulta al negar el derecho al consentimiento de la Tribu —y en consecuencia la posibilidad de que el resultado del proceso tenga un efecto vinculante para el Estado mexicano—. De ahí la necesidad de promover como sociedad el respeto a la decisión final de la Tribu y la suspensión inmediata de la operación del acueducto.

En este contexto y con el interés de profundizar en la situación actual del caso, se organizaron dos eventos de relevancia (donde participaron actores clave en este proceso): el 7 mayo se llevó a cabo la Conferencia de Prensa de la Misión Civil de Observación (en la cual se presentó el Informe Preliminar sobre el procedimiento de Consulta a la Tribu Yaqui). Y al día siguiente se organizó el Foro de análisis en torno al conflicto político y al fallo de la SCJN.

 

 

* Edmundo Del Pozo es investigador del área de Derechos Humanos de Fundar

 

 

Para más información de los eventos, dar clic a las siguientes ligas:

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