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Alertas de Violencia de Género: ¿cómo pueden funcionar sin recursos?
El acceso a los recursos para implementar las declaratorias de AVG vuelve complicadas las medidas, además de que los municipios tienen una participación muy desdibujada en el diseño de las mismas.
Por Matilde Pérez
21 de noviembre, 2019
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El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, dando inicio a 16 días de activismo para combatir la violencia de género contra las mujeres. Por ello, desde Fundar nos sumamos visibilizando la presencia de violencias en diferentes ámbitos, haciendo un llamado a romper con obstáculos y violencias institucionales y estructurales que permiten que éstas sigan reproduciéndose, uno de ellos es la falta de presupuesto para que la Alerta de Violencia de Género se implemente de manera adecuada.

Actualmente el 84% del territorio nacional ha solicitado la Alerta de Violencia de Género, la cual se ha declarado en 295 municipios de 18 entidades federativas. Y aunque el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece como parte del procedimiento del mecanismo de la AVG que se deben asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de violencia de género contra las mujeres. En la práctica, la manera en que se destinan los recursos tanto federales como estatales no contribuye a que el mecanismo funcione.

Ya que los recursos federales provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación, éstos deben ser programados conforme a los tiempos del ciclo presupuestario, el cual es totalmente ajeno al ciclo de la AVG. Asimismo, según los Lineamientos para la Obtención y Aplicación de Recursos Destinados a las Acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Estados y Municipios, estos recursos federales son destinados por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) para la implementación de proyectos. Esto significa que las entidades que cuentan con AVG deben concursar por estos recursos, lo cual contradice lo establecido en el artículo 23, toda vez que no todas las entidades acceden a ellos.

En el caso de Guerrero, por ejemplo, el desfase de tiempos entre el ciclo presupuestario federal y la declaratoria de la AVG provocó que los primeros recursos federales, por un monto de 6.4 millones de pesos, llegaran hasta 2018 a pesar de que las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron notificadas en septiembre de 2016 y la AVG fuera declarada en junio de 2017. Respecto a los recursos estatales (19 millones de pesos), fueron etiquetados de manera específica para la implementación de la AVG hasta 2018 debido a que en 2017 el Estado simplemente no los priorizó en su Presupuesto de Egresos. Así, el 75% de los recursos ejercidos en 2018 para instrumentar las acciones de la AVG en Guerrero fueron recursos estatales y el 25% federales, de los cuales el 53% fue dirigido a medidas de prevención de la violencia (como capacitaciones al personal), y el 47% a medidas de seguridad (como fortalecimiento de los centros de atención a las mujeres, sus hijas e hijos).

Esta forma de financiamiento y asignación de presupuesto supone además otro problema ya que no prevé la participación de los municipios, y no existe información disponible del presupuesto que los municipios bajo Alerta destinan para hacerle frente.

Por ello, no solamente el acceso a los recursos para implementar las declaratorias de AVG vuelve complicada la implementación de las medidas para contrarrestar las formas de violencia de género contra las mujeres en las entidades con Alertas, sino que un actor fundamental como los municipios, por ser el espacio contextual donde se generan y/o existen las violencias contra las mujeres, tienen una participación muy desdibujada en el diseño e implementación de las medidas de las AVG. Ante el contexto de violencia estructural contra las mujeres, se hace necesario romper con estos obstáculos, y fortalecer la participación de los municipios para el mejoramiento o creación de políticas públicas y medidas específicas que garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

* Matilde Pérez es investigadora del programa de Género, Derechos y Políticas Públicas de @FundarMexico.

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